WASHINGTON.— El presidente, Donald Trump, insistió hoy en la urgencia de destapar la identidad del denunciante que informó sobre las presiones de su Administración para que Ucrania investigase al ex vicepresidente, Joe Biden, su posible rival político en 2020.
Pero la ley federal prohíbe la intimidación de denunciantes, que gozan de protecciones desde 1778.
En agosto pasado, el denunciante anónimo presentó una queja ante el Inspector General de los servicios de inteligencia en la que afirmó que, durante una llamada en julio pasado, Trump presionó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que investigase a Biden y a su hijo, Hunter, por los negocios de éste en una empresa de gas natural en ese país.
Los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, estudian el resumen de la llamada del pasado 25 de julio y la queja del denunciante -documentos que la Casa Blanca entregó la semana pasada bajo presión política- para determinar si inician o no un juicio político contra Trump.
Trump ha emprendido una campaña para desacreditar al denunciante, a quien acusa de propagar información falsa sobre una llamada “perfecta”. También ha dicho en privado que la persona que le pasó información podría ser un “espía” que, a su juicio, debería sufrir “grandes consecuencias”.
Desde el Despacho Oval, Trump reiteró hoy que intenta averiguar la identidad del denunciante porque “ha informado de cosas que fueron incorrectas”.
“Como saben, y probablemente ya se han dado cuenta, la declaración que hice al presidente de Ucrania, un buen hombre, un hombre amable, fue perfecta. Fue perfecta. Pero el denunciante reportó una declaración completamente diferente”, argumentó Trump.
A continuación, varias claves para entender la función de un denunciante y las protecciones que le garantizan las leyes federales.
¿Quién es el denunciante?
Se desconoce la identidad o género del denunciante, precisamente porque su destape lo dejaría expuesto a represalias y al peligro a su seguridad física, además de poner en riesgo su carrera.
El diario “The New York Times” reveló la semana pasada que se trata de un oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que estuvo destinado a la Casa Blanca y es uno de los pocos con experiencia y conocimientos sobre Ucrania.
El denunciante "tiene derecho al anonimato. La ley y la política lo respaldan, y no se puede tomar represalias contra el individuo. Hacerlo sería una violación de la ley federal", advirtió hoy su abogado, Andrew Bakaj.
El sábado pasado, Bakaj envió una carta al director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, en la que expresó “serias preocupaciones” por la seguridad de su cliente, tanto por las declaraciones de Trump como porque “ciertos individuos” han ofrecido una recompensa de 50.000 dólares para divulgar su identidad.
¿Es legal hacer denuncias?
Las leyes no sólo alientan las denuncias de actos de corrupción o abuso de poder sino que también protegen a quienes las presentan, aunque muchos aseguran que han sido víctimas de represalias.
Las primeras denuncias se remontan a finales de la década de 1770, según Allison Stanger, catedrática de Middlebury College y autora de un libro sobre el historial de los denunciantes en EEUU, desde la Revolución hasta la “era de Trump”.
El primer caso conocido fue el de un grupo de diez denunciantes que en marzo de 1777 destaparon las acciones de Esek Hopkins, el primer capitán de navío de Armada Continental y que participó en la tortura de prisioneros de guerra británicos. Hopkins fue suspendido pero tomó represalias contra los denunciantes, dos de los cuales fueron encarcelados hasta que el Congreso intervino en el caso al año siguiente.
Entre los denunciantes más famosos de EEUU figuran Daniel Ellsberg, quien filtró a la prensa los llamados “Documentos del Pentágono” sobre el mal manejo de la Guerra de Vietnam, y Mark Felt, el informante del escándalo de “Watergate”, conocido como “Garganta profunda” y que contribuyó a la caída del presidente Richard Nixon.
También está Edward Snowden, un excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, que en 2013 reveló documentos secretos sobre un programa de vigilancia masiva del gobierno federal contra la población civil. Snowden afronta cargos de espionaje y permanece en el exilio en Rusia porque asegura que no tiene garantías de un juicio justo en EEUU.
Según Stanger, los denunciantes afrontan la paradoja de proveer un servicio público vital, al exponer actos de corrupción en las altas esferas del poder, y de sufrir también las consecuencias para su salud, su carrera, su seguridad y la de sus familias.
Sin los denunciantes, delitos de corrupción, tanto en la empresa privada como en el gobierno, jamás saldrían a la luz pública, y sus responsables no rendirían cuentas, aseguró.
En la actualidad, las empresas privadas que se cotizan en la Bolsa han establecido procesos para tramitar denuncias, con el objetivo de proteger del fraude a inversionistas y al público, según David Colapinto, abogado y fundador del “National Whistleblower Center”.
¿Hay protecciones para los denunciantes?
El Congreso adoptó en 1778 la primera ley para proteger a delatores de actos de corrupción. Esa ley instaba a empleados del gobierno a denunciar ante el Congreso actos de “conducta indebida, fraudes o delitos menores” en el sector público.
En 1863, en plena Guerra Civil, el Congreso aprobó el “Acta de Reclamos Falsos”, que estableció multas a contratistas privados que cometieran fraude mediante el suministro de materiales defectuosos o de mala calidad para las tropas.
Los denunciantes obtendrían la mitad de las multas recabadas si el gobierno ganaba el caso en las cortes. La ley, conocida popularmente como “la ley de Lincoln” -que el Congreso amplió y modernizó en 1986- contó con el apoyo del entonces presidente, Abraham Lincoln, quien alentó a los estadounidenses de a pie a convertirse en “ciudadanos soldados” por el bien común.
En 1998, el Congreso adoptó el “Acta de Protecciones para Denunciantes en la Comunidad de Inteligencia”, que estableció protocolos y protecciones para miembros de esa comunidad que hicieran denuncias de corrupción, según un informe divulgado la semana pasada por el "Congressional Research Service", el brazo que prepara análisis para el Legislativo.
Otra ley, aprobada en 2012, permite que los empleados públicos denuncien actos de corrupción dentro de sus agencias directamente al Congreso. Los miembros de los servicios de inteligencia, sin embargo, tienen que hacerlas primero con el Inspector General.
¿Puede Trump tomar represalias contra el denunciante?
Si Trump intenta intimidar al denunciante, o toma represalias en su contra, estaría violando la ley, que le encarga hacer valer las protecciones para quienes hacen denuncias desde los servicios de inteligencia.
Además, “las amenazas de represalias por parte del presidente y de sus aliados contra un denunciante de la comunidad de inteligencia contravienen el ideal fundamental de nuestra nación respecto a la libertad de expresión”, dijo en una declaración escrita John Kostyack, director ejecutivo del “National Whistleblower Center”.
La denuncia en el caso de Ucrania es “extremadamente grave porque indica un encubrimiento de una amenaza a la seguridad pública, una política exterior a la sombra que la Casa Blanca dirige y es directamente opuesta a la política oficial del Departamento de Estado… también encubre una amenaza a la democracia desde adentro, por la solicitud de una interferencia electoral extranjera”, advirtió Stanger en un programa de "National Public Radio".
“La comunidad de inteligencia promete lealtad a la Constitución de EEUU, no al presidente... no estamos en la Alemania nazi, en la que la comunidad de inteligencia prometió lealtad a Hitler, no a las leyes alemanas. Es casi orwelliano que (el asesor de Trump, Stephen) Miller esté dando su giro a lo que es un denunciante en el contexto estadounidense”, subrayó la experta.