El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea construir un centro de entrenamiento de última generación para adiestrar a sus agentes en técnicas de guerrilla urbana, para lo que pretende levantar una ciudad simulada con viviendas, hoteles y edificios comerciales, según la revista Newsweek.
ICE publicó el martes una oferta pública para adquirir “dispositivos hiperrealistas de entrenamiento” para su nuevo centro de formación de agentes especiales.
Trató de ocultar dónde se construiría, pero la citada revista asegura que en la oferta se podía leer el lugar elegido: la base militar de Fort Benning, en la frontera entre Georgia y Alabama.
ICE levantará una réplica perfecta de un barrio en Chicago (Illinois) y otro de una ciudad de Arizona, hasta el punto de replicar no sólo edificios de apartamentos, hoteles, oficinas del Gobierno o centros comerciales, sino incluso patios con juguetes, muros falsos, o salones con platos y cubiertos en la mesa.
Tendrá 50 edificios, y costará 17 millones de dólares, según el diario The Atlanta Journal-Constitution.
De esta forma pretende entrenar a sus agentes especiales y operativos de deportaciones para operaciones de alto riesgo, captura de fugitivos, rescate de rehenes, redadas contra pandilleros, etcétera.
Desde su creación hace más de 15 años, casi 400 alumnos se han graduado como agentes especiales en su centro de formación de Fort Benning.
No es la primera vez que un error de ICE permite desvelar sus planes secretos.
En agosto, por ejemplo, la web informativa Mother Jones descubrió también en un contrato publicado en Internet la cuantía de su acuerdo con la firma de software Pallantir (49 millones de dólares).
Con la herramienta desarrollada por esta compañía, ICE puede rastrear información de bases de datos de tarjetas de crédito y cuentas bancarias; proveedores de internet y correo electrónico; registros médicos y de escuelas; e información de hoteles y restaurantes, según un manual al que tuvo acceso la web informativa Motherboard.
Precisamente esta semana se ha conocido otro contrato, en este caso de hasta 35 millones de dólares, con otra compañía tecnológico, la israelí Cellebrite, especializada en conseguir información de teléfonos celulares y otros dispositivos informáticos protegidos con contraseña, según la web informativa The Daily Beast.
ICE consigue información para capturar a inmigrantes indocumentados de bases de datos policiales, del FBI, e incluso de algunos Departamentos estatales de Vehículos de Motor.
Los inmigrantes indocumentados pueden obtener su licencia de manejo en 12 estados (California, Colorado, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, Nuevo México, Utah, Vermont y Washington) y en Washington DC.
Estudios científicos han demostrado que se aumenta así la seguridad en las carreteras y se evitan accidentes. Así, Florida, Texas y otros estados estudian leyes para otorgar también estos beneficios a los indocumentados.
Pero cada vez hay más evidencias de que, en algunos estados, las autoridades de transporte que emiten esas licencias colaboran entregando datos a ICE.
En Washington, el Departamento de Licencias estuvo entregando a ICE casi a diario información sobre indocumentados; el diario Seattle Times lo desveló y el gobernador, el demócrata Jay Inslee, ordenó que cesara esta práctica. El Departamento de Licencias aseguró que colaboraba con ICE como con cualquier otra agencia federal, y no “codo a codo” sino determinando “caso a caso”.
Esa expresión, “caso a caso”, fue utilizada también por las autoridades de Delaware, Colorado, Nuevo México e Illinois, que dijeron colaborar sólo en caso de una investigación criminal.
En Vermont, sin embargo, la organización Migrant Justice presentó una demanda ante una corte federal denunciando que el Departamento de Vehículos de Motor proporcionó nombres, fotografías y otros datos de trabajadores inmigrantes que permitieron su deportación, una conducta “discriminatoria” que se lleva a cabo con la connivencia de los supervisores y pese a el acuerdo alcanzado en 2016 para acabar con esta colaboración ante la Comisión estatal de Derechos Humanos.