El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha firmado una ley para eliminar paulatinamente las prisiones privadas con fines de lucro, y los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
La medida, llamada Proyecto de Ley de la Asamblea 32, representa un paso hacia la promesa que hizo Newsom en campaña de eliminar el uso de prisiones privadas en el estado, ha reportado el diario The Sacramento Bee.
La ley le prohíbe a los funcionarios firmar nuevos acuerdos con prisiones privadas así como renovar los contratos vigentes empezando el próximo año, a menos de que haya una orden de un tribual sobre los límites de la población carcelaria.
Además, también veta todos los centros privados de detención de operar en California una vez terminen los contratos actuales, incluidos los lugares de detención de inmigrantes que tienen contratos con las autoridades federales de inmigración.
Sin embargo, no prohíbe la posibilidad de que el gobierno federal construya sus propios centros de detención en el estado.
A diferencia de las prisiones públicas, las prisiones privadas tienen un motivo financiero para mantener a las personas tras las rejas y cortar costos, ha dicho el autor del proyecto de ley, el demócrata Rob Bonta.
Las prisiones privadas no reciben incentivos para proporcionar programas destinados a ayudar a que las personas se reintegren a la sociedad o permanezcan en libertad una vez salgan de la cárcel.
“Estas son entidades privadas con animo de lucro, su obligación fiduciaria es con Wall Street y sus accionistas”, ha declarado Bonta.
Los encargados de las prisiones privadas se han defendido diciendo que los reclusos y otras personas bajo custodia son tratados de manera humana.
En la noche del jueves, Lori K. Haley, una portavoz de ICE, dijo que la agencia reubicaría a los migrantes que se encuentran bajo custodia en California si el estado vetaba los sitios privados de detención.
"Si este proyecto de ley, o cualquier otro proyecto similar, entrara en vigencia, ICE simplemente transferiría a las personas a otra parte a una distancia mayor de su lugar de detención", indicó Haley en un comunicado.
"El impacto de dicha ley estatal lo sentirían casi exclusivamente los residentes de California que se verían obligados a viajar distancias más largas para visitar a amigos y familiares bajo custodia", agregó.
Dos semanas antes de que Newsom firmara la legislación, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación estatal anunció que dejaría de enviar reclusos al Unidad Correccional Comunitaria Modificada de Central Valley, una prisión privada ubicada en McFarland.
A principios de este año, el estado también cortó los lazos contractuales con una prisión privada de Arizona.
No obstante, el departamento de correcciones de California todavía tiene contratos con tres prisiones dentro del estado que albergan a cerca de 1.600 personas.
Activistas habían presionado a la administración de Newsom para que pusiera punto final a los vínculos con prisiones privadas.
California incrementó el uso de prisiones privadas hace casi una década luego de que los tribunales determinaran que los sitios estatales de reclusión estaban tan hacinados que violaban los derechos constitucionales de los detenidos.
La Asociación Estatal de Alguaciles de California ha dicho que vetar el uso de los sitios privados les quita una opción importante para asegurarse de que no haya hacinamiento.
Bonta ha respondido diciendo que la ley le permitiría al estado usar las prisiones privadas si este fuera el último recurso para evitar las condiciones de hacinamiento y así cumplir con las ordenes judiciales, agregando que esta no debería ni siquiera ser una opción.