La administración Trump le negará las visas a los migrantes que no puedan demostrar que tendrán un seguro médico cuando se conviertan en residentes permanentes o los recursos suficientes para costearse uno, anunció el Gobierno este viernes.
La medida que restringirá la migración legal entrará en vigor a partir del 3 de noviembre, cuando los oficiales consulares tendrán la orden de negar visas de inmigración a los candidatos que no estén cubiertos “por seguros médicos aprobados” o que no puedan probar “que tienen los recursos financieros para pagar por costos médicos razonablemente previsibles”.
El presidente alegó en la proclamación de la medida que los migrantes tienen más probabilidad de carecer de seguro médico, en comparación con los ciudadanos. Lo que en su opinión los convierte en una carga para los hospitales y los contribuyentes, reportó el diario The New York Times.
“El gobierno de Estados Unidos está haciendo el problema peor al admitir a miles de extranjeros que no hayan demostrado ninguna habilidad para pagar por sus gastos médicos”, escribió el presidente, según el medio citado.
“Los inmigrantes que ingresen a este país no deberían gravar nuestro sistema de salud y, por consiguiente, a los contribuyentes americanos con costos más altos”, agregó.
Se trata de la última medida de Trump y sus allegados en la Casa Blanca como el asesor de inmigración Stephen Miller para restringir la migración legal.
Recientemente, la Administración anunció una medida para negar visas de inmigración y tarjetas de residencia permanente a inmigrantes que se beneficien de ciertas ayudas públicas o que se considere que puedan llegar a usarlas.
Bajo esta medida el Gobierno le puede negar la entrada, visas y la residencia a inmigrantes que hayan utilizado servicios como Medicaid o los bonos de comida. Incluso la sospecha de que una persona podría llegar a hacer uso de estos beneficios es razón suficiente para que se le aplique la restricción.
Pero legisladores demócratas y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han presentado desafíos a la regla de carga publica en las cortes del país.
Tanto la demanda del Instituto para la Defensa Constitucional de la Universidad de Georgetown ante una corte federal en septiembre, alegando que viola el derecho al debido proceso, como la propuesta del Congreso del mismo mes podrían bloquear la implementación de la medida de Trump.
“La verdadera intención de la regla de carga pública es crear un ambiente de miedo entre las familias inmigrantes y, tristemente, está funcionando”, dijo la senadora demócrata por Hawái Mazie Hirono, al presentar la ‘Ley Proteger los Valores Americanos’ (Protect American Values Act), según la web informativa The Hill.
Ya hay 27 senadores que respaldan esta ley, dijo Hirono al medio citado.
“Ninguno de nosotros estaría aquí si esta regla hubiese existido cuando nacimos”, dijo el senador demócrata por Connecticut Richard Blumenthal, quien presentó la ley junto con la senadora de Hawái.
La ley federal ya exige que aquellos que buscan convertirse en residentes permanentes u obtener un estatus legal demuestren que no serán una carga para los Estados Unidos: una "carga pública", en palabras del gobierno.
Pero las nuevas reglas detallan una gama más amplia de programas que podrían descalificarlos, incluidos Medicaid, cupones de alimentos y planes de vivienda. Anteriormente se restringía únicamente a recibir dinero en efectivo del Gobierno.
El gobierno del presidente Donald Trump pregona su enfoque enérgico como una forma de mantener sólo a los inmigrantes autosuficientes en el país, pero los expertos en salud sostienen que el cambio podría forzar a millones de migrantes de bajos ingresos a elegir entre recibir servicios de salud necesarios y sus intentos de permanecer legalmente en el país.
"La gente va a estar más enferma. No van a buscar atención médica o no hasta que tengan que ir a una sala de emergencias", opinó Lisa David, presidenta y directora ejecutiva de Public Health Solutions, la organización de salud pública más grande de Nueva York. "Le va a costar mucho dinero al sistema", agregó.
Además, dos condados de California y fiscales de 13 estados entablaron demandas, diciendo que los cambios aumentarán los peligros para la salud pública.