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Salvadoreños recibirán visas para trabajos agrícolas. Así funciona el programa

El DHS confirmó que el acuerdo migratorio suscrito con El Salvador el mes pasado, aún no se ha implementado, pero el gobierno salvadoreño avanza en un programa para alentar a los salvadoreños a solicitar estas visas.
Un agente revisa los documentos de varios migranets que llegaron a la frontera estadounidense en Nuevo Laredo para solicitar asilo.
Un agente revisa los documentos de varios migranets que llegaron a la frontera estadounidense en Nuevo Laredo para solicitar asilo. AP / AP

WASHINGTON.— Alrededor de 1.000 salvadoreños podrán solicitar visas temporales H-2A para trabajadores agrícolas este año, bajo el acuerdo suscrito entre el gobierno de El Salvador y el Departamento de Seguridad Nacional, que aún no ha entrado en vigencia.

El pasado 20 de septiembre, el secretario de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, suscribió en Washington un acuerdo migratorio con la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, con el objetivo de frenar la emigración ilegal hacia Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tardó varios días en difundir el contenido del acuerdo, y firmó uno similar con Honduras la semana siguiente. En julio pasado, también había firmado uno con el gobierno de Guatemala.

Ninguno de los tres acuerdos con los países del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) ha sido implementado, según confirmó a Noticias Telemundo un funcionario del DHS, que pidió el anonimato.  Según datos del DHS, más del 72% de los migrantes detenidos en la frontera sur entre octubre de 2018 y agosto pasado, provino de esos tres países.

En su breve respuesta, sin embargo, el funcionario del DHS no precisó cómo gestionará las solicitudes de visas H-2A que presenten los salvadoreños en su país bajo un acuerdo que aún no ha entrado en vigor.

Ayer, miércoles, el ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, Rolando Castro, anunció el lanzamiento del programa Migración Laboral y su plataforma digital, para que los salvadoreños pudiesen iniciar los trámites de visas H-2A, que se otorgan para trabajadores en el sector agrícola, pero la página web no está habilitada.

 Las visas, que totalizan 1.000, estarán disponibles para personas en edad reproductiva y que puedan demostrar que tienen familia en El Salvador y no se quedarán ilegalmente en EEUU cuando venzan los visados.

Castro explicó que el ministerio de Trabajo revisará todas las solicitudes entregadas en la plataforma digital y las presentará a las autoridades migratorias de EEUU, que en última instancia serán las que califiquen y aprueben las visas.

Aunque el acuerdo no hace mención directa de las visas H-2A, Castro dijo la semana pasada en Phoenix (Arizona), tras un encuentro con líderes estatales, que el documento autoriza el traslado de “al menos 1.000 trabajadores” salvadoreños a EEUU, para que puedan trabajar legalmente.

“La razón por la que la gente se estaba trasladando a EEUU era por la falta de oportunidad y la actividad criminal que estaba ocurriendo en nuestro país. Queremos garantizarle a nuestra población que tiene la oportunidad que necesitan, y tiene que ser de forma legal”, dijo Castro, según declaraciones recogidas por el diario “Chamber Business News”.

Para obtener las visas H-2A, el gobierno de EEUU requiere que las empresas patrocinen a los trabajadores en cuestión y soliciten una certificación del Departamento de Trabajo. Además, las compañías deben primero hacer un reclutamiento preliminar de trabajadores estadounidenses, y contratar a extranjeros en el supuesto de afrontar una escasez de mano de obra.

En todo caso, el acuerdo no responde a las preocupaciones del gobierno salvadoreño respecto al futuro de alrededor de 194.000 salvadoreños amparados al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que protege a inmigrantes que no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles, desastres naturales u otras “circunstancias extraordinarias”.

El programa del TPS, aprobado por el Congreso en 1990, fue cancelado por la Administración Trump por considerar que las condiciones en muchos de los países beneficiados han mejorado lo suficiente para recibir a migrantes eventualmente deportados. El TPS se mantiene en pie gracias a un dictamen judicial, a la espera de una resolución permanente.

Una vez implementados, los acuerdos con Guatemala, El Salvador y Honduras permitirán que esos países acojan a solicitantes de asilo que pasen primero por sus territorios, y les ofrezcan “protecciones humanitarias”.

Varios grupos humanitarios, incluyendo Human Rights Watch, han destacado que esos países registran altos índices de violencia.

El martes pasado, el Departamento de Estado redujo su nivel de alerta de viajes a El Salvador, pero aconsejó incrementar la “cautela” debido al clima de violencia, las actividades criminales de las pandillas, y la propagación del tráfico de armas y drogas en el país centroamericano.

Bajo el acuerdo de cooperación Estados Unidos se comprometió a ayudar a El Salvador a “fortalecer sus capacidades institucionales” e intercambiar datos biométricos de los migrantes detenidos, en un esfuerzo por identificar y combatir el crimen organizado, el contrabando de personas y prófugos de la Justicia.

El acuerdo bilateral está sujeto a una revisión tres meses después de su implementación, y también permite que cualquiera de las partes lo cancele con seis meses de antelación.