WASHINGTON.— Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) viajarán a El Salvador en diciembre próximo para evaluar la situación de derechos humanos en ese país y ofrecer la asistencia técnica que sea necesaria para las labores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES).
Así lo indicó hoy en entrevista con Noticias Telemundo Joel Hernández, uno de los miembros de la CIDH, una entidad OEA, y quien calificó la incipiente comisión como “una iniciativa valiente que amerita la consideración y apoyo de la comunidad internacional y los organismos internacionales”.
La instalación de la CICIES fue una promesa electoral del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien tomó posesión el pasado 1 de junio, pero ha sido objeto de críticas de la oposición por la falta de detalles respecto al funcionamiento legal, mandato y nivel de independencia del proyecto insignia de Bukele, así como el papel que jugarán los organismos internacionales.
Por invitación del gobierno salvadoreño, la CIDH enviará una delegación a El Salvador en diciembre próximo “para realizar un diagnóstico sobre la situación general de derechos humanos”, y así formular recomendaciones específicas que tomarían en cuenta el eventual establecimiento de la CICIES, explicó Hernández.
“La CIDH apoya los esfuerzos de un futuro esquema de cooperación con El Salvador”, y la asistencia técnica que pueda aportar la entidad interamericana es “fundamental” para fortalecer las capacidades de los Estados respecto a la procuración de justicia y el combate a la corrupción, enfatizó el experto.
Las áreas de cooperación trazadas con la CIDH, en todo caso, “estarían sujetas a los términos que eventualmente lleguen a ser acordados con una futura CICIES”, explicó Hernández.
La CIDH monitorea de forma permanente la situación de derechos humanos en El Salvador y, en su informe del año pasado, delineó los desafíos que afronta el país centroamericano en esas lides.
Es que El Salvador, que sufrió una extensa guerra civil entre 1980 y 1992, aún afronta problemas estructurales y altos índices de pobreza y violencia, factores que, además, alientan la emigración ilegal hacia Estados Unidos.
De implementarse, la CICIES funcionaría de forma similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), establecida en 2006, y se apoyaría en la vasta experiencia de la OEA y Naciones Unidas para realizar labores contra la impunidad y la corrupción.
La CICIES quiere copiar el modelo de la CICIG, a la que se le atribuyó el destape de casos de delitos y corrupción de líderes políticos de alto nivel.
Entre los procesados gracias a la labor de la CICIG figuran el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue acusado de fraude aduanero y purga prisión preventiva, y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, condenada a 15 años de prisión en 2018 por fraude, asociación ilícita e indebida gestión de fondos públicos.
En concreto, la CICIES brindaría apoyo tecnológico y de información al Ministerio Público para investigar delitos; recomendaría políticas para combatir la corrupción y la impunidad, y promovería la imparcialidad de las investigaciones y así evitar el tráfico de influencias en las instituciones de justicia.
Según sus promotores, la CICIES sólo investigará casos de corrupción en la administración de fondos públicos, no de privados o de terceros, lo que generó ataques de la oposición, que además instó al gobierno a que no la utilice como instrumento de persecución política.
La Asamblea aún no ha votado el proyecto de ley para la puesta en marcha de la CICIES, que dependerá de la Fiscalía General de la República (FGR).
El gobierno de Bukele solicitó formalmente hace unas semanas el apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la creación de la CICIES, y el portavoz de ese organismo, Stephane Dujarric, dijo que esa solicitud “se estudiará minuciosamente”.
Bukele prometió la instalación de la CICIES dentro de los primeros 100 días de gobierno, pero la escasa difusión de detalles sobre su funcionamiento y el aparente retraso en la solicitud ante la ONU desató críticas de líderes de la oposición, entre éstos Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
Escobar aseveró que la falta de información se presta a confusión entre la sociedad civil, tomando en cuenta que las conversaciones con la ONU debían haber comenzado antes y que el gobierno de Bukele no ha precisado cuál será el papel de la OEA.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, está a cargo de la creación de la CICIES, y a mediados del mes pasado dejó en claro que la nueva entidad ayudaría a combatir “los paraísos fiscales para proteger y recuperar el dinero del pueblo de corruptos y corruptores”.
De hecho, ya antes de su arranque oficial, la CICIES acumula casos en su lista de investigaciones y podría incluir el caso del proyecto de presa “El Charrapal”, negociado por los dos gobiernos anteriores del izquierdista FMLN.
Bukele denunció el mes pasado el alto costo del proyecto que, según el mandatario, debió costar menos de $200 millones pero el gobierno del FMLN presuntamente lo renegoció en $700 millones. Ese proyecto ahora está enfrascado en enormes atrasos y litigios, y Bukele ha pedido que el caso sea remitido a la FGR.