Un juez federal de California ha vuelto a bloquear a nivel nacional una regla aprobada por el Gobierno de Donald Trump para restringir el derecho al asilo.
¿En qué consiste la nueva regla? El Gobierno anunció el pasado 15 de julio una de sus medidas migratorias más duras: cualquier inmigrante que solicite asilo en Estados Unidos debe pedirlo antes en al menos uno de los países que atraviese durante su trayecto hacia la frontera.
Eso significa, por ejemplo, que una familia centroamericana que huya de la violencia deberá solicitar asilo en México (o, en el caso de hondureños y salvadoreños, en Guatemala) antes de poder hacerlo en Estados Unidos.
Estas familias constituyen la mayoría de los solicitantes de asilo que han llegado a la frontera sur de Estados Unidos en los últimos meses. Pero la nueva regla también afecta a los migrantes mexicanos, africanos, cubanos o de Haití.
¿Qué dijo el juez? La nueva regla fue inmediatamente contestada ante la justicia por asociaciones de derechos civiles, y el 24 de julio un juez federal emitió una prohibición cautelar para que el Gobierno no pudiera aplicarla al menos hasta que se decidiera si era legal o no (un proceso que puede llevar años).
Jon Tigar, juez federal en California, dictaminó que el Congreso ya ha reglamentado cómo funciona el sistema legal de asilo: sólo se puede negar si el solicitante puede pedirlo durante su camino en un país declarado seguro.
Pero Estados Unidos sólo ha firmado un acuerdo internacional declarando oficialmente a otro país como seguro: Canadá. México se ha negado a hacerlo hasta el momento, por lo que no puede considerarse legalmente como tal.
¿Qué dijo la Corte de Apelaciones? El Gobierno apeló la decisión ante la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, que el 13 de agosto publicó su veredicto: dio la razón al juez, pero con una importante matización.
La prohibición de aplicar esta nueva regla sólo estará en vigor en el territorio bajo la jurisdicción de esta corte: Alaska, Arizona, California, Hawai’i, Idaho, Montana, Nevada, Oregón, Washington, y los territorios de Guam y Mariana.
Así, la nueva regla podrá aplicarse en el resto del país, a menos que otro tribunal la prohíba, puesto que las asociaciones demandantes no han probado que la prohibición deba extenderse a todo el territorio, y la Corte Suprema, afirma la Corte de Apelaciones, se ha mostrado en contra de prohibiciones generales.
¿Qué ha hecho ahora el juez? Jon Tigar ha vuelto a bloquear este lunes la regla del Gobierno con carácter nacional, de forma que no se pueda aplicar en ningún estado. Lo ha hecho al considerar que las organizaciones de derechos civiles que presentaron la demanda han probado ahora que es necesario.
Estas organizaciones han indicado que atienden a solicitantes de asilo en otros estados que no forman parte del Noveno Distrito, y sufrirían “daños” a menos que la regla fuera prohibida de igual forma en todo el territorio nacional.
Ahora el Gobierno puede recurrir de nuevo a la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, que podría volver a cambiar la decisión del juez o reafirmarla por completo, ante lo que sólo quedaría un recurso a la Corte Suprema (lo que puede llevar años).