WASHINGTON.— Mientras el Senado se prepara para votar esta semana una medida para impedir otro cierre del gobierno, más de 6.000 monjas y activistas exigieron hoy a los senadores un cese a los fondos para la separación de familias y represión de migrantes en la frontera sur.
El Senado votará, tan pronto como el próximo miércoles, una “resolución continua” para financiar las operaciones de la burocracia federal hasta el próximo 21 de noviembre y evitar otro cierre parcial del gobierno, como el que ocurrió durante 35 días entre diciembre y enero pasados.
Aprovechando esta “ventana de oportunidad”, una treintena de activistas ecuménicos de todo el país entregaron hoy una carta a los principales líderes demócratas y republicanos del Senado, firmada por mil monjas y 5.000 activistas de las comunidades judía, cristiana y musulmana, para que la Administración Trump “deje de aterrorizar” a las familias migrantes.
Durante un acto afuera del Capitolio, el senador demócrata por Virginia y excandidato a la vicepresidencia demócrata en 2016, Tim Kaine, apoyó la campaña de presión de los líderes religiosos, al destacar que la Administración Trump mantiene “en crisis” al país por desviar fondos de programas importantes para su muro fronterizo.
La Administración “siempre está buscando más dólares para el muro y otras prioridades, pero tenemos votos acá en el Congreso para cambiar esas prioridades, y debemos hacerlo “, dijo Kaine, en español, a los periodistas.
Según Kaine, Trump ha provocado una “crisis cada día” desde que asumió el poder en 2017, obviando consultas con el Congreso y demostrando que no toma en cuenta "los valores de la Constitución".
Tras el podio, el senador demócrata por Virginia Tim Kaine, en el fondo el Capitolio de Washington, D.C.
Es que, de cara a sus esfuerzos de reelección en 2020, Trump quiere demostrar a su base que sí está cumpliendo con su promesa de construir un muro en la frontera, pero su Administración afronta críticas porque, para lograrlo, ha desviado fondos de programas del Pentágono y de respuesta a desastres naturales.
Por su parte, la hermana Quincy Howard, miembro de “Network”, una red de activistas de monjas católicas, consideró que el Congreso ha perdido de vista las prioridades de los votantes estadounidenses que, a su juicio, no quieren ver un derroche de fondos públicos en la represión de inmigrantes.
La carta “les enseñará que hay personas de fé en todos los Estados Unidos que quieren ver un cese de cómo están gastando nuestro dinero, y afrontamos un momento en que muchas personas en los estados ya no pueden apoyar este gobierno”, afirmó Howard.
“Con la elección próxima (en 2020), van a ver los senadores y legisladores que ya no podemos apoyarlos así” si con los fondos aprueban la gestión del DHS, enfatizó la monja.
En la carta, los activistas advierten que EEUU afronta una “crisis moral” debido a que el presidente Donald Trump, su Gabinete y los agentes fronterizos “intencionalmente perjudican, degradan y aterrorizan a inmigrantes y solicitantes de asilo” en la frontera sur y al interior del país.
En concreto, los religiosos llegaron al Capitolio con tres reclamos: menos fondos para la detención y deportación de migrantes, y la militarización de la frontera, y los aumente para el proceso de asilo y reasentamiento de refugiados; alternativas a las detenciones y que se mantenga unidas a las familias, y haga una vigilancia “robusta” de los centros de detención y del uso de fondos públicos.
La carta está dirigida al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, su contraparte demócrata, Chuck Schumer, y los principales dirigentes del Comité de Asignaciones de la Cámara Alta, el republicano Richard Shelby, y Patrick Leahy, senador independiente por Vermont.
En el marco de su campaña de presión política, los activistas denunciaron la separación de familias, la muerte de niños bajo custodia federal, o su traslado a centros de detención, donde son colocados en “jaulas” y duermen en el piso, o no tienen acceso siquiera a un cepillo de dientes.
El DHS ha rechazado tajantemente esas acusaciones, al afirmar que los fondos adicionales aprobados por el Congreso hace unos meses han ayudado a mejorar las condiciones en los centros de detención.
La agencia también afirma que los agentes tienen la obligación de hacer cumplir las leyes de inmigración, y que recae sobre el Congreso aprobar una reforma migratoria que, entre otros elementos, elimine los “alicientes” de la inmigración ilegal.
Otra vez, sin consenso
La votación de la medida temporal en el Senado se debe a que el Congreso aún no logra consenso sobre la aprobación de los presupuestos de 12 agencias federales para el año fiscal 2020, que comienza el próximo 1 de octubre.
Por ahora, el Senado no ha sometido a voto ninguno de los 12 presupuestos , y la Cámara de Representantes tiene dos pendientes de aprobación.
Como en otras ocasiones, entonces, las disputas sobre el muro y la seguridad fronteriza han estancado las negociaciones, y la aprobación de una “resolución continua” sólo retrasa el polémico debate hasta pocos días antes del feriado del “Día de Acción de Gracias”.
En la lista de tareas pendientes está el presupuesto de casi $64,000 millones para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que dependen las operaciones policiales contra la inmigración ilegal en la frontera y al interior del país.
La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó, con 301 votos a favor y 123 en contra, una “resolución continua” que mantendrá a flote la burocracia federal hasta el próximo 21 de noviembre, superando incluso los votos que se requieren para superar un posible veto presidencial.
Si el Senado aprueba la medida esta semana, ésta requerirá 67 votos en el supuesto de que el presidente Donald Trump la rechace.
La idea del Senado es evitar una repetición del drama suscitado entre el 22 de diciembre y 25 de enero pasados en el que, también por disputas sobre fondos para la frontera, el gobierno federal agotó sus fondos y cerró sus puertas durante 35 días, en lo que ha sido el cierre más extenso en la historia del país.
En esa ocasión, miles de empleados públicos fueron suspendidos o trabajaron sin sueldo -por segunda vez durante la presidencia de Trump-, y las encuestas reflejaron que la mayoría de los estadounidenses culpó a los republicanos por la debacle.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo hoy a los periodistas que Trump está dispuesto a firmar la medida temporal.