WASHINGTON.— La Administración Trump defendió hoy la expansión de las “cortes de carpa” en la frontera sur para agilizar el procesamiento de casos de asilo de 42,000 migrantes regresados a México, así como la falta de acceso a observadores legales, la prensa o el público en general.
En una conferencia telefónica con periodistas, dos funcionarios de alto rango de los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional informaron de que dos “cortes de carpa” adicionales fueron instaladas esta semana en dos puertos de entrada en Texas. La instalada en Laredo tuvo su primera audiencia hoy, y la colocada en Brownsville lo hará mañana.
Las instalaciones, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llama “estructuras blandas”, se suman a las que esa agencia puso en marcha en los puertos de entrada en San Diego (California) y El Paso (Texas) en respuesta al aumento de solicitudes de asilo en la frontera bajo el programa Quédate en México, que obliga a los migrantes a esperar en ese país la resolución de sus casos de asilo.
Se calcula que, desde enero pasado, las autoridades de EEUU han regresado a México a unos 42,000 migrantes bajo ese programa.
“Decidimos identificar los lugares donde hemos visto el mayor flujo en el último año, y esos fueron en o cerca de Laredo y Brownsville… decidimos empezar en pequeño, así es que en ambos lugares tenemos un puñado de extranjeros con audiencias esta semana, y la próxima semana aumentaremos de forma exponencial”, dijo uno de los funcionarios.
“Los informes desde Laredo es que todo funciona bien, como estaba planeado, y esperamos que lo mismo ocurra mañana”, agregó el funcionario.
Se prevé que para la próxima semana, la “corte de carpa” en Laredo atienda entre 200 y 250 casos al día, con jueces a la distancia, según explicó el martes el legislador demócrata de esa ciudad, Henry Cuéllar.
Las autoridades no pudieron precisar el costo de la construcción de estas carpas, ni el cronograma para procesar los casos pendientes, aunque informes de prensa señalan que el costo es de alrededor de $25 millones.
Pero los funcionarios salieron al paso de las quejas de abogados, grupos cívicos y defensores de los inmigrantes sobre lo que consideran como la falta de transparencia sobre el proceso para los migrantes que han sido devueltos bajo el programa “Quédate en México”.
Un segundo funcionario insistió en que, si existen restricciones de acceso, eso se debe a que son instalaciones en lugares “un poco más sensibles” que implican “asuntos de seguridad”.
Sin embargo, las autoridades sí permitirán acceso a las instalaciones a los abogados que se han registrado para representar a migrantes, y a los familiares y testigos que el migrante necesite “para presentar su caso y tener el debido proceso”, dijo el funcionario del DHS.
Asimismo, el funcionario anticipó una baja en el número de migrantes regresados a México desde Laredo y Brownsville debido al descenso en general en los cruces ilegales en la frontera sur.
Sobre el ingreso de la prensa y al público, la Administración tiene pendiente “crear una política” en los próximos días que incluya una solicitud de acceso a las instalaciones, y las autoridades las estudiarán “caso por caso”, agregó.
Según los funcionarios, las “cortes de carpas” son modernas e impermeables, se ubican en un lugar seguro, cuentan con aire acondicionado y áreas de espera para testigos y el público, otras para familiares, y otras para que los abogados puedan reunirse con sus clientes.
También tienen “salones privados” para migrantes que temen ser regresados a México, para que puedan comunicarse por teléfono con las autoridades.
La de Laredo tiene 18 salas de audiencias, tecnología para que los jueces de Inmigración las realicen mediante videoconferencias desde otras cortes al interior del país -como lo han hecho durante décadas-, mientras que la de Brownsville tiene 66 salas de audiencias. Típicamente, los intérpretes están disponibles vía telefónica, para poder atender múltiples casos.
El proceso para los casos de asilo es el mismo: un juez convoca la audiencia y revisa el caso, y el migrante tiene 30 días para apelar un rechazo de su solicitud y una orden de deportación emitida por el juez, explicó el segundo funcionario.
“Esta es una solución temporal… estamos cumpliendo con la ley tal cual está escrita”, enfatizó.
Las explicaciones de la Administración Trump no han aplacado las críticas por la preunta falta de transparencia sobre el proceso.
En declaraciones a Noticias Telemundo, David Leopold, un abogado de inmigración en Ohio, dijo que acaba de regresar de Juárez y El Paso, y lo que está haciendo el DHS con los migrantes “es criminal”.
“Están privando a la gente de cualquier acceso a un abogado, a las leyes, o al asilo. Esto es una farsa… al enviar a la gente a México, las están poniendo en riesgo”, advirtió el abogado.
“Es indignante que estén privando a estos migrantes, estos refugiados, gente vulnerable, de sus abogados… lo que está ocurriendo acá es criminal y deberían ser enjuiciados, en vez de estar hablando con la prensa”, argumentó.
Según Leopold, EEUU ha devuelto sólo a la ciudad fronteriza de Juárez, en el lado mexicano, a unos 20,000 migrantes, de los cuales solo mil tienen acceso a vivienda, y el resto “está en las calles, expuestas a los carteles, los coyotes, y otros criminales que los exploten”.
“Que los lleven a la frontera, a tener una audiencia en una corte de carpa es una broma, pero es el menor de sus problemas. Si como abogado no puedo hablar con mi cliente antes de que se presente a la corte, esto no sirve; los abogados no pueden viajar a México porque no tienen autorización de practicar allí”, explicó Leopold, al detallar las trabas actuales.
Grupos como la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA), el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y “Human Rights First” se hicieron de la queja de Leopold, aunque está claro que la Administración no desmantelará el sistema que ha puesto en marcha.
El programa “Quédate en México” fue puesto en marcha en enero pasado para obligar a los solicitantes de asilo a aguardar en México la resolución de sus casos. México suscribió un acuerdo migratorio con EEUU el pasado 7 de junio que amplía ese polémico programa a otras ciudades más allá de la frontera común.
La conferencia telefónica coincidió con un dictamen del Tribunal Supremo que dio luz verde a que la Administración Trump continúe negando casos de asilo de migrantes centroamericanos que hayan pasado primero por otro país antes de llegar a la frontera de EEUU.