“Dicen que en este país, donde estamos, secuestran a mucha gente”, le suplicó David a los agentes migratorios estadounidenses que le escoltaban a él y a su hijo a través del puente fronterizo en dirección a México.
David no duró ni una noche: apenas unas horas más tarde, a tres millas de distancia, miembros de un cartel de narcotráfico rodearon a un grupo de una docena de inmigrantes en una estación de autobús y se los llevaron en camiones.
David, según el reportaje publicado por la web informativa Vice, que no aporta su nombre completo para protegerlo, es uno de los 42.000 solicitantes de asilo que han sido retornados a México a esperar durante semanas, meses o años a que se resuelva su petición, viviendo entre tanto en algunas de las ciudades más peligrosas del mundo.
El Gobierno que preside Donald Trump comenzó a principios de año a devolver a México a solicitantes de asilo centroamericanos, llevándoles a la ciudad fronteriza de Tijuana a esperar su cita con la corte migratoria. Lo hizo merced a un acuerdo con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que meses después se amplió a otros puntos fronterizos después de que Trump amenazara con aranceles.
Fue la primera de una serie de medidas para dificultar el asilo en Estados Unidos, a la que siguieron la negativa de concedérselo a quien hubiera cruzado ilegalmente la frontera en vez de pedirlo reglamentariamente en los puertos de entrada, y, finalmente, la negativa a concedérselo a quien no lo hubiera pedido antes en México o cualquier otro país que hubiera cruzado en su camino hacia Estados Unidos.
La política de devolución de inmigrantes a México ya ha afectado a más de 40.000 personas: “Les están enviando de vuelta a un lugar que es demasiado peligroso”, lamenta Laura, la hermana de David, “¿por qué lo hacen, por qué, si saben que México es un lugar tan peligroso”.
La citada web informativa ha recabado testimonios de numerosos solicitantes de asilo que fueron secuestrados o escaparon por poco después de haber sido enviados de vuelta a México. Las organizaciones criminales se los llevan en las escasas tres millas que separan la frontera de los refugios para migrantes, con el objeto de exigir miles de dólares a sus familiares por su liberación.
“Nos dijeron que nos llevarían al refugio”, contó David poco antes de ser secuestrado, “mintieron”, añadió, en referencia a los agentes estadounidenses.
En su lugar, tras cruzar la frontera texana hacia Nuevo Laredo, los dejaron en manos de agentes migratorios mexicanos, que les dieron dos opciones: un viaje en autobús a Tapachula, a 30 horas de distancia y junto a la frontera de Guatemala, o quedar a su suerte en Nuevo Laredo.
Elegir el autobús a Tapachula implicaba perder cualquier posibilidad de conseguir el asilo en Estados Unidos, puesto que no podrían acudir a tiempo a su cita con la corte de inmigración (ni siquiera recibirían probablemente la cita).
Quedarse en Nuevo Laredo implicaba jugarse la vida en una ciudad a la que el Departamento de Estado otorga el mismo nivel de peligro que Afganistán, Irak o Siria, alertando del riesgo de secuestro, asalto sexual y asesinato.
David y su hijo fueron secuestrados. Acusan a las autoridades migratorias mexicanas de entregarles a los carteles, aunque el Instituto Nacional de Inmigración niega haber recibido denuncias en ese sentido.
El ministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró el pasado jueves que el secuestro de migrantes no es “un fenómeno masivo”, pero el propio López Obrador advirtió después de que, cuando más inmigrantes lleguen, más grupos criminales habrá esperándoles, y mayor será el riesgo.
Los secuestradores le quitaron a David los papeles de su cita con las autoridades migratorias estadounidenses, prevista para diciembre. Tomaron sus nombres y fotografías y se pusieron en contacto con sus familiares para extorsionarles. Uno de los rehenes intentó huir, explica David: fue baleado.
Una de las amenazas de los secuestradores fue que los riñones de su hijo serían buenos para extirparlos y venderlos en el mercado de tráfico de órganos.
Laura, la hermana de David, que trabaja en una fábrica en Estados Unidos con un salario de 10 dólares la hora que apenas le da para vivir, logró reunir unos miles de dólares de familiares. David fue liberado, junto a su hijo, con la amenaza de que, si hablaba, le matarían. Atrás quedaron encerrados al menos 10 niños.