Deming, una pequeña ciudad en Nuevo México con 14.000 habitantes, se ha tenido que enfrentar a la crisis creada por las políticas migratorias del presidente, Donald Trump, luego de que las autoridades de inmigración dejaran en sus calles a más de 7.500 migrantes, ha reportado el diario USA Today.
Deming, ubicada a 33 millas de la frontera con México, es solo una de las comunidades que ha tenido que encarar problemas sociales y económicos debido a las decisiones de la Administración Trump.
Colleen Bridger, funcionaria de San Antonio, Texas, ha indicado que la Patrulla Fronteriza comenzó a abandonar migrantes en el terminal de buses de la ciudad en marzo de este año, agregando que a veces los dejan allí en mitad de la noche sin previo aviso.
Desde entonces, San Antonio ha recibido más de 31.000 migrantes dejados en libertad por la Patrulla Fronteriza luego de que solicitaran asilo.
La crisis ha llevado a la ciudad a tomar medidas desesperadas, como convertir una antigua tienda de sándwiches en un centro para procesar a los migrantes y ofrecerles comida y atención médica.
Los esfuerzos para atender a los migrantes le han costado a la ciudad más de 540.000 dólares.
En Albuquerque, en el estado de Nuevo México, el gobierno local ya estaba teniendo problemas para proveer atención a 4.000 personas en estado de indigencia cuando el gobierno federal liberó y dejo a su suerte a 4.000 migrantes.
Según el diario, múltiples gobiernos locales en la frontera sur han gastado al menos 7 millones de dólares en el último año para asistir a miles de migrantes indocumentados dejados en libertad luego de estar bajo custodia del gobierno federal.
Líderes de esas comunidades fronterizas han dicho que es su deber moral ayudar a los migrantes que frecuentemente se encuentran enfermos luego de pasar tiempo detenidos en instalaciones de la Patrulla Fronteriza.
“Teníamos que responder”, ha dicho Bridger. “La gran mayoría de esas familias tienen niños pequeños, entonces la alternativa es tener a cientos de familias durmiendo en la calle”, ha agregado.
Los líderes de ambos partidos políticos de las ciudades afectadas han dicho que se sienten frustrados con la Administración de Trump por lo que describen como una política no financiada que obliga a las comunidades locales a recoger los pedazos de un sistema federal de inmigración averiado.
"Este no es nuestro trabajo", ha indicado Pat Davis, un concejal demócrata de la ciudad de Albuquerque, que presupuestó 250.000 dólares este año para ayudar a grupos sin animo de lucro que se dedican a prestar atención a los migrantes.
"La gente paga impuestos municipales para que recojan su basura, para que venga la policía cuando alguien entra en su casa, para apagar incendios. Ahora el gobierno federal le dice a las ciudades que tienen que usar el dinero local para solucionar un problema nacional", ha señalado.
Esa misma frustración es evidente en otros lugares controlados por republicanos.
El año pasado, la Junta de Supervisores del condado de San Diego, de mayoría republicana, votó para unirse a la Administración de Trump en una demanda que busca retar la ley "santuario" de California, que limita la cooperación estatal con los funcionarios federales de inmigración.
Después de que la Patrulla Fronteriza comenzó a dejar a los inmigrantes en el condado, algunos de los cuales llegaron desde Texas, esos mismos republicanos decidieron intervenir para ayudar a los migrantes.
La Junta votó para usar propiedades del condado para albergar a los migrantes y ha coordinado los esfuerzos para proveer alimentos, atención médica y transporte a más de 17.000 migrantes, a un costo de más de 2,7 millones de dólares en lo que va del año.
"No queríamos ver a estas familias dejadas en libertad en nuestras calles sin ningún tipo de apoyo u orientación", ha afirmado el supervisor republicano Greg Cox, quien copatrocinó el plan "La salud no conoce fronteras".
En abril, la junta fue más allá y votó para demandar al Gobierno de Trump por su práctica de abandonar a los migrantes en las comunidades fronterizas.
Aunque el Congreso reservó 30 millones de dólares para reembolsar a las comunidades fronterizas como parte de un proyecto de ley de gastos de emergencia de 4.6 mil millones aprobado en julio, los funcionarios locales aún no saben cómo se distribuirá ese dinero, o cuánto se destinará a cada gobierno local.