El precandidato presidencial O´Rourke propone legalizar la marihuana y poner fin a la lucha antidrogas en EEUU

El plan de este político demócrata para legalizar la marihuana a nivel federal es uno de los más ambiciosos en la contienda presidencial para 2020

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/ Fuente: TELEMUNDO

WASHINGTON.—El precandidato presidencial demócrata, Beto O´Rourke, presentó hoy un ambicioso plan que, si gana en 2020, buscaría descriminalizar la marihuana, poner fin a la lucha antidrogas, y avanzar medidas para ayudar a minorías golpeadas por la “mano dura” del gobierno en estas lides.

 “No solo necesitamos poner fin a la prohibición de la marihuana sino también reparar el daño hecho a las minorías encarceladas desproporcionalmente en nuestro sistema de justicia criminal, o privadas de oportunidades debido a la Guerra contra las Drogas”, dijo O´Rourke en un comunicado que acompaña su plan.

“Estas desigualdades se han agravado durante décadas, porque mientras las comunidades predominantemente blancas han tenido la vasta mayoría de lucrativas oportunidades de negocios, las minorías aún enfrentan una excesiva vigilancia policial y la criminalización”, agregó.

O´Rourke se refería a un análisis del Centro para el Progreso Estadounidense de 2017, que mostró que en los estados donde se permite la venta de marihuana, los blancos dominaban esos negocios y sólo el 19% de los comerciantes eran de grupos minoritarios.

El plan aboga por la legalización de la marihuana, la eliminación de ese delito del historial de los sentenciados, e inversiones sociales en comunidades minoritarias golpeadas por la lucha antidrogas.

Su plan, aseguró O´Rourke, comenzaría a corregir las injusticias del pasado y a ayudar a quienes más ha impactado una “guerra equivocada”.

Lo que pide O´Rourke

El plan de O´Rourke, adelantado a varios medios, incluyendo Noticias Telemundo, legalizaría la marihuana a nivel estatal y federal mediante una reforma de los estatutos federales y su eliminación de la lista de sustancias controladas, pero su consumo, tanto recreativo como medicinal, estaría restringido a espacios privados.

Siguiendo el modelo de la regulación del alcohol,  el plan de O´Rourke limitaría la venta de marihuana a adultos y exigiría prueba de identificación y edad. Y habría campañas de mercado para educar al público sobre los peligros del uso de la marihuana, para así evitar su consumo entre menores o en adultos detrás del volante.

También propone que se eliminen los cargos relacionados con la marihuana como motivo de deportación o negación de la ciudadanía. La Administración Trump ha facilitado la deportación de personas condenadas por posesión de marihuana, pese a que once estados lo permiten para uso recreativo.

Además permitiría la producción, comercialización y distribución de marihuana mediante licencias y pago de cuotas e impuestos, y los empresarios tendrían acceso al sector bancario para sus transacciones.  Los negocios tendrían que estar alejados de escuelas, guarderías, iglesias y demás sitios “no compatibles”.

O´Rourke otorgaría clemencia a quienes purgan prisión por posesión de marihuana, y establecería una junta de revisión para examinar la puesta en libertad de otros sentenciados por otros delitos relacionados.

Además, permitiría que las personas condenadas por posesión de marihuana puedan eliminar ese delito de su historial, para no tener trabas en su diario vivir.

Entre otros elementos, el plan estipula que ingresos del negocio de la marihuana se inviertan en comunidades minoritarias afectadas por la lucha antidrogas, para que éstas tengan prioridad y puedan establecer negocios regulados en ese sector.  

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Al crecer en El Paso (Texas), O´Rourke ha visto de primera mano el nexo entre la prohibición de la marihuana, la demanda de drogas que transitan en la frontera sur, y la devastación que han sufrido los latinos y afroamericanos por el mal enfoque de la lucha antidrogas, según su campaña.

En 2009, O´Rourke presentó una resolución en el concejo de El Paso a favor de un debate “honesto y abierto” contra la prohibición de la marihuana. El concejo aprobó la medida de forma unánime, pero el alcalde la vetó.

