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El caso de robo de identidad por parte de inmigrantes que divide al Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo deberá emitir dictamen sobre si el estado de Kansas puede enjuiciar a inmigrantes indocumentados que usan documentos robados para obtener empleo, basándose en la violación a una ley federal

WASHINGTON.— El Tribunal Supremo estuvo dividido esta semana en torno al procesamiento judicial de inmigrantes indocumentados acusados a nivel estatal de robo de identidad o uso de documentos robados, para obtener empleo, en un caso en el que Kansas y la Administración Trump miden fuerzas sobre el reforzamiento de las leyes migratorias.

Los nueve jueces vitalicios del Tribunal Supremo escucharon ayer miércoles los argumentos orales en un caso de Kansas, que apeló la anulación de la condena de tres inmigrantes acusados de robo de identidad.

Un tribunal de apelaciones había reafirmado las condenas de Ramiro García, Donaldo Morales y Guadalupe Ochoa Lara, tres inmigrantes indocumentados del Condado Johnson acusados de usar tarjetas de Seguro Social robadas para obtener empleo en varios restaurantes.

En septiembre de 2017, la máxima corte de Kansas anuló las condenas y el estado de Kansas decidió apelar la decisión ante el Tribunal Supremo, que tiene la última palabra sobre diversos asuntos de la vida nacional.

Los jueces del Tribunal Supremo estatal explicaron que el 'Acta para el Control y Reforma Migratoria de 1986' impide el enjuiciamiento estatal de los inmigrantes, debido a que una de sus cláusulas precisa que la información contenida en los formularios I-9 sólo sirve para el cumplimiento de las leyes migratorias federales.

El caso ante el Tribunal Supremo evalúa si un gobierno estatal puede iniciar un proceso judicial contra quienes violan las leyes migratorias federales. En ese sentido, el tribunal estatal había determinado que sólo el gobierno federal tiene la autoridad de decidir quién puede o no trabajar en este país.

Durante la audiencia, un abogado de los inmigrantes, Paul Hughes, del bufete legal McDermott Will & Emery LLP, insistió en que la condena de sus clientes se apoyó únicamente en las leyes federales que rigen las contrataciones laborales.

“Si esa es la naturaleza del fraude, eso es algo que únicamente le corresponde al gobierno federal” en un proceso judicial, dijo Hughes.

A lo largo de la audiencia, los magistrados reflejaron sus divisiones ideológicas en torno a los límites de los gobiernos estatales respecto al cumplimiento de las leyes federales.

La jueza Elena Kagan, de tendencia progresista, recordó que el Tribunal Supremo anuló en 2012 parte de la ley estatal “SB1070” de Arizona, que atribuía a las autoridades estatales poderes que sólo le atañen al gobierno federal en cuanto al procesamiento judicial de inmigrantes indocumentados. 

Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor consideró que no tiene sentido que el estado de Kansas no pueda llevar a juicio a alguien que da información falsa en un formulario I-9, pero pretenda usar esa misma falta para enjuiciarla por robo de identidad.

Pero el juez conservador, Samuel Alito, replicó que este caso no es como el de Arizona, porque tanto la ley federal como la estatal de Kansas criminalizan el uso de documentos robados.

Mientras tanto, el gobierno de Kansas, respaldado en su disputa por una decena de estados y la Administración Trump, argumentó que no pretendía hacer las veces de las autoridades migratorias sino que hacía cumplir una ley estatal que sanciona el “robo de identidad”.

El fiscal general de Kansas, Derek Schmidt, dejó en claro que el gobierno estatal no está persiguiendo a las personas por su estatus migratorio sino que solo busca hacer cumplir las leyes contra la usurpación de identidad.

La ley federal prohíbe la contratación de inmigrantes indocumentados, pero la Administración Trump ha sido objeto de críticas porque la mayoría de sus operaciones policiales arremeten contra los trabajadores sin papeles y no contra las empresas que los emplean.

Según las autoridades, los tres inmigrantes usaron los números de Seguro Social de otras personas en el formulario I-9 -que las empresas usan para verificar el estatus migratorio de empleados- y otros documentos para el pago de impuestos.

Al final, los jueces eliminaron los cargos por mentir en los formularios I-9, pero condenaron a los inmigrantes por dar declaraciones falsas en los otros documentos.

El Tribunal Supremo deberá emitir un dictamen sobre el caso de Kansas a más tardar en junio de 2020, cuando concluya su sesión. Entre las opciones que baraja el tribunal, los abogados de los inmigrantes esperan que éste decida que no debido aceptar a trámite el caso.