El jefe interino del gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, ha anunciado este jueves que la cumbre del Grupo de los Siete líderes mundiales, conocida como el G-7, del próximo año se llevará a cabo en el resort del presidente, Donald Trump, en Miami (Florida), ha informado la cadena de noticias NBC News.
Mulvaney ha dicho que se consideraron aproximadamente una docena de ubicaciones para el evento, pero la decisión final se tomó al escoger entre un lugar en Hawái, dos en Utah, y el Trump National Doral, un resort de golf en el sur de Florida.
La Casa Blanca ha insistido en que Trump no se beneficiaría del G-7, a pesar de que organizar el evento en una de las propiedades privadas del presidente sería una violación de la cláusula de emolumentos de la Constitución.
"Esta es la ubicación física perfecta para hacer esto", ha señalado Mulvaney en una rueda de prensa, agregando que el equipo de la Casa Blanca visitó múltiples ubicaciones y determinó que era "casi como si lo construyeran para organizar este tipo de evento".
Mulvaney ha afirmado que la Casa Blanca utilizó el mismo criterio para la selección de las sedes en administraciones anteriores, que incluía características como el número de habitaciones, la proximidad a los aeropuertos, las instalaciones médicas y las áreas de aterrizaje para helicópteros.
Mulvaney ha dicho que organizar el G-7 en Doral le traería al gobierno "aproximadamente un 50 por ciento de ahorro". Sin embargo, no ha proporcionado cifras exactas, ni ha señalado cómo el Gobierno llegó a esta determinación. También ha añadido que la Administración discutió la posibilidad de organizar la cumbre en Doral sin costo alguno, pero afirmó que finalmente "no fue posible".
La última vez que Estados Unidos organizó el G-7 fue en 2012, cuando el presidente en ese entonces, Barack Obama, lo celebró en Camp David, una propiedad del gobierno ubicada en Maryland.
Trump había afirmado en agosto que estaba considerando realizar el evento en su propiedad en el sur de Florida , lo que reavivó las preguntas sobre si se había beneficiado personalmente de la presidencia.
Según expertos constitucionales tal medida violaría la constitución.
El evento le traería a la propiedad miles de funcionarios gubernamentales extranjeros de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido, entre otros países invitados, así como miembros de la prensa internacional.
"Si los gobiernos extranjeros pagan por usar las propiedades, entonces está recibiendo emolumentos de gobiernos extranjeros y violando la Constitución de Estados Unidos", le dijo Richard Painter, profesor de derecho en la Universidad de Minnesota y ex abogado de ética de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush, a NBC News.
Laurence Tribe, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, ha incluso sugerido que esto podría ser motivo de un juicio político.
"Trump sigue demostrando que está violando deliberadamente la principal salvaguardia de la Constitución contra la corrupción financiera y el compromiso de las decisiones presidenciales por parte del poder extranjero", dijo.