Un juez federal ha bloqueado este miércoles la deportación de Cristian Aguasvivas, un hombre dominicano acusado de matar a un oficial de policía en su país de origen, argumentando que corre el riesgo de ser torturado si es enviado de vuelta, ha informado la agencia de noticias The Associated Press.
El juez de la Corte de Distrito de Rhode Island, John McConnell, dictaminó que extraditar a Aguasvivas violaría la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe la extradición de una persona a un país donde es probable que sean torturado.
En su decisión, McConnell ordenó que el hombre fuera dejado en libertad.
En la decisión, McConnell citó una decisión anterior de la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración, la cual concluyó que Aguasvivas probablemente sería torturado por la policía dominicana si regresaba allí.
Aguasvivas, descrito en el fallo como un ebanista y padre de dos hijos, está acusado de dispararle a un oficial de la Agencia Nacional de Control de Drogas de República Dominicana en Bani, una ciudad a unas 40 millas al oeste de Santo Domingo, en 2013.
Las autoridades dominicanas dijeron que los oficiales habían tratado de arrestar a Aguasvivas por cargos relacionados con narcóticos cuando éste disparó fatalmente a un oficial e hirió a los otros dos.
Después del incidente, el hombre huyó a los Estados Unidos y buscó asilo en el país afirmando que las fuerzas de seguridad dominicanas mataron a su hermano y torturaron a su familia, según ha indicado el fallo de McConnell.
Aguasvivas fue detenido en Lawrence, Massachusetts, en 2015 por una tarjeta de identificación falsa.
Los fiscales federales han presentado un recurso legal para bloquear su liberación, ha su abogada, Amy Barsky, recalcando que su cliente mantiene su inocencia.
"Esperemos que esta pesadilla finalmente termine", agregó Barsky por correo electrónico. "La decisión del juez McConnell fue absolutamente la correcta".
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que había presentado informes sobre el caso, calificó la decisión como una victoria importante frente al "sentimiento antiinmigrante" en el país.
"Envía un fuerte mensaje de que el gobierno federal no está por encima de la ley", ha señalado Steven Brown, representante de ACLU en Rhode Island.