WASHINGTON.—Más de un centenar de organizaciones cívicas desvelaron hoy una ambiciosa plataforma política para reformar el sistema de justicia criminal en EEUU que, según advirtieron, oprime a pobres y minorías, priva a millones de personas de oportunidades de avance social, y “engrasa” la máquina de encarcelamiento.
En el documento de 37 páginas, al que tuvo acceso por adelantado Noticias Telemundo, los activistas argumentaron que la seguridad pública no está reñida con un sistema que, contrario al que ahora tiene EEUU, “descriminalice la pobreza” y respete “la dignidad y los derechos humanos de las personas”.
El informe, titulado “Visión para la justicia en 2020 y más allá: un nuevo paradigma para la seguridad pública”, instó a los líderes políticos a que elaboren un sistema integral que dé prioridad a inversiones en programas no carcelarios, y mayores recursos para programas de educación, vivienda, empleo, cuidado de salud, y otros beneficios.
Eso, según las 117 organizaciones que suscriben el documento, entre éstas la “Leadership Conference on Civil and Human Rights” (LCCHR, por su sigla en inglés), contribuiría a que las comunidades sean más seguras, prósperas y mejores al promover oportunidades.
El documento incluye 14 recomendaciones para implementar reformas para el sistema de justicia criminal, tomando en cuenta que, pese a algunas mejoras, EEUU sigue liderando en la tasa de encarcelación en el mundo, incluso superando a países como Cuba, China y Rusia.
Según datos del Departamento de Justicia, para diciembre de 2016 había poco más de 6,6 millones de adultos bajo supervisión del sistema penitenciario, cifra que incluyó tanto a presos como a personas bajo libertad condicional y sujetas a chequeos periódicos con las autoridades carcelarias.
Pero la burocracia penal no va a desaparecer de la noche a la mañana porque, aún si EEUU redujera en un 80% la población carcelaria, el país apenas lograría la tasa de encarcelamiento de hace cuatro décadas, señaló el documento.
El nuevo marco de seguridad pública que recomiendan los activistas requerirá “un compromiso continuo para profundizar las reformas”, agregó.
“La crisis actual es demasiado inmensa para soluciones a medias; el progreso requerirá que transformemos fundamentalmente el paradigma carcelario que la creó”, dijo a Noticias Telemundo Rafael Medina, portavoz de “LCCHR”.
“Es hora de eliminar la mancha que ha permanecido en nuestra democracia como resultado de un sistema obsoleto, ineficaz y excesivamente punitivo”, enfatizó Medina.
Los activistas piden que los líderes políticos, por ejemplo, promuevan inversiones para más programas de rehabilitación en vez de más cárceles; establezcan una regla uniforme respecto al uso de la fuerza, y la eliminación de los acuerdos “287g”, que permiten a la policía local hacer las veces de agentes de Inmigración.
Esos acuerdos policiales aumentaron con la llegada del presidente Donald Trump al poder en 2017, y al año siguiente facilitaron la deportación de más de 7,000 inmigrantes, según un análisis del “Centro de Recursos Legales para Inmigrantes” (ILRC, por su sigla en inglés).
Asimismo, los activistas abogaron por la eliminación de la “inmunidad cualificada” para los agentes policiales, una doctrina que los escuda de rendir cuentas ante un tribunal si violan las leyes.
14 acciones concretas
Las 14 recomendaciones, repartidas bajo los pilares de equidad judicial, justicia restaurativa, y reconstrucción de comunidades, pretenden servir de “mapa”, con proyectos específicos para responder a los retos de seguridad pública en EEUU, sin olvidar importantes inversiones en las comunidades que más las necesitan.
Entre las recomendaciones figuran una reforma policial; un nuevo marco para audiencias judiciales previas; garantías de acceso a representación legal, y la “descriminalización de la pobreza”.
Es que, en la actualidad, Estados Unidos puebla las cárceles con personas indigentes, convirtiendo a las cárceles en “prisiones para deudores”, pero se ahorraría dinero si abandonara esa práctica e invirtiera en programas de tratamiento y de servicio social, indicó el documento.
En vez de cárceles, el sistema haría bien en ofrecer mejores respuestas a conductas causadas por la pobreza, problemas de salud mental o de abuso de drogas. Y si una persona no tiene medios para pagar una deuda, no merece que encima las autoridades estatales o federales le revoquen su derecho al voto o su licencia de conducir, dijeron los activistas.
Según el documento, a diario casi medio millón de personas pasan la noche en prisión preventiva, no porque purgan una condena sino porque permanecen detenidas antes del juicio o no pueden costearse una fianza.
Más del 80% de quienes afrontan cargos por delitos graves no pueden costearse un abogado privado y quedan a merced de defensores públicos desprovistos de suficientes recursos pero abrumados con una excesiva carga de trabajo. En algunas ocasiones, les queda la ayuda de abogados bajo contrato o designados por una corte.
La lista incluye el fomento de la transparencia y rendición de cuentas en los procesos jurídicos; una reforma de las operaciones carcelarias; la “desprivatización” de la justicia; drásticas reformas de las sentencias carcelarias, y programas de apoyo a hijos de presos.
También piden reducir las trabas legales para resolver la desigualdad racial y “abolir la esclavitud en las prisiones”; aumentar las inversiones comunitarias; mejorar la reinserción civil; fomentar las oportunidades educativas, y poner fin a la “guerra contra las drogas”.
Bajo el prisma del ciclo electoral
Las recomendaciones representan, por lo demás, los problemas más acuciantes del sistema de justicia criminal en Estados Unidos y que han vuelto a los reflectores de cara a los comicios generales de 2020.
En 2018, el presidente Donald Trump promulgó el “Acta del Primer Paso” que, entre otros elementos, reduce las sentencias carcelarias mínimas para delitos de droga no violentos, y flexibiliza una ley federal que impone cadena perpetua por al menos tres condenas.
Esa ley también aplica de forma retroactiva una reforma de 2010 de la Administración Obama que reduce la desigualdad racial en las sentencias contra personas condenadas por la posesión de “crack” y cocaína en polvo, algo que afecta principalmente a las minorías.
La medida además da a los jueces más discreción y flexibilidad para emitir sentencias por delitos de drogas.
Para el año fiscal 2020, que comienza el próximo 1 de octubre, Trump solicitó $14 millones para programas de rehabilitación de expresidiarios, muy por debajo del nivel de $75 millones anuales requerido por la ley que él firmó el año pasado.
Mientras, de entre la veintena de candidatos presidenciales demócratas, sólo un puñado ha presentado propuestas para reformar el sistema de justicia criminal -o elementos específicos del mismo-, incluyendo Joe Biden, Julián Castro, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Cory Booker, Kamala Harris, y Amy Klobuchar.