El juez del distrito sur de California Dana Sabraw lleva tiempo ocupado en la evaluación de cuestiones referidas a las políticas de inmigración de la administración del presidente, Donald Trump. Y ahora se encuentra ante un caso respecto a la separaciones de familias migrantes en la frontera que le genera dudas. Él mismo lo definió este viernes como “un asunto espinoso”.
En junio de 2018, Sabraw ordenó al Gobierno que detuviera la práctica de dividir a familias migrantes en la frontera.
Estas separaciones ocurrieron en gran medida durante los dos meses anteriores, en los que estuvo en vigor la política de “tolerancia cero” del presidente, Donald Trump, que pretendía procesar a todos los migrantes que cruzaban la frontera. Aunque el Gobierno reconoció después que hubo más casos en otros periodos.
Al mismo tiempo, Sabraw solicitó a la administración Trump que devolviera a sus propias familias a más de 2.700 menores que en ese momento estaban detenidos y separados de ellas. La orden de parar la práctica de división de las familias contemplaba sin embargo excepciones en algunas circunstancias limitadas, como las preocupaciones al respecto de la seguridad de los niños.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) aseguró más de un año después en una demanda ante este juez federal que posteriormente a esa orden se separaron a más de 900 niños.Y alegó que en algunos casos, el Gobierno abusó de criterios como la evaluación de antecedentes penales o las dudas sobre si un menor fuera realmente hijo biológico de un adulto migrante.
En la demanda, ACLU aportó ejemplos como el de un padre que fue apartado de su familia porque tenía un antecedente por daños a la propiedad valorados en 5 dólares. O el de una una bebé de un año separada luego de que un funcionario criticó a su padre por dejarla dormir con un pañal mojado.
La organización pidió a Sabraw que definiera de manera más precisa qué criterios de la administración considera válidos cuando esta decide si separa una familia. El juez federal mantuvo este viernes una sesión de dos horas, algo que The Associated Press define “inusual” para él. Pero de momento no ha llegado a dictaminar un veredicto, alegando que tenía dudas al respecto.
Según argumentó, una persona condenada por agresión con un arma letal podría ser el “padre más cariñoso y protector” y no suponer ningún peligro para el niño, pero probablemente no sea apto para estar en un centro de detención para familias migrantes.
Su evaluación sobre si limita ulteriormente las separaciones fronterizas prosigue.
DELITOS MENORES Y ADN
El Ejecutivo destacó que el número de niños separados en circustancias excepcionales entre junio de 2018 y julio de 2019, cuando ACLU presentó su demanda, supone un pequeño porcentaje de los más de 500.000 arrestos y detenciones de personas que cruzaron la frontera mexicana en familia y de forma ilegal durante este periodo.
Scott Stewart, abogado del Departamento de Justicia, reconoció algunos errores pero agregó que el gobierno tiene un buen sistema.
Un documento de dos páginas emitido un día después del fallo de Sabraw en 2018 por solicitud Kevin McAleenan, quien entonces ejercía de comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) y ahora es secretario de Seguridad Nacional interino, incluye entre los criterios para las separaciones familiares que uno de los progenitores esté condenado por un delito grave o “delitos menores violentos”, tenga una enfermedad contagiosa o suponga “un peligro para el niño”.
Los efectivos de la Patrulla Fronteriza en el sector del valle del Río Bravo en Texas, el cruce fronterizo ilegal más transitado, separan a las familias si uno de los padres tiene una condena por delitos como asalto, agresión, robo, resistencia a la autoridad, atropello o conducta desordenada, explicó la semana pasada en un documento judicial Lloyd Easterling, quien supervisa el procesamiento y los enjuiciamientos en la región.
Los “robos simples”, fraudes, delitos menores de tránsito y narcotráfico y la conducción en estado de ebriedad sin factores agravantes no suelen derivar en divisiones.
Las acusaciones sobre antecedentes penales o afiliaciones a pandillas en otros países son más difíciles de probar, pero los controles biométricos y las comparaciones fotográficas suelen proporcionar respuestas, dijo Easterling.
Las partes discutieron este viernes sobre la generalización del uso de pruebas de ADN rápidas a adultos sospechosos de mentir sobre su parentesco con un menor.
El Gobierno sostiene que aumentar el uso de esas pruebas, que arrojan resultados en unos 90 minutos y se han probado a lo largo de toda la frontera con México, podrían suponer obstáculos financieros y logísticos.
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