El excongresista es co-autor de un libro, publicado en 2011, que abogó por la descriminalización de la marihuana y la regulación, control y establecimiento de impuestos para todo el ciclo de ese mercado, incluyendo tránsito, producción, distribución y venta.

El costo de la criminalización de las drogas

Según un informe de 2016, realizado conjuntamente por "Human Rights Watch" y la Unión de Libertades Civiles de EEUU, cada 25 segundos hay un arresto en este país por posesión de drogas para consumo personal, y este tipo de arrestos supera los de cualquier otro delito.

Más de uno de cada nueve arrestos están relacionados con la posesión de drogas, una cifra superior a los 1,25 millones de arrestos cada año.

La prohibición de la marihuana provocó el arresto de 659,700 personas en EEUU en 2017, un 21% más que los 518,617 arrestos por delitos violentos, según cifras oficiales.

La aplicación agresiva de las leyes antidrogas ha golpeado desproporcionadamente a las minorías, en contraste con los blancos, aún cuando el nivel de consumo se ha mantenido sin cambio entre todos los grupos.

Entre 2001 y 2010, hubo más de ocho millones de arrestos por posesión de marihuana, o lo que equivale a una redada antidrogas cada 37 segundos, según datos de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU).

Debido a la criminalización de las drogas, a diario en EEUU, al menos 137,000 personas purgan condena en prisiones locales y estatales por posesión de drogas, y miles más salen en libertad condicional pero con una enorme carga financiera.

Con un historial criminal a cuestas, estas personas afrontan trabas para obtener empleo, asistencia pública, vivienda, préstamos, oportunidades de educación, y restricciones para ejercer su derecho al voto. Eso no incluye el estigma y la discriminación, que afectan principalmente a minorías y pobres.

Un tema popular en la campaña

La legalización de la marihuana goza de fuerte apoyo popular -especialmente para uso medicinal- y acapara espacios tanto en la contienda presidencial como en las legislaturas estatales.

En declaraciones a Noticias Telemundo, Justin Strekal, director político de la “Organización Nacional para la Reformas de las Leyes sobre Marijuana” ("NORML" por su sigla en inglés), señaló hoy que “nunca en la historia ha habido una contienda presidencial en la que tantos candidatos apoyen acabar con la fallida política de la criminalización de la marijuana”.

“Cuando más del 66% del público estadounidense, incluyendo mayorías demócratas, independientes y republicanos apoyan su uso legal entre adultos, es cada vez más probable que EEUU jamás volverá a elegir a un presidente prohibicionista”, enfatizó.

De la veintena de precandidatos demócratas presidenciales, sólo un puñado apoya la plena legalización de la marihuana a nivel federal, entre éstos Julián Castro, Kamala Harris, Andrew Yang, y Pete Buttigieg.

El exvicepresidente, Joe Biden, prefiere que sean los estados los que decidan su legalización, algo que ha sido fuertemente criticado por grupos progresistas.

Harris y los senadores Cory Booker, Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Michael Bennet copatrocinan una medida legislativa similar a la propuesta de O´Rourke, pero no tan ambiciosa.

En la actualidad, 33 estados permiten usar la marihuana para propósitos medicinales, y otros once la permiten para fines recreativos. El Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, permite su consumo para ambos objetivos.

Esfuerzos en el Congreso

El pasado 23 de julio, un grupo de legisladores demócratas del Congreso, liderado por Harris y el congresista Jerry Nadler, presentó un proyecto de ley bicameral para eliminar la prohibición federal de la marihuana, como parte de una reforma de la política antidrogas.

De ser aprobada, la llamada “Ley de Oportunidad de Reinversión y Eliminación de Antecedentes Penales de la Marihuana” (la ley “MORE”, por su sigla en inglés), eliminaría la marihuana de la lista de sustancias controladas del gobierno federal, y destinaría fondos a programas para atacar las desigualdades raciales en los arrestos por drogas.
También eliminaría las sanciones migratorias que conllevan los delitos de marihuana, y daría a los acusados la oportunidad de pedir una nueva sentencia y la eliminación de los antecedentes penales de su historial.