WASHINGTON.—Pese a que la Administración Trump ordenó el desmantelamiento del programa de “acción diferida” (DACA), hace exactamente dos años hoy, miles de “Dreamers” han comprado casas, iniciado carreras, formado familias y contribuido a la economía. Sin embargo, ante la inacción del Congreso y una inconclusa batalla legal, siguen a la espera de su legalización permanente.
El entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció el 5 de septiembre de 2017 el desmantelamiento escalonado de “DACA”, al asegurar que el programa no sólo era anticonstitucional sino que ha premiado con empleos a “extranjeros ilegales”, en detrimento de “centenares de miles de estadounidenses”.
La Administración Obama puso en marcha “DACA” en agosto de 2012 – tres meses antes de las elecciones presidenciales- para proteger de la deportación a alrededor de 800,000 jóvenes que fueron traídos ilegalmente a EEUU cuando eran niños.
El programa les ofreció protección legal y permisos de trabajo renovables cada dos años, y acceso a oportunidades de educación y licencias de conducir, porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determinó en su momento la estancia legal de los “Dreamers” en EEUU. Si “DACA” se elimina, los “Dreamers” tendrían acceso a permisos de conducir especiales sólo en 14 estados, el Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, y Puerto Rico, que han aprobado leyes para apoyarlos.
Por órdenes de tribunales en California, Nueva York, y el Distrito de Columbia el año pasado, “DACA” se mantiene con vida de forma temporal pero sólo para la renovación de permisos, no para casos nuevos.
En la actualidad, unos 661,000 jóvenes están amparados a “DACA”, según un informe del “Centro para el Progreso Estadounidense” (CAP, en inglés), al que tuvo acceso adelantado Noticias Telemundo, y que da cuenta de las contribuciones sociales y económicas de los “Dreamers”.
El descenso respecto a la cifra original de 2012 se debe a que muchos “Dreamers” han logrado la legalización por otros medios, no renovaron sus permisos de “DACA”, o les fueron revocados, según fuentes oficiales.
Pero “DACA” pende de un hilo, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie el próximo año sobre su legalidad, o que el Congreso finalmente apruebe un proyecto de ley que autorice la legalización y una vía hacia la ciudadanía para los “Dreamers” aún amparados al programa.
La Cámara de Representantes, bajo control demócrata, ya aprobó la medida en junio pasado por abrumadora mayoría, pero el Senado, en manos republicanas, aún no ha programado fecha para su debate y votación definitiva.
En ese sentido, grupos pro-inmigrantes, entre éstos “America´s Voice”, "United We Dream", "FIRM Action”, y "FWD.US" han instado al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, a que permita “de inmediato” un voto sobre el proyecto de ley “Dream and Promise Act” para resolver la crisis de los “Dreamers”.
Todd Schulte, presidente de FWD.us, calificó el intento de cancelar “DACA” como “una de las acciones más devastadoras de la Administración Trump”, y la decisión del Tribunal Supremo determinará la futura deportación de los “Dreamers”, o sus continuas contribuciones a la economía estadounidense.
Mientras, aseguró, el Congreso debería aprobar una ley que les ofrezca estabilidad “en el único país al que la mayoría conoce”.
La vida bajo “DACA”
El informe de CAP, que se apoya en datos de una encuesta anual de 2017 de la Oficina del Censo, precisó que todos los amparados al “DACA” llegaron a EEUU antes de cumplir los 16 años y han vivido en este país desde 2007. Eso significa que la mayoría ha pasado casi toda su vida en EEUU, echando raíces y contribuyendo a la economía.
El beneficiario promedio de “DACA” llegó a EEUU en 1999, con apenas 7 años de edad, y más de un tercio del total, o un 37%, llegó antes de cumplir los 5 años, según Nicole Prchal Svajlenka, analista y autora del análisis de CAP.
Al hacer vida en su país adoptivo, la mayoría de los “Dreamers” han obtenido diplomas universitarios, iniciado carreras o negocios, o han formado sus propias familias, indicó el informe.
En todo EEUU, 1,5 millones de individuos comparten hogar con un beneficiario de “DACA”, incluyendo alrededor de 256,000 niños nacidos en EEUU que tienen al menos un padre amparado al programa, agregó el CAP.
Además, los “DACAmentados”, como también se les conoce a los beneficiarios de “DACA”, son dueños de 59,000 casas y son “directamente responsables” por pagos hipotecarios anuales que alcanzan los $613,8 millones. Y los que alquilan apartamentos pagan $2.300 millones a sus caseros cada año, según el documento.
Su impacto en la economía es innegable, tomando en cuenta que también pagan $5.700 millones en impuestos federales, otros $3.100 millones en impuestos locales y estatales, y tienen en su conjunto un poder adquisitivo de $24.100 millones.
