La justicia de México liberó a otros 24 detenidos vinculados a la desaparición de 43 estudiantes en septiembre del 2014 que estudiaban magisterio en el estado sureño de Guerrero.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, dijo que un juez decretó la víspera la “libertad inmediata y absoluta” de esas 24 personas por diversas violaciones al debido proceso en la obtención de las pruebas que había en su contra, entre otras, torturas y detenciones arbitrarias.
Posteriormente, la Secretaría de Gobernación precisó que 21 de estas personas quedaron en libertad inmediata, mientras que otras tres siguen en prisión por otros procesos.
En total, ya han sido puestos en libertad 74 de los 142 sospechosos arrestados en relación con el caso.
Los padres de los estudiantes y abogados de las familias criticaron esta semana la lentitud de la fiscalía y su falta de colaboración para evitar nuevas excarcelaciones, todas producidas debido a los numerosos errores en la investigación, cuyas inconsistencias fueron evidenciadas tanto por la justicia mexicana como por investigadores de la ONU y la Organización de Estados Americanos.
Sin embargo, Encinas achacó al juez la libertad de los involucrados porque, por ejemplo, “habla de torturas pero no finca ninguna responsabilidad”.
“Es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad”, dijo. “Y muestran la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia de nuestro país”.
Los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 cuando fueron secuestrados por policías municipales que los entregaron a un grupo del crimen organizado: Guerreros Unidos.
Su paradero sigue siendo un misterio porque aunque la versión oficial, sostenida por el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, asegura que fueron calcinados en un basurero y sus restos echados a un río cercano, expertos internacionales aseguraron que no había pruebas que sostuvieran esta tesis y sí muchas evidencias de que autoridades de todos los niveles de gobierno obstruyeron a la justicia.
Un tribunal colegiado mexicano ya había determinado en junio de 2018 que la investigación del caso “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República” (la fiscalía federal) y ordenó reponerla, lo que abría las puertas a que prosperaran la mayoría de los amparos presentados por los detenidos.
La última liberación impactante fue la de Gildardo López Astudillo, alias “el Gil”, en agosto, líder de Guerreros Unidos y el principal sospechoso de la desaparición de los jóvenes, y quien obtuvo la primera sentencia absolutoria de un caso en el que nadie ha sido condenado todavía.
Los padres de los desaparecidos pidieron esta semana al presidente Andrés Manuel López Obrador que se agilice el trabajo de la fiscalía para evitar más liberaciones, que se inicien procesos penales contra funcionarios involucrados en la obstrucción de la justicia y que se ordene al ejército que conteste las más de 100 preguntas que los abogados les han hecho y que, cinco años después de los hechos, siguen sin respuesta.
La fiscalía federal emitió un comunicado el sábado por la noche en el que se decía dispuesta a presentar “todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones” pero no anunciaron la apertura de nuevos procesos.
Desde finales de 2015 la justicia mexicana comenzó a amparar a vinculados al caso por los vicios de la investigación y la falta de pruebas contundentes para sostener los cargos.
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