El Gobierno de Trump y El Salvador firman un acuerdo para frenar a los solicitantes de asilo

EEUU y El Salvador suscribieron un acuerdo mediante el cual el país centroamericano aumentaría su capacidad para acoger a solicitantes de asilo que pasen por su territorio. El acuerdo fue condenado por grupos pro-inmigrantes y humanitarios en todo Estados Unidos.

Breaking News Emails

Get breaking news alerts and special reports. The news and stories that matter, delivered weekday mornings.
SUSCRÍBETE
/ Fuente: TELEMUNDO

WASHINGTON.— El secretario de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, y la canciller de El Salvador, Alexandra Hill, firmaron hoy un “memorando de acuerdo” de colaboración para que los migrantes rumbo a EEUU puedan previsiblemente solicitar asilo en ese país centroamericano, en el marco de la campaña de presión que mantiene Washington contra los cruces ilegales en la frontera sur.

Durante una rueda de prensa, McAleenan y Hill elogiaron el acuerdo bilateral para poner fin al éxodo de migrantes irregulares hacia Estados Unidos, aunque no proveyeron detalles sobre el acuerdo y su implementación.

“Lo principal de este acuerdo es un acuerdo de cooperación de asilo, el reconocimiento de que El Salvador desarrolla su propio sistema de asilo, y un compromiso (de EEUU) de ayudarles a construir esa capacidad”, explicó McAleenan.

Al atacar de manera conjunta la emigración ilegal, un “uso potencial” del acuerdo, agregó, es que los migrantes que crucen a través de El Salvador rumbo a EEUU “puedan buscar protección en ese país”.

Oficialmente no se trata de un acuerdo de tercer país seguro, como el que se discute con Guatemala y que México se ha negado a aceptar, aunque tendrá un efecto similar al requerir que los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos lo hagan primero en territorio salvadoreño.

El objetivo estadounidense es evitar que los migrantes lleguen hasta su frontera sur y así reducir la montaña de casos de asilo que atascan los tribunales de Inmigración.

Preguntada sobre qué necesidades tiene El Salvador para hacer valer el acuerdo,  Hill dijo que su país necesita el apoyo de EEUU en dos áreas: el incremento a la seguridad y el combate contra las pandillas, que amenazan, matan y extorsionan, y “más iniciativas de inversiones”.

También indicó que necesitan un mayor intercambio de información biométrico sobre los salvadoreños que son deportados de EEUU, y ayuda para su reasentamiento y oportunidades económicas.

Hill abogó por alternativas legales para una “migración segura”, como la ampliación del programa de visas temporales “H-2A” -otorgadas al sector agrícola-, para que los salvadoreños puedan venir a realizar trabajos en EEUU y después regresar.

Asimismo, McAleenan elogió la intención y “compromiso muy poderoso” del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de poner fin a la migración ilegal durante su mandato de cinco años.

 “El Salvador ha dado un paso hacia adelante y ha cumplido con esos esfuerzos”, que incluyen una reducción de “más del 62%” en el arresto de migrantes salvadoreños en la frontera del suroeste de EEUU, precisó McAleenan.

Otro ejemplo, según McAleenan, fue el anuncio, el pasado 12 de septiembre, el despliegue de 300 agentes migratorios y 800 policías y soldados para patrullar las áreas cerca de la Hachadura, en la frontera entre El Salvador y Guatemala, un punto de trasiego de inmigrantes indocumentados.

Get the noticias newsletter.

McAleenan había viajado a El Salvador el pasado 28 de agosto y en esa ocasión firmó con Bukele una “carta de intención”, que sirvió de precursor al acuerdo.

Pocos detalles del acuerdo

Según el secretario del DHS, el acuerdo bilateral tiene el objetivo de “construir una capacidad de protección” para quienes afrontan persecución por motivos políticos, raciales, religiosos o sociales, y además refuerza el compromiso de El Salvador, con la ayuda de Naciones Unidas, de “desarrollar aún más su sistema de asilo”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha divulgado aún el texto del acuerdo y, salvor las declaraciones públicas de McAleenan y Hill, poco se sabe de su contenido específico y eventual implementación. Tampoco explicaron qué tipo de compromisos logró el gobierno de El Salvador de parte de la Administración Trump a cambio de firmar el acuerdo.

