Cerca de 1.700 sacerdotes y otros miembros del clero que la Iglesia Católica Romana considerada que fueron creíblemente acusados de abuso sexual infantil tienen acceso a niños sin supervisión de las autoridades religiosas o civiles, ha revelado una investigación especial de la agencia de noticias The Associated Press.
Estos sacerdotes, diáconos, monjes y laicos ahora enseñan matemáticas de secundaria, aconsejan a los sobrevivientes de abuso sexual, trabajan como enfermeros y voluntarios en organizaciones sin ánimo de lucro destinadas a ayudar a niños en estado de vulnerabilidad, y viven al lado de parques infantiles y guarderías.
Desde que abandonaron la iglesia, docenas han cometido crímenes como acoso sexual y posesión de pornografía infantil, según el análisis de AP.
Un esfuerzo reciente de las diócesis católicas romanas en Estados Unidos para publicar los nombres de las personas que considera que fueron creíblemente acusadas ha dejado ver como viven como ciudadanos privados luego de dejar la vida religiosa.
Las acusaciones van desde conversaciones inapropiadas, y abrazos no deseados, hasta sodomía forzada y violación.
Hasta el momento, las diócesis y las órdenes religiosas han compartido los nombres de más de 5.100 miembros del clero.
Además de los casi 1.700 que fueron encontrados sin ningún tipo de supervisión, hubo 76 personas que no pudieron ser localizadas. Sin embargo, los miembros restantes del clero estaban bajo alguna supervisión, algunos en prisión o supervisados por programas de la iglesia.
La investigación encontró que cientos de sacerdotes ocupaban puestos de confianza, muchos con acceso a los niños. Más de 160 continuaron trabajando o siendo voluntarios en iglesias, incluidas docenas en diócesis católicas y algunas de otras denominaciones.
Aproximadamente 190 obtuvieron licencias profesionales para trabajar en campos como educación, medicina, trabajo social y consejería, incluidos 74 que tenían credenciales válidas en esas áreas.
Se encontraron casos en los que los sacerdotes pudieron aprovecharse de las víctimas nuevamente.
Después de que Roger Sinclair fue removido por la Diócesis de Greensburg en Pennsylvania en 2002 por presuntamente abusar de un adolescente, el hombre terminó en Oregon. En 2017, fue arrestado por abusar repetidamente de un joven con discapacidades de desarrollo y ahora está tras las rejas.
Al igual que Sinclair, la mayoría de las personas enumeradas como acusadas con credibilidad nunca fueron procesadas penalmente por los abusos cuando formaban parte de la iglesia. Esa falta de antecedentes penales ha demostrado ser un problema que les permite ejercer la vida privada sin obstáculos a pesar de las graves acusaciones.
Durante nueve meses, los reporteros e investigadores de AP registraron bases de datos públicas, registros judiciales, registros de propiedades, redes sociales y otras fuentes para localizar a los miembros del clero expulsados.
Ese esfuerzo desenterró la informacioón de cientos de estos sacerdotes que, en gran medida no estaban bajo supervisión de la iglesia y las autoridades civiles, eligieron carreras que los colocaron en nuevos puestos de autoridad.
Al menos dos trabajaron como oficiales de detención juvenil, en Washington y Arizona, y muchos otros migraron a roles gubernamentales como defensores de víctimas o planificadores de salud pública. Otros consiguieron trabajos en lugares como Disney World, centros comunitarios o refugios familiares que acogen a víctimas de abuso doméstico. Un exsacerdote comenzó una organización sin fines de lucro que envía a personas a ser voluntarias en orfanatos y otros lugares en países en vía de desarrollo.
Un puñado adoptó o acogió a niños, y apadrinó a adolescentes y adultos jóvenes que vinieron al país por oportunidades educativas. Otros trabajaron con organizaciones que forman parte del sistema de hogares de acogida, aunque ese número podría ser mucho mayor ya que ninguna base de datos pública rastrea a los padres adoptivos.
Hasta febrero, el exsacerdote Steven Gerard Stencil trabajó en una compañía de Phoenix que coloca a niños con discapacidades graves en hogares de acogida y capacita a los padres de adoptivos para su cuidado cuiden. Los colegas sabían que era un exsacerdote, pero no estaban al tanto de las acusaciones pasadas en su contra, según Lauree Copenhaver, directora ejecutiva de la firma.
Los defensores de las víctimas han presionado para una mayor supervisión, pero los funcionarios de la iglesia dicen que lo que se solicita va más allá de lo que legalmente pueden hacer. Y las autoridades civiles, como los departamentos de policía o las fiscalías, han dicho que su alcance se limita a las personas condenadas por delitos.
Eso significa que el esfuerzo de rastrear a los exsacerdotes ha recaído en organizaciones civiles, cuyas quejas han alimentado suspensiones, remociones y despidos. Aún así, las lagunas en las leyes estatales permiten a muchos exmiembros del clero mantener sus nuevos trabajos, incluso cuando las historias de las acusaciones se hacen públicas.
"Hemos argumentado durante mucho tiempo que los obispos no pueden reclutar, contratar, ordenar, supervisar, proteger, transferir y proteger a los sacerdotes depredadores, luego de repente los expulsan y afirman sentirse impotentes sobre su paradero y actividades", ha indicado David Clohessy, el exdirector ejecutivo de la Red de Sobrevivientes de las personas abusadas los sacerdotes.