El Tribunal Supremo español (TS) condenó este lunes a 13 años de cárcel al exvicepresidente de la comunidad autónoma de Cataluña Oriol Junqueras y a penas de hasta 12 años a otros ocho procesados como culpables de sedición y malversación en el proceso por el que trataron de alcanzar la independencia de esa región en 2017.
Tres antiguos consejeros del gobierno autonómico catalán fueron condenados a 12 años de cárcel por sedición y malversación: Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; mientras que sus compañeros Joaquim Forn y Josep Turull tendrán que cumplir 10 años por sedición.
La expresidenta del Parlamento autónomo catalán Carme Forcdell fue condenada a una pena de 11 años y 6 meses, en tanto que los líderes de asociaciones independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fueron condenados a 9 años de prisión, todos por un delito de sedición.
Los nueve condenados, que cumplen ya prisión preventiva, son inhabilitados por el mismo tiempo de condena para ejercer cualquier cargo público. Otros tres procesados que estaban en libertad condicional fueron absueltos del delito de malversación y no irán a la cárcel.
El Alto Tribunal juzgó a los doce líderes soberanistas encausados entre febrero y junio pasados por la organización de un referéndum ilegal de "autodeterminación" el 1 de octubre y una declaración parlamentaria el día 27 a favor de la independencia unilateral de la región de Cataluña, anulada luego por el Tribunal Constitucional español.
La Fiscalía española los acusaba de un delito de rebelión, pero la Abogacía del Estado calificó los hechos juzgados como sedición porque considera que no existió la violencia suficiente para considerarlos rebelión. El juicio incluyó unos 500 testigos, incluido el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y 50 vistas judiciales televisadas a nivel nacional.
Los abogados de la defensa alegaron que los líderes del movimiento secesionista representaban la voluntad de los catalanes que querrían independizarse, y que según los sondeos de opinión son aproximadamente la mitad de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña.
Siete líderes independentistas supuestamente implicados en los acontecimientos, incluido el destituido expresidente catalán Carles Puigdemont, huyeron del país y están considerados como prófugos por el gobierno español.
“100 años de prisión en total. Una barbaridad”, tuiteó Puigdemont el lunes. “Ahora más que nunca, estaremos con vosotros y vuestras familias. Por el futuro de nuestros hijos e hijas. Por la democracia. Por Europa. Por Cataluña”.
La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, también criticó la sentencia en un tuit: "La injusticia se ha consumado. El libre debate parlamentario no es delito, es un derecho ejercerlo y un deber defenderlo. No nos cansaremos de decirlo allá donde haga falta. Hoy la democracia vive un día oscuro, pero ni en momento así el derrotismo nos tiene que vencer. ¡Saldremos adelante!".
Los líderes catalanes, que llevaban casi dos años en prisión cuando se publicó la sentencia, se han convertido en poderosos símbolos para los separatistas. Muchos simpatizantes llevan lazos amarillos en la ropa como signo de protesta.
Casi con certeza, el veredicto se convertiría en otro tema clave para la causa independentista, que pasa por sus momentos más difíciles en años con sus líderes más carismáticos entre rejas o en el extranjero.
Los dos principales partidos independentistas tienen opiniones contrapuestas sobre sus próximos pasos, y los grupos de base que han impulsado el movimiento empiezan a criticar la falta de progresos políticos.
El veredicto se publicó menos de un mes antes de que España celebre elecciones generales para elegir un nuevo gobierno, y la gestión política de la cuestión catalana será sin duda uno de los temas claves de la campaña.
Acatamiento de la sentencia
El Gobierno español hizo este lunes un llamamiento a la responsabilidad tras la sentencia del Tribunal Supremo. En la primera reacción del Ejecutivo, el ministro de Fomento y número dos del Partido Socialista (PSOE), José Luis Ábalos, pidió "respeto, acatamiento y cumplimiento" de la sentencia y realizó un llamamiento a la responsabilidad en las reacciones a la decisión de los jueces. Ábalos, en declaraciones a la televisión pública, recalcó que la decisión del Supremo "deja claro que en España el Estado de Derecho funciona".
Pedro Sánchez, presidente español en funciones, ha alejado la posibilidad de indulto a los líderes independentistas tras una comparecencia extraordinaria y sin preguntas en La Moncloa este lunes tras conocerse la sentencia. "El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento, reitero, su íntegro cumplimiento", ha asegurado. El presidente llamará a los lídres de la oposición para buscar una reacción unida.
El líder del principal partido de la oposición, el Partido Popular, Pablo Casado, consideró que las sentencias suponen un "reproche penal elevado", pero recalcó que "quien la hace la paga".
Mientras tanto, Los Mossos d'Esquadra han ordenado suspender el servicio de trenes al aeropuerto de Barcelona. En algunos puntos de Barcelona, como la Avenida Diagonal y la estación ferroviaria de Sants, se han comenzado a concentrar grupos de personas para manifestar su rechazo a la sentencia y su apoyo a los condenados.
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