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Las protestas de indígenas en Ecuador se recrudecen, pero también la "polémica" represión del gobierno

Activistas critican el toque de queda del gobierno porque lo consideran que es una medida para detener a más manifestantes

La apertura al diálogo de indígenas y el gobierno de Ecuador no parece estar dando los resultados que se esperaban para zanjar las intensas y mortales protestas contra el Ejecutivo, que ha decretado este sábado un "toque de queda" en el distrito metropolitano de Quito, que está provocando polémica porque puede ser un arma gubernamental para llevar a más detenciones entre los manifestantes.

Con ese escenario, el catedrático Ramiro Aguilar aseguró que el "toque de queda" en Quito, decretado esta tarde por el presidente del país, Lenín Moreno, podría justificar un escenario de "detenciones selectivas".

"El toque de queda tiene como propósito agudizar la represión", aseguró Aguilar a Efe e hizo notar que esta decisión amplía una medida anterior que restringía la movilidad de personas en el país en un horario nocturno, entre las diez de la noche y las cinco de la madrugada en algunas zonas aledañas a instituciones públicas u otras consideradas estratégicas.

"Ahora ya es general" y no sólo una restricción a ciertos espacios, sino en toda la ciudad y en los valles aledaños de la capital, agregó el abogado y académico, quien recordó que es la primera vez en la historia de Quito en que se dicta una medida de esta naturaleza y magnitud.

El presidente Moreno decretó el "toque de queda" y la "militarización" en el distrito metropolitano de Quito para ayudar a las fuerzas de seguridad a sofocar las protestas de este sábado.

"He dispuesto el toque de queda y la militarización del Distrito Metropolitano Quito y valles. Empezará a regir a las 15.00 (20.00 GMT). Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia", dijo el presidente en un mensaje por redes sociales.

Según Aguilar, en la práctica el "toque de queda" era una medida aplicada por regímenes dictatoriales como los de Augusto Pinochet, en Chile, y Jorge Videla, en Argentina.

En esos procesos, los militares instalaban retenes ambulantes para requisar a la gente y allí se seleccionaba a quienes debían ser detenidos según los objetivos de esos gobiernos.

En Quito, entonces, "se pueden armar retenes militares donde se verificará" la identidad de la gente y se permitirá el paso a quienes no se consideren peligrosos, añadió el letrado al insistir en que esta medida discrimina las aprehensiones.

Asimismo, comentó que este tipo de decisiones se aplican cuando las autoridades "tienen objetivos determinados para detener", que en la situación actual podrían ser los dirigentes indígenas y de otros colectivos sociales que protestan contra los ajustes económicos aplicados por el Gobierno en el marco de un acuerdo crediticio con el FMI.

Aguilar fue enfático al señalar que este "es el escenario más brutal para hacer detenciones arbitrarias" y agregó que es difícil que la medida se generalice, porque "no pueden meter presos a 40.000 personas" que protestan en Quito, "porque no hay dónde" ubicarlos.

Esto es "súper caótico" y en esas circunstancias es difícil que haya un proceso de acercamiento y diálogo entre las partes, agregó el analista, quien teme que sea difícil que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se siente a conversar con el Gobierno.

Sobre todo con los ministros de Gobierno (Interior), María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín, a quienes los manifestantes identifican como la mano dura de la represión actual.

Aguilar destacó el hecho de que ha sido la Conaie la que ha dado muestras de apertura al diálogo al matizar una de sus principales demandas que era la derogación del decreto 883, sobre la eliminación del subsidio a los combustibles.

Recordó que el movimiento indígena revisó su demanda y aceptó que esa medida pueda ser "revisada", lo que daba, a su criterio, un mayor espacio para iniciar el proceso de diálogo.

Para el letrado, la separación de sus cargos de los ministros Romo y Jarrín podrían también convertirse en un gesto del mandatario para acercar las posiciones, aunque dijo que su reiterada negativa a dar marcha atrás en la aplicación del decreto sobre las gasolinas es una posición de fuerza que espera que no termine por conducir al diálogo a un "punto muerto".

El Ministerio de Gobierno pidió este sábado a la ciudadanía en Quito que "acuda a sus viviendas" en virtud de la aplicación del "toque de queda".

"Esta medida estará vigente hasta nuevo aviso. Informarse a través de canales oficiales", agregó y añadió que la circulación por las calles en condiciones de militarización estará permitida únicamente con salvoconducto.