Alyse y Elmer Sánchez quedaron encantados cuando sobrevivieron a su entrevista de para conseguir la tarjeta verde (green card), un paso crucial para obtener el estatus legal en los Estados Unidos. Le envió un mensaje de texto a su familia desde la oficina de migración cuando el alivio la invadió: el oficial había acordado que su matrimonio es legítimo.
Momentos después, Elmer estaba esposado, detenido en espera de deportación a su Honduras natal, dejándola sola con sus dos niños pequeños. "Sentimos que llevarnos allí fue una trampa, un truco", aseguró Alyse.
Por este suceso, los Sanchez se han unido a otras cinco parejas en una demanda colectiva acusando a agentes federales de atraer a las familias a entrevistas matrimoniales en Baltimore, solo para detener al cónyuge migrante para deportarlo.
Las regulaciones federales permiten a los ciudadanos estadounidenses como Alyse tratar de legalizar el estado de los cónyuges como Elmer, que ha estado viviendo ilegalmente en el país. Miles de familias lo están haciendo: los registros muestran que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU aprobaron 23,253 exenciones provisionales de presencia ilegal, los documentos finales que los cónyuges, hijos o padres de ciudadanos necesitan antes de abandonar el país y solicitar unirse a sus familias legalmente.
Pero la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés), dice que un número creciente de oficiales han "torcido cruelmente" las reglas al detener a los cónyuges migrantes después de las entrevistas de matrimonio. La ACLU está llevando a cabo una queja similar en Massachusetts y dice que también han ocurrido docenas de detenciones en las oficinas locales en Nueva York, Virginia, Florida, Illinois y California.
El caso de Maryland está asignado al juez federal de distrito George J. Hazel, quien ya revirtió la deportación de un chino detenido después de una exitosa entrevista de matrimonio en Baltimore. Justo antes de que Wanrong Lin aterrizara en Shanghai en noviembre pasado, Hazel dijo que el gobierno no puede usar el proceso "como un honeypot (tarro de miel) para atrapar a inmigrantes indocumentados que buscan aprovechar sus protecciones".
Alyse le dijo a The Associated Press que la vida de su familia "parecía tan perfecta". Ella y Elmer, ahora de 31 y 41 años, comenzaron a salir en 2013, después de que se enteró de que estaba vendiendo su automóvil y apareció en su puerta. Lo compré y se casaron ese año. Tienen dos hijos, de cuatro y dos años, y viven en el suburbio de Kensington, Maryland, en Washington, donde es dueño de una empresa de remodelación de viviendas. Ella trabaja en una clínica veterinaria en la cercana Sandy Spring.
"Todos tienen sus altibajos en sus relaciones, pero la nuestra ha sido bastante fluida, Ha estado allí para cada evento importante en mi vida. Ha sido el evento más importante en mi vida", afirmó.
Los registros de la corte muestran que se ordenó la deportación de Elmer en ausencia en septiembre de 2005, después de perderse una audiencia de migración de la que dijo no haber sido notificado. Después de consultar con abogados, Alyse presentó documentos para obtener una tarjeta verde para su esposo en septiembre de 2018. Su aviso para la cita del 7 de mayo dijo que la entrevista requerida era "únicamente para confirmar la buena fe del matrimonio de la pareja", según la demanda.
Las regulaciones de la era de Obama prevén esto, incluso para las personas con órdenes de deportación. El proceso de meses generalmente requiere que las parejas demuestren la legitimidad de su matrimonio como parte del primer paso. Si las parejas pasan la entrevista y obtienen otras aprobaciones, los cónyuges inmigrantes finalmente deben viajar al extranjero para una entrevista de visa en un consulado de los estadounidense y solo si reciben una visa pueden regresar al país legalmente.
No está claro cuántas personas se han convertido con éxito en residentes permanentes de EEUU a través del proceso, que acilita un registro adecuado para las familias con ciudadanía mixta, y está destinado a "evitar las graves consecuencias de obligar a un cónyuge o padre a abandonar" Estados Unidos durante años mientras intenta construir un caso de migración legal desde sus países de origen, dice la ACLU.
Ahora, dicen los demandantes, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos está usando el proceso ilegalmente como cebo. El abogado de la ACLU de Maryland, Nick Steiner, dijo que comenzó en 2017 y parece ocurrir al azar en todo el país.
"La práctica anterior permitiría a los abogados de migración llevar a sus clientes a sus entrevistas sin temor a ser detenidos porque se entendió que estaban tratando de recibir tarjetas verdes, a pesar de las órdenes de expulsión, y también hay una guía que USCIS debería seguir, que prohíbe detenciones en entrevistas ", dijo en un correo.
Las agencias de Seguridad Nacional, a través del portavoz de Inmigración y Control de Aduanas Shawn Neudauer y la portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración Jane Cowley, dijeron que no comentan sobre litigios pendientes. Pero las declaraciones y los correos publicados en el caso de Massachusetts sugieren que los funcionarios federales se estaban coordinando para atacar a los cónyuges migrantes en sus entrevistas matrimoniales.
"En mi opinión, tiene sentido que detengamos a los extranjeros con órdenes finales de deportación, ya que representan el final de la línea en el proceso de deportación", escribió Andrew Graham, un oficial de ICE con sede en Boston. "Por lo general, son los más fáciles de deportar, tienen el promedio de estadía más corto y, al final del día, estamos en el negocio de mudanzas y nuestro trabajo es localizarlos y arrestarlos".
El Gobierno, en su respuesta a la queja presentada en Maryland, argumentó que el caso debería desestimarse porque el tribunal carece de jurisdicción y las "reclamaciones de los demandantes probablemente no tendrán éxito". También argumentó que Elmer fue "entregado personalmente" con un aviso por su audiencia de deportación y que mostró una fecha, hora y lugar.
Los Sanchez estaban nerviosos pero esperanzados cuando le contaron a su entrevistador cómo se conocieron y respondieron a sus preguntas. A petición del oficial, Alyse habló con su esposo en español, en cámara. El entrevistador confirmó su buena fe: Alyse recibiría la aprobación formal por correo al día siguiente, pero dijo que su supervisor "tenía que venir y autenticar el caso", según la demanda.
A Alyse le dijeron que saliera de la habitación. Minutos después, su abogado le dijo que Elmer había sido detenido, dejándola sollozando en el pasillo. Seis semanas caóticas siguieron a este suceso. Elmer fue arrastrado por los centros de detención mientras Alyse buscaba asesoramiento y trataba de consolar a su hijo de cuatro años, quien constantemente preguntaba por su padre.
Su intento de reabrir el caso de Elmer fue denegado el pasado 3 de junio. Comenzó a perder la esperanza en un centro de detención de Louisiana. "El tratamiento es tan malo que saben que no se puede aguantar mucho tiempo", dijo. “La comida es muy mala, la luz, el aire helado. Es como una guerra psicológica en la que estás metido para que firmes tu deportación".
Elmer fue liberado el 19 de junio después de que la ACLU solicitara una orden de emergencia para evitar la deportación inminente.
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