México considera que las medidas puestas en marcha en los últimos tres meses a raíz del acuerdo con Estados Unidos para frenar el flujo migratorio son un éxito al reducirse la migración un 56%. Pero colectivos de defensa de derechos humanos denunciaron el acoso al que son sometidos los migrantes, mientras crece la desesperación de los que se han quedado varados en el norte y el sur del país.
“Se logró la reducción de un flujo migratorio muy grande, complejo y que ponía en tensión nuestras normas legales y nuestra propia política migratoria”, dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y añadió que se hizo con respeto a los derechos humanos.
Ebrard presentó el viernes un informe sobre el acuerdo que evitó la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas y dijo que no teme una nueva amenaza en ese sentido cuando viaje a Washington para reunirse el martes con las autoridades estadounidenses y evaluar el tema porque México demostró que funciona su estrategia basada en los controles, la cooperación para el desarrollo y la lucha contra el tráfico de personas, delito por el que ya se iniciaron procesos penales a 357 personas.
DISMINUYEN LAS QUEJAS
Además, aseguró que las quejas sobre violaciones a los derechos humanos se han reducido considerablemente desde el despliegue del nuevo cuerpo de la Guardia Nacional.
“Felicidades, vamos muy bien en esta política exterior y con la relación con Estados Unidos”, le dijo el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.
PATRULLA FRONTERIZA
El canciller citó cifras de la Patrulla Fronteriza y dijo que sus aprehensiones bajaron de las 144.266 en mayo a las 63.989 en agosto. Estos números no sólo incluyen detenciones sino también los considerados “inadmisibles”, personas que se presentan en los puntos fronterizos pero a quienes no se les deja entrar por distintas razones.
El gobierno mexicano ha reconocido que el intento por evitar los aranceles los obligó a ser más estrictos en la aplicación de la ley pero se jacta de apostar por la creación de oportunidades. Según los datos ofrecidos el viernes, se han concedido casi 100.000 visas de permanencia regular en el país, aunque más de la mitad condicionadas a permanecer en el sur.
A eso hay que añadir 40.000 permisos para solicitantes de asilo que Estados Unidos ha devuelto a México para que esperen aquí la resolución de su proceso, muchos de los cuales están en ciudades fronterizas del norte en condiciones cada vez más preocupantes.
CRUZADA CONTRA MIGRANTES
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el intento por evitar los aranceles les obligó “a ser más estrictos en la aplicación de la ley” pero insistió en que toda esta contención se hizo “sin violar derechos humanos (...) sin usar la fuerza y la coerción, sino creando oportunidades de trabajo y bienestar para la gente en sus lugares de origen”.
El mandatario parece haber hecho del combate al tráfico de migrantes su propia lucha. Un ejemplo fue su actitud hacia las protestas de los cientos de africanos varados en Tapachula, en la frontera sur, que esperan desde hace meses los documentos que les permitan llegar a Estados Unidos para pedir asilo.
“No vamos a ceder”, aseguró. A su juicio, esas protestas pretendían obligar a las autoridades mexicanas “a dar certificados para que sean admitidos los migrantes en Estados Unidos, eso no lo podemos hacer, no nos corresponde”.
El presidente también señaló que las caravanas de migrantes, que en un primer momento fueron toleradas por el gobierno, estaban organizadas por coyotes. “Todos estos que cobran, que trafican con la necesidad de trabajo, de bienestar, de seguridad de los migrantes, pues están cometiendo un delito y si continúan con esas actitudes, pues van a ser sancionados”, dijo López Obrador.
“Sin violar derechos humanos, estamos cuidando que no haya anarquía, desorden”, afirmó.
A FAVOR Y EN CONTRA DE LAS MEDIDAS
Algunos sectores de la población, como el empresarial, alaban las medidas. Otros consideran que el gobierno se está plegando a los deseos de Washington.
“México solo quiere cumplir con Estados Unidos y frenar la migración pero están improvisando y brincándose la ley”, lamentó Javier Martínez, abogado de la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila. “Están pasando cosas que nunca habían pasado”.
Las autoridades hicieron redadas en trenes hacia el norte, sacaron a los migrantes de autobuses o de camiones de carga en los que viajaban de forma ilegal, pusieron patrullas militares frente a los albergues o hoteles donde se alojan y devolvieron a sus países a los “rescatados” de las casas de seguridad donde los tienen los traficantes, como los 220 localizados en Puebla horas antes del informe de Ebrard.
Martínez indicó que incluso se amenazó a empresas de transporte con multas si venden boletos a personas que no tienen su documentación en regla.
El padre Alejandro Solalinde, director de un albergue para migrantes en Ixtepec, en el sureño estado de Oaxaca, cree que no había muchas opciones ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“De los males, el menor”, resumió. “Siendo Donald Trump una persona inestable, sorpresiva, se tuvo que hacer ese acuerdo”.
Y auguró que igual que “va a seguir el dialogo, va a seguir también la presión de Estados Unidos”.
Mientras tanto, la desesperación crece entre los migrantes varados en el país.
Médicos sin Fronteras alertó el jueves de la situación de los solicitantes de asilo en Estados Unidos que han sido devueltos a la frontera norte. “Esperar en México mientras se procesan sus casos, quedándose en ciudades como Matamoros, donde la infraestructura es deficiente y los altos niveles de violencia, incluidos el secuestro, la extorsión, el robo a mano armada y la violencia sexual, ponen en riesgo su salud y sus vidas”, indicó la ONG en un comunicado.
Y en Tapachula, en la frontera sur con Guatemala, la situación no es mucho mejor.
“Estamos en cárcel abierta, no tenemos derecho de nada”, se quejaba José Bento, un congoleño que protestaba por la indiferencia de las autoridades mexicanas. “Esta es una política de mentiras. Somos considerados como animales”.
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