Por su parte, la canciller salvadoreña destacó que si bien el gobierno de su país no resolverá el problema de la emigración ilegal en 100 días, es importante recordar que se trata de “seres humanos que sufren, que buscan un mejor futuro para ellos y sus hijos”.

Como ejemplo de ese sufrimiento, Hill recordó el caso del migrante salvadoreño Oscar y su hija, Valeria, que murieron ahogados al intentar cruzar el Río Bravo el verano pasado.

“Eso golpea a El Salvador en el corazón, y también golpea a EEUU en el corazón. Y es lo que estamos tratando de evitar”, afirmó la funcionaria.

Buscan alternativas al TPS

Durante la sesión de preguntas de la prensa, Hill subrayó la necesidad de soluciones permanentes para los salvadoreños indocumentados en EEUU, incluyendo a los poco más de 196,000 amparados al programa de “Estatus de Protección Temporal” (TPS).

El 95% de los “tepesianos” salvadoreños trabajan, el 53% tiene hipotecas, y tienen 200,000 niños nacidos en EEUU, además de echar “profundas raíces” en sus comunidades, al establecer negocios y crear empleos para estadounidenses, enfatizó Hill.

“Ambos gobiernos estamos convencidos en buscar soluciones con respecto a su situación de protección temporal”, dijo Hill en español.

El TPS, aprobado por el Congreso en 1990, es un alivio migratorio que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países de origen debido a conflictos civiles, desastres naturales, u otras “circunstancias extraordinarias”.

Cumpliendo una promesa electoral de combatir la inmigración ilegal y eliminar sus “alicientes”, la Administración Trump comenzó a desmantelar el TPS, pero, por ahora, se mantiene en vigor gracias a dictámenes judiciales.

La canciller dijo que la migración irregular ha sido un tema pendiente para El Salvador por al menos tres décadas, pero el problema ha alcanzado tal nivel que “es extremadamente importante” que ambos países den respuesta a la situación de forma conjunta.

Hill tiró dardos al gobierno anterior del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), al destacar las diferencias de “noche y día” entre ambos.

Ahora El Salvador es “un aliado de EEUU después de una década con un gobierno que era pro-Chávez” y “anti-estadounidense”, mientras que el anterior embajador salvadoreño en Washington “ni siquiera hablaba inglés”.

Con apenas 108 días en el poder, Bukele ha dado un giro de 180 grados a la política migratoria, y ha dejado en claro que la migración ilegal “es responsabilidad de El Salvador” pero no ha dado seguridad ni oportunidades para que la gente no emigre a EEUU, explicó la canciller, quien calificó el acuerdo como una oportunidad en la que ambas partes “ganan”.

Hill afirmó que el gobierno anterior no había hecho nada en los últimos 15 años, pero omitió mencionar que su antecesor, Hugo Martínez, prácticamente acampó en Washington para presionar al Congreso y la Administración Trump por protecciones permanentes para los “tepesianos”.

Un acuerdo “mortal”

El nebuloso acuerdo fue condenado de inmediato por grupos pro-inmigrantes en EEUU, entre estos “Human Rights First”, como un “acuerdo fatal” para solicitantes de asilo, tomando en cuenta los altos niveles de homicidios, violencia y pobreza en el país centroamericano.

“El Salvador no es un lugar seguro para sus propios ciudadanos, así es que considerarlo seguro para refugiados que buscan asilo sería simplemente risible, si no peligroso y mortal. Este acuerdo no solo minimiza los peligros que afrontan estos individuos sino que amenaza la seguridad of refugiados que huyen de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y otros países”, advirtió Acer.

Por su parte, el salvadoreño Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Americas dijo que ha visto de primera mano la inestabilidad y violencia que “dejó la política exterior de EEUU en El Salvador”.

Si se pone en marcha este acuerdo, EEUU obligará a las comunidades más vulnerables “a buscar seguridad en un país que no está equipado para proteger a sus propios ciudadanos o proveerles oportunidad económica.

“Es inhumano que EUU le esté dando la espalda a las propias condiciones que ayudó a crear” en El Salvador, sentenció Chacón.