La legislatura de California votó esta semana una norma para prohibir en el estado las prisiones privadas que se utilizan para encarcelar a detenidos. Entre ellas, se incluyen instalaciones utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para encerrar a migrantes indocumentados.
Si el gobernador de California, Gavin Newson, firma la nueva norma, esta prohibirá el establecimiento de nuevos contratos para prisiones privadas y la renovación de los que ya existen a partir del año que viene. Y cancelará totalmente su uso en 2028.
También impedirá al Departamento de Correcciones y Rehabilitaciones de California detener a personas en instalaciones privadas que se encuentren fuera de California. Solo dejará la posibilidad de renovar o extender contratos con prisiones privadas para cumplir con un límite de detenidos en las cárceles estatales ordenado para reducir su hacinamiento, asegura la revista Newsweek.
La oficina de Newson, un político demócrata, declinó decir si el gobernador vota la ley. Pero él mismo prometió el pasado enero, en su primer discurso como gobernador, que su administración acabaría con las prisiones privadas.
Como señala el diario británico The Guardian, los grupos que luchan para la defensa de los derechos de los inmigrantes consideran el paso dado por la legislatura de California como una importane victoria. Las instalaciones privadas que usa ICE en este estado pueden albergar a hasta 4.500 indocumentados, según este medio.
El legislador que impulsó la norma, Rob Bonta, en un principio solo incluyó las prisiones contratadas por el Departamento de Correcciones y Rehabilitaciones de California. Pero en junio modificó el borrador para agregar también las que utiliza ICE.
“Estas instalaciones privadas con fines de lucro, propiedad de Wall Street, tratan a las personas inhumanamente, como mercancías”, dijo Bonta a NBC News. “Aprovecharse de las personas encarceladas para obtener beneficios económicos no solo es moralmente incorrecto, sino inhumano y contrario a los valores de California".
The Guardian explica que la nueva norma podría tener efectos especialmente rápidos en el caso de dos prisiones para indocumentados de GEO Groups, compañía que gestiona algunos de los centros de detención de inmigrantes más grandes del California (así como distintas instalaciones en otros estados).
ICE y este grupo utilizaron complicados modelos de subcontratación para establecer la gestión de dos centros, acuerdos que involucraron también a las ciudades donde se ubican, Adelanto y McFarland. Pero el estado prohibió este tipo de contratos.
Geo solicitó romperlos, e ICE los reformuló de manera temporal, poniendo como fecha de caducidad el año que viene. Si la nueva norma es aprobada definitivamente, en 2020 entonces la compañía y la agencia federal no podrán renovarlos debido a que entrará en vigor la prohibición para ello.
En otros casos, las prisiones privadas dejarán de prestar servicios en California a medida que los contratos vigentes caduquen. A fecha de junio, había 2.222 detenidos en este tipo de instalaciones en el estado, según The Guardian. Las estadísticas de ICE indican que en agosto había 1.300 personas encerradas en centros de detención utilizadas por esta agencia.
Un portavoz de GEO declaró que la nueva norma “trabaja en contra de los objetivos estatales contra la reincidencia de la Proposición 57 aprobados por los votantes", en referencia a una propuesta de votación aprobada en 2016 para reducir la reincidencia en el estado.
El responsable de prensa de ICE, Bryan Cox, dijo que la agencia no ofrece comentario sobre normativa en fase de aprobación.
Las asociaciones que defienden a los migrantes todavía temen que la industria de las prisiones privadas encuentre una manera para eludir las intenciones de la mayoría de los legisladores de California, según The Guardian.
“Sabemos que Geo Group y Ice trabajan en secreto, y trabajan para eludir las leyes contractuales, por lo que todavía estamos monitoreando las cosas", afirmó Lizbeth Abeln, de la Coalición Interior para la Justicia de los Inmigrantes. Además, la activista avisa también que el futuro de los actuales detenidos todavía no está claro.
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