Un nuevo basurero podría ser la clave que lleve a las autoridades mexicanas a saber del destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace cinco años en el sur de México. Este basurero es distinto al que concentró en un inicio la atención de los investigadores.
La abogada colombiana Ángela Buitrago, integrante del grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da apoyo técnico al actual gobierno mexicano en sus investigaciones, dijo a The Associated Press que el nuevo basurero “está en el epicentro de la acción” tras la desaparición de los estudiantes aquel 26 de septiembre de 2014, y aunque no dio más detalles dijo que se estima que podrían obtener datos relevantes.
“Va a ser un golpe para los padres cualquier información que salga de ahí”, dijo Buitrago, quien también fue parte de un primer equipo de expertos de la CIDH que tras indagar el caso entre 2015 y 2016 echó por tierra la versión oficial de los hechos sostenida por el anterior gobierno mexicano de que los estudiantes fueron quemados en un basurero de la localidad de Cocula, en el estado sureño de Guerrero.
El nuevo basurero se localiza en la comunidad de Tepecoacuilco, también en Guerrero, pero en dirección contraria a Cocula.
Buitrago dijo que corresponderá a las autoridades mexicanas informar cualquier dato concreto que resulte de las investigaciones en ese basurero.
La exfiscal colombiana recordó que ya se había buscado en Tepecoacuilco sin hallar nada relevante, pero nunca en el basurero.
Tanto la antigua como la nueva fiscalía han hecho diversas búsquedas infructuosas a lo largo de estos cinco años en diversos puntos de Guerrero.
Los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados en la ciudad de Iguala por policías locales, quienes los entregaron a miembros del crimen organizado. Según la tesis defendida por la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), esas personas trasladaron a los jóvenes al basurero de Cocula, (20 kilómetros al suroeste de Iguala) donde fueron incinerados y sus restos arrojados a un río cercano.
Pero el primer grupo de expertos de la CIDH determinó que no había pruebas que acreditaran esa versión, basada en testimonios obtenidos mediante tortura.
Los abogados de los padres de los desaparecidos indicaron recientemente que se había conseguido información valiosa de nuevos testimonios proporcionados por la Policía Federal, algunos de cuyos agentes estuvieron presentes en el lugar de los hechos.
La investigación de este caso sigue enfrentando más que retos:
LA INSOSTENIBLE "VERDAD HISTÓRICA"
Acuciado por una enorme impopularidad, Peña Nieto dejó la Presidencia en diciembre del año pasado y hasta su último día de mandato el Ejecutivo que encabezaba defendió la versión oficial de su gobierno, conocida como "verdad histórica", sobre la tragedia sucedida la noche del 26 de septiembre de 2014.
La investigación gubernamental concluyó que policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los 43 jóvenes, que estudiaban magisterio en la escuela normal rural -que forma a maestros- de Ayotzinapa, y los entregaron al crimen organizado, que los mató e incineró en el basurero de Cocula al confundirlos por miembros de un cártel rival.
Pero una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso señaló que los cuerpos de los 43 no pudieron ser quemados en ese lugar.
"Concluyeron que la teoría oficial del caso no se soportaba en suficientes pruebas científicas", expresó Aguirre, quien señaló que en los dos últimos años la situación "se agravó porque el caso comenzó a caerse en los tribunales que concluyeron que las pruebas no soportaban la realidad".
Eso explica que en días recientes se produjo la liberación de 24 expolicías municipales presuntamente implicados en el caso, jornadas después de la absolución de Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados en la tragedia y presunto miembro del cártel Guerreros Unidos, por falta de pruebas.
"Las liberaciones de hoy son resultado de una mala actuación de ayer de los fiscales", dijo Aguirre al señalar que 60 de las 107 pruebas del caso fueron declaradas "ilícitas" al ser en su mayoría confesiones conseguidas mediante torturas a los acusados o detenciones arbitrarias.
¿REINICIAR LA INVESTIGACIÓN?
Ante la exigencia de los padres de los desaparecidos, la primera medida de López Obrador como presidente fue la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, formada por el Gobierno, las familias y organizaciones de derechos humanos.
La comisión presidencial tuvo un gran poder simbólico porque por primera vez se escuchaba a las familias, pero no ha comenzado a moverse hasta hace poco, con el nombramiento de un fiscal especial para el caso y la iniciación de labores de búsqueda.
Con todo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se comprometió el pasado 18 de septiembre con los padres a reconstruir la investigación casi de cero dadas las inconsistencias de la versión oficial, aunque para algunos expertos ha pasado ya demasiado tiempo.
"Sin duda alguna, en una investigación criminal el solo paso del tiempo conlleva la pérdida de evidencia", lamentó Aguirre, quien señaló a Peña Nieto por haber "estirado" durante años una versión que no se sostenía para así sofocar la indignación social que despertó el caso.
El director del centro de derechos humanos sugirió, sin embargo, que "no hay que partir de cero" dado que los expertos internacionales hicieron un "gran trabajo" y de la investigación oficial se puede rescatar todo el rastreo telefónico.
LA IMPACIENCIA DE LAS FAMILIAS
Mientras el nuevo Gobierno pide más tiempo para investigar, dado que solo lleva casi diez meses de funcionamiento, para las familias ya han transcurrido cinco años de dolor, impaciencia y lucha con la convicción de encontrar vivos a los 43 estudiantes.
"Tenemos la esperanza de que pronto vamos a llegar a la verdad. La confianza (con López Obrador) se va a ir construyendo conforme vayan avanzando las investigaciones", aseveró contundente Cristina Baptista, cuyo hijo Benjamín desapareció cuando tenía 19 años.
Sin embargo, Cristina, quien califica la versión de Peña Nieto como "mentira histórica" admite que "este Gobierno es diferente del Gobierno anterior, que no hizo las búsquedas sino una simulación".
El lustro transcurrido tras el suceso ha sido eterno para esta madre que creía que Benjamín y sus compañeros se habían escondido en las montañas e iban a aparecer en una semana.
"Ya estamos por cumplir cinco años de la desaparición forzada de nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, no sabemos cómo están. Pero no nos vamos a rendir y vamos a seguir hasta saber de ellos y encontrarlos", aseveró.
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