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Cortes federales alistan dictámenes sobre nuevo reglamento de 'carga pública'

A pocos días de que entre en vigor, proveedores de salud confían en que los tribunales pondrán un freno al nuevo reglamento de 'carga pública'

WASHINGTON.— Los tribunales federales alistan dictámenes sobre la puesta en marcha, la próxima semana, del nuevo reglamento sobre “carga pública” para negar visas de residencia permanente a inmigrantes que reciban ciertos beneficios públicos y que, según médicos y activistas, creará una crisis de salud pública.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el poder en enero de 2017, los tribunales federales han logrado frenar, diluir o modificar algunas de las medidas migratorias más polémicas de su gobierno.

En las últimas semanas, varios tribunales federales de costa a costa han realizado audiencias en torno a casi una decena de demandas de abogados, gobiernos estatales, proveedores de salud y grupos cívicos, para frenar la puesta en marcha, el 15 de octubre, de un nuevo reglamento sobre “carga pública”.

Se prevé que los tribunales emitan en los próximos días decisiones preliminares sobre el reglamento, que prácticamente le cerraría las puertas a inmigrantes de bajos recursos económicos. El objetivo de los demandantes es frenar temporalmente su entrada en vigor mientras que los tribunales determinan su legalidad de forma definitiva.

El reglamento impone una serie de pruebas para solicitantes de residencia permanente, o green cards, y visas temporales, que deberán demostrar su solvencia económica y dará preferencia a personas con altas destrezas laborales, buen historial de crédito, formación académica y conocimiento del inglés, entre otros elementos.

Así, el reglamento perjudicará a quienes reciban beneficios públicos como cupones de comida, subsidios de vivienda, cheques del programa de Ingresos de Seguridad Suplementarios (SSI), y ciertas ayudas dentro de “Medicaid”, o puedan obtenerlos en el futuro.

Según proveedores de salud consultados por Noticias Telemundo, el reglamento ya ha tenido un impacto negativo en la comunidad inmigrante, porque muchas personas temen buscar ayudas o tratamiento incluso para sus hijos nacidos en EEUU, aunque sean elegibles.

“Hay mucha confusión sobre este reglamento, no ha habido mucha información (del gobierno). Hemos visto que está afectando el programa de nutrición para embarazadas e infantes (WIC)... tenemos cada vez menos pacientes, aunque éste no entra en la nueva medida”, explicó María Gómez, presidenta y principal ejecutiva de Mary´s Center, una red de clínicas en el área de la capital estadounidense.  

“El reglamento está diciendo que no queremos más gente pobre en EEUU pero, insisto, la gente está confundida sobre qué programas están incluidos. Las leyes ya impiden que los inmigrantes indocumentados tengan acceso a Medicaid y otros servicios, pero sus hijos nacidos en EEUU pueden recibirlos”, afirmó Gómez.

"Tengo fe de que los tribunales frenarán esto... ¿Cómo van a implementar esto?, creo que las empresas también pondrán trabas porque el país, su mercado laboral, necesita de toda clase de inmigrantes", observó.

Por su parte, Tarek Hassanein, un médico de origen egipcio del sur de California, dijo que el reglamento no cambiará su práctica porque los médicos tienen la obligación de atender a pacientes, sin importar su estatus migratorio o si tienen o no seguro médico.

“Desde luego, estas políticas afectan el flujo de pacientes en nuestras clínicas… pero mucha gente no entiende este reglamento, no saben su propio estatus o si pueden venir a la clínica“, dijo Hassanein en entrevista telefónica.

Hassanein ha organizado una feria de salud para este viernes en la ciudad fronteriza de Chula Vista que ofrecerá de forma gratuita revisiones médicas valoradas en al menos 600 dólares y talleres de información sobre salud preventiva.

La comunidad fronteriza que atiende Hassanein registra altos índices de diabetes, hígado graso, obesidad y problemas de nutrición. El médico teme que el reglamento impida que los inmigrantes busquen la debida atención médica -o esperen muy tarde a ir a una sala de urgencias- y eso desate una crisis de salud pública.

“Vine a Estados Unidos en la década de 1980, este es un país de leyes. Creo en el sistema judicial y que va a corregir lo que no sea bueno para el pueblo”, puntualizó.

Según datos de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, de poco más de medio millón de personas que solicitan cada año la residencia permanente,  más de 380,000 extranjeros tendrían que pasar la prueba de "carga pública" bajo el nuevo reglamento, aunque la agencia no precisó a cuántos se les negaría.

Un estudio reciente del Instituto de Política Migratoria señaló que, en el año fiscal 2017, EEUU admitió a cerca de 940,000 extranjeros con visas de residencia permanente. De éstos, 650,000 hubiesen corrido el riesgo de perder la green card por tener al menos un factor negativo respecto a la 'carga pública' y alrededor de 400,000 tenían al menos dos factores de riesgo.

Las leyes migratorias han exigido solvencia económica a nuevos inmigrantes desde 1882 y el gobierno ha modificado periódicamente la definición de carga pública. La última vez que lo hizo fue en 1996.

La Administración Trump ha insistido en que el reglamento solo busca promover la “autosuficiencia” de quienes quieren emigrar a EEUU por la vía legal.  

El reglamento no aplica a personas que inician trámites para la ciudadanía; que tienen familiares que reciben beneficios públicos, ni a quienes soliciten o han solicitado un ajuste migratorio antes del martes próximo, según un análisis del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes aseguran que el reglamento discriminará a los pobres y que, en todo caso, los inmigrantes no ciudadanos apenas conforman el 6,5% de los participantes de Medicaid y el 8,8% de los programas de cupones de comida.

El viernes pasado, la Administración emitió una proclamación que entrará en vigor el 3 de noviembre y que exigirá a solicitantes de visas permanentes pruebas de seguro médico o recursos para costear gastos médicos.

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