Poco más de un tercio de los beneficiarios de “DACA” están matriculados en escuelas, y centenares de miles trabajan en áreas como preparación de alimentos, apoyo administrativo, ventas, gerencia de negocios, educación, y salud.
Cerca de 6,000 beneficiarios de “DACA” son empleados autónomos con negocios propios, mientras que 25,000 trabajan para organizaciones sin fines de lucro, y otros 22,000 trabajan en el sector público.
También están dejando su marca en el activismo político, al participar en eventos relacionados con la defensa de los derechos de los inmigrantes y los derechos civiles.
Prchal Svajlenka consideró que eliminar “DACA”, sólo expondría a centenares de miles de jóvenes a una vida de desempleo y al peligro de su detención y deportación.
“Esto no sólo sería desalmado sino que también pondría en riesgo las muchas contribuciones que los beneficiarios de DACA hacen a diario a la sociedad estadounidense y a las economías locales, estatales y nacional”, puntualizó la experta.
El fatídico anuncio de Sessions
La Administración Trump, sin embargo, ha hecho caso omiso a esas advertencias y a estudios que documentan el impacto de los “Dreamers” dentro y fuera de las aulas.
Durante una hacinada rueda de prensa en el Departamento de Justicia, Sessions dijo entonces que la implementación de “DACA” fue un “ejercicio de autoridad anticonstitucional por parte del Ejecutivo”, y que su obligación como fiscal general era hacer cumplir las leyes de EEUU y el orden constitucional.
“Simplemente, si vamos a avanzar en nuestra meta de fortalecer el orden constitucional y el imperio de la ley en EEUU, el Departamento de Justicia no puede defender este tipo de extralimitación”, afirmó Sessions.
De esta forma, Sessions repitió la consabida queja de conservadores de que DACA “privó de empleos a centenares de miles de estadounidenses” al permitir que “extranjeros ilegales tomasen esos empleos”.
Horas después, ese mismo día, el presidente Donald Trump justificó su decisión al explicar que le preocupaba la suerte de “millones de estadounidenses victimizados por este sistema injusto”.
Un laberinto legal
Durante la contienda presidencial de 2016, Trump argumentó que “DACA” fue un abuso de poder de Obama, y abogó por su eliminación, afianzando así el apoyo de la base conservadora. Ya instalado como presidente, Trump afrontó enormes críticas por el enorme daño que ocasionaría a los “Dreamers”, por lo que posteriormente les prometió una solución “con corazón”.
Su eventual respuesta, en septiembre de 2017, fue ordenar la cancelación de “DACA” e imponer un plazo al Congreso hasta marzo de 2018 para que encontrara una solución legislativa permanente.
Antes de que se cumpliera ese plazo, sin embargo, la decisión fue impugnada por diversos grupos cívicos y defensores de los inmigrantes y, por órdenes de sendos tribunales que cuestionaron el razonamiento de la cancelación, la Administración Trump debe continuar el programa.
El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que ha programado una audiencia para el próximo 12 de noviembre, y deberá emitir un dictamen a más tarde junio de 2020, en plena contienda presidencial.
El futuro de DACA fue objeto de tensas negociaciones entre el Congreso y la Casa Blanca mientras debatían fondos para el muro y la seguridad fronteriza en 2018, y tanto demócratas como grupos progresistas acusaron a Trump de tomar como “rehenes” a los “Dreamers”, canjeando su legalización por el muro.
El pasado 19 de agosto, el Departamento de Justicia presentó un extenso documento ante la máxima corte del país en el que argumentó que la Administración Trump actuó dentro de su autoridad legal al eliminar “DACA”, y que los tribunales de menor instancia erraron al contrariar su decisión.
La Administración Trump rechaza las acusaciones de que canceló DACA motivada por “animosidad racial”, e insiste en que el programa es ilegal y anticonstitucional, y que corresponde al Congreso crear políticas en torno a los “Dreamers”.
El mandatario defiende a ultranza la construcción del muro fronterizo pero no ha vuelto a tocar el tema de “DACA”, y no está claro si ofrecerá su propia versión del programa o si, como ha amenazado en el pasado, iniciará la deportación de los “Dreamers”.
El eventual dictamen del Tribunal Supremo, claro está, pondrá a prueba uno de los principales puntos de la agenda de “mano dura” de Trump contra la inmigración ilegal, y también ocasionará la movilización de votantes en todo el espectro político y en ambos lados del debate migratorio.
Las encuestas, en general, muestran un gran apoyo popular hacia la legalización de los “Dreamers”, en unos momentos en que el tema de la inmigración y la seguridad fronteriza juegan un papel central en la contienda para la presidencia en noviembre de 2020.