Tras el fallo de la Suprema Corte de esta semana que permitirá a las autoridades federales rechazar miles de solicitudes de asilo en la frontera, la administración del presidente Donald Trump ya apunta hacia su nuevo objetivo contra los inmigrantes indocumentados.
Este jueves, el director interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés), Ken Cuccinelli, dijo durante una entrevista con la cadena Axios que la ciudadanía por nacimiento (en suelo estadounidense) sólo debería concederse a los hijos de los migrantes con documentos legales.
Aunque el funcionario dijo que la medida seguramente no será implementada en corto plazo, se trata de una opinión que el presidente comparte, a pesar de que va en contra de la Constitución.
“Estamos estudiando muy seriamente el derecho a la ciudadanía por nacimiento”, dijo Trump en agosto, sin explicar en qué consistía su plan que implicaría modificar la Constitución.
“Somos el único país del mundo donde una persona viene, tiene un bebé, y el bebé es prácticamente un ciudadano de Estados Unidos (...) con todos sus beneficios”, dijo Trump, “Es ridículo. Es ridículo. Y tiene que acabar”.
“Está en proceso. Y sucederá con una orden ejecutiva”, añadió, “siempre me dijeron que necesitabas una enmienda constitucional, pero ¿adivina qué? No lo es. “Definitivamente puedes hacerlo con una ley en el Congreso, pero ahora están diciendo que puedo hacerlo solo con una orden ejecutiva”, añadió, en referencia a los abogados de la Casa Blanca a los que supuestamente había consultado.
No era la primera vez que Trump hacia esta promesa, que pronunció durante su campaña electoral en 2016.
Sin embargo, una orden ejecutiva no sería suficiente para cambiar la Constitución, que requiere de un proceso mucho más complejo. Y las cortes bloquearían cualquier orden del presidente que consideraran que viola la máxima ley del país.
La enmienda constitucional número 14 protege este derecho y dice que: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado donde residen”.
Una modificación constitucional debe ser aprobada por dos tercios de la Cámara de Representantes (actualmente de mayoría demócrata) y del Senado (republicano), y que luego sea ratificada por dos tercios de los Congresos de los 50 estados.
La enmienda 14, promulgada en 1968, deja abierto un resquicio para el debate por la frase “y sujetos a su jurisdicción”, puesto que podría significar que los bebés de inmigrantes indocumentados o de extranjeros no tienen ese derecho, según algunos expertos.
En cualquier caso, la Corte Suprema ha validado que así sea. Pero si Trump aprobara una orden presidencial y ésta fuera llevada ante la Corte Suprema, un nuevo dictamen podría cambiar esta interpretación de la Constitución.
Estados Unidos no es el único país con este derecho (conocido como jus solis), común en casi todo el continente americano, aunque no así en Europa.
El instituto de investigación Pew Research calcula que aproximadamente el 7,5% de los nacimientos en este país son hijos de indocumentados (hay unos 10,5 millones), y que 4,5 millones de estadounidense lo son precisamente de esta manera.
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