Muneer Subaihani, un inmigrante iraquí, puede considerarse afortunado. Tras ser deportado a Irak luego de pasar 25 años en Estados Unidos, la mayoría de ellos en Nashville, Tennessee, pudo regresar debido a que su expulsión del país se realizó sin una audiencia de inmigración.
Subaihani había sido condenado por posesión de marihuana en 2002 y 2004. En Nashville, bastión del programa de deportación Comunidades Seguras, pocos tienen tanta suerte como él.
Comunidades Seguras, un programa de deportación que comenzó en 2008 bajo el presidente republicano W Bush, fue suspendido por el presidente demócrata Barack Obama en 2014 y revivido por Trump tan pronto tomó posesión.
Y ahora, un estudio de la Universidad de California - Davis, revela que las deportaciones de inmigrantes no contribuyen a reducir la criminalidad.
Comunidades Seguras es un programa al que se suscriben las localidades de manera voluntaria e involucra la cooperación entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los departamentos de policía locales para deportar indocumentados. ICE usa otros programas y regulaciones con el mismo fin.
Consiste, en buena medida, que cuando las autoridades policiales arrestan a una persona -incluso por una violación de tráfico- sus huellas digitales sean contrastadas con la base de datos de ICE. Si la persona no tiene un status legal en el país, un proceso automatizado notifica al Centro de Apoyo a la Aplicación de la Ley (LESC) de ICE.
En muchos casos, ICE solicita un “detainer”, o sea, que la persona sea mantenida tras las rejas hasta 48 horas después de su liberación prevista para que la agencia pueda ir a recogerla y procesarla para su deportación.
Algunas localidades han declarado su rechazo al programa adoptando el status de santuario, y exigiendo que la policía no coopere con las autoridades migratorias de esa forma.
Mientras que algunas comunidades adoptaron el programa desde su inicio, otras lo hicieron en 2013.
El análisis nacional de UC, reflejado por el diario The New York Times, examinó más de mil áreas locales antes y después de que adoptaran Comunidades Seguras y determinó que los lugares que deportaron más inmigrantes no parecían más seguros que aquellos que deportaron menos.
En su investigación, titulada “Inmigrants’deportations, local crime and police effectiveness”, los expertos Annie Laurie Hines y Giovanni Peri compararon los datos de deportaciones del Centro de intercambio de Acceso a Registros transaccionales (TRAC) en la Universidad de Syracuse con las tasas de criminalidad del Programa de Denuncia Uniforme de Delitos del FBI, y no hallaron relación entre deportaciones y delitos.
Tampoco se pudo precisar un efecto de las deportaciones en delitos violentos o de propiedad, independientemente de cuán agresivas fueran las deportaciones en un área determinada.
El estudio también evaluó la idea de que Comunidades Seguras podría ayudar a la policía a resolver crímenes de manera más efectiva mediante el intercambio de información. La comparación de las tasas en las que los delitos denunciados se marcan como resueltos por la policía no mostraron ningún efecto de las deportaciones. Los delitos se resolvieron a tasas similares, independientemente de la agresividad de las deportaciones en un área.
El caso de Nashville
Los investigadores tomaron como caso de estudio particular la ciudad de Nashville, en Tennessee.
Nashville introdujo una de las versiones más agresivas de Comunidades Seguras en 2010. Para el final del programa en 2014, más de 1,600 personas en la ciudad habían sido deportadas, casi 0,5% su población en edad laboral. Antes de que se descontinuara, una décima parte del porcentaje de la población en edad laboral de Nashville había sido deportada como resultado de infracciones menores, una tasa mayor que la del 97% de las áreas en todo el país bajo el programa.
Aun así, el nivel de delitos en Nashville antes y después de Comunidades Seguras fue similar. Las encuestas muestran que uno de cada cinco residentes de Nashville está a favor de las deportaciones, una de las muestras más fuertes de apoyo en el país al programa.
El presidente Trump ha convertido en piedra angular de su gobierno la restricción a la inmigración. A pesar de esto, este año fiscal entre octubre de 2018 y junio, el gobierno de Trump deportó la mayor cantidad de inmigrantes, 282,242 personas, una cifra todavía inferior a la de 409 849 bajo el gobierno de Obama, en 2012.
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