WASHINGTON.— Trabajan largas horas, con maquinarias peligrosas y en condiciones difíciles, pero llevan al menos una década ganando salarios de miseria. Ahora, centenares de miles de empleados del sector avícola podrían lograr justicia salarial a través de una de las mayores demandas colectivas contra las principales empresas procesadoras de alimentos en EEUU.
La demanda contra decenas de empresas, incluyendo Tysons Food , Pilgrim´s Pride y Perdue Farms, fue entablada en un tribunal federal en Baltimore (Maryland) por tres extrabajadores avícolas en nombre de miles de empleados en el sector, con el propósito de lograr una justa indemnización para quienes desde al menos 2009 han sido víctimas de “robo de salario”.
“Estos trabajadores están entre los más vulnerables en el país: algunos no hablan bien el inglés, tienen educación limitada, muchos emigraron a EEUU y trabajan en las procesadoras de pollo, con pocas oportunidades de empleo fuera del sector”, explicó hoy en entrevista telefónica con Noticias Telemundo, George F. Farah, uno de los abogados de la firma legal “Handley, Farah & Anderson PLLC” que lleva el caso.
“Queremos conseguir dos cosas con esta demanda: frenar esta conducta, para que las empresas no sigan fijando salarios o deprimiéndolos, y recuperar la compensación financiera que merecen estos trabajadores y que hubiesen recibido si las empresas no hubieran violado la ley”, dijo Farah.
La demanda cubre a alrededor de 250,000 trabajadores ahora en el sector, pero la cifra podría ser mayor porque el caso abarca una década, señaló.
El litigio, considerado uno de los más grandes de su tipo, fue iniciado el viernes pasado contra 56 empresas y sus subdiarias y afiliadas, e incluye además a gigantes como Keystone Foods, Sanderson Farms, Koch Foods, Fieldale Farms Corporation, Peco Foods, Mountaire Farms, Case Foods, Harrison Poultry, y George´s Foods.
Muchas de las empresas tienen su sede o sus operaciones en estados como Arkansas, las Carolinas del Norte y del Sur, Delaware, Georgia, Indiana, Luisiana, Maryland, Mississippi, Pensilvania y Virginia.
“Por más de una década, los acusados han conspirado y se han juntado para fijar y deprimir la compensación que pagan a empleados, fuera de puestos de supervisor, en la cadena de producción y mantenimiento en plantas procesadoras de pollo”, en violación de una ley anti-monopolio, dijo el documento.
Aparentemente escapando a la vigilancia del gobierno federal, desde al menos enero de 2009 las compañías se juntaban en seminarios, conferencias y reuniones secretas en el hotel Hilton Sandestin en Destin (Florida) para “fijar” los salarios, en vez de competir en el mercado laboral con las reglas establecidas para el salario y beneficios en el sector.
Estas empresas han recurrido a una “conspiración ilegal” para fijar los salarios y beneficios de los trabajadores con el único objetivo de “maximizar sus ganancias al reducir los costos laborales”, que conforman buena parte de sus costos de operación, argumentaron los abogados.
Y las empresas lograron permanecer “bajo el radar” del gobierno federal en parte porque, tradicionalmente, el sector avícola depende de la mano de obra de grupos vulnerables a la explotación, como migrantes, refugiados, trabajadores con visas temporales “EB·3”, prisioneros, y hasta drogadictos en programas de rehabilitación exigidos por un juez, según la demanda de 77 páginas.
Expuestos al peligro
Estos centenares de miles de trabajadores, desplazados entre aproximadamente 200 plantas procesadoras de pollo -la mayoría en el sur de EEUU-, procesan pollos vivos, los cuelgan, cortan, deshuesan, y empaquetan en productos distribuidos a tiendas, supermercados y consumidores.
Y lo hacen expuestos a equipos peligrosos y un alto índice de lesiones y enfermedades ocupaciones, al repetir el mismo movimiento miles de veces en cada turno, con poco tiempo para el descanso o siquiera ir al baño, según denunció un informe de 2015 del grupo sin fines de lucro "Oxfam America".
Son, según ese informe, trabajadores que se convierten en “partes desechables de una maquinaria extensa, rápida e implacable”.
Las empresas demandadas controlan el 90% de toda la producción de pollo en EEUU, un lucrativo negocio que les genera ingresos por más de $30,000 millones al año.
No es secreto que, según activistas, la mayoría de los estadounidenses no quiere realizar labores en el sector agropecuario, por lo que las empresas dependen cada vez más en trabajadores que no tienen otras opciones de empleo.
“Vulnerables a la explotación”
Bruce Goldstein, presidente del grupo “Farmworker Justice” no forma parte de la demanda pero conoce de primera mano los problemas que enfrentan los trabajadores agrícolas, especialmente si son indocumentados.
“Hay un largo historial de estas compañías en el sector de procesamiento de alimentos que se aprovechan de gente vulnerable, con frecuencia porque son inmigrantes y con frecuencia vienen a este país sin recursos financieros significativos. Muchos vienen indocumentados y son vulnerables a la explotación”, afirmó Goldstein a Noticias Telemundo.
“Una de las maneras en que las empresas se aprovechan de ellos es no pagándoles lo que merecen, y con frecuencia estos trabajadores temen sumarse a sindicatos para exigir mejores salarios y condiciones laborales. Con frecuencia, aunque estos salarios y condiciones no sean ilegales, son de calidad inferior por quiénes son estos trabajadores”, subrayó Goldstein.
Apenas un tercio de los empleados en las plantas procesadoras de pollo están amparados a un sindicato, y “United Food and Commercial Workers International Union” representa al 90% de ellos. Pero no hay una diferencia significativa en el salario y beneficios respecto a la representación sindical.
Goldstein lamentó que agencias federales como el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés), tienen responsabilidad para hacer cumplir las normas anti-monopolio “pero ninguna dedica mucha energía en torno a las condiciones laborales”, mientras que el Departamento del Trabajo se encarga sólo de lo relacionado al cumplimiento de las leyes sobre salario mínimo y pago de horas extra.
No da la cobija
Según el informe de “Oxfam America”, citado en la demanda, la mayoría de estos empleados gana salarios que los ubican en, o debajo, de la línea de la pobreza, con salarios que promedian alrededor de $11 la hora, o entre $20,000 y $25,000 al año.
En 2015, la línea de la pobreza federal para una familia de tres personas fue de $20,090 anuales, y para una familia de cuatro, fue de $24,250.
Eso significa que el salario no les da para vivir y dependen de programas de beneficencia pública, como cupones de comida y almuerzos escolares, así como de bancos de alimentos locales, iglesias, grupos de caridad y tiendas de segunda mano para mantener a sus familias.
Respecto a los escenarios posibles, Farah dijo que los empleados pueden perder el caso, ganarlo mediante un juicio, o lograr “un acuerdo con dientes” que incluya “una compensación sustancial”, pero el primer paso es que el juez acepte que el caso se tramite como una demanda colectiva.
Es un caso grande y complejo por lo que la resolución de la demanda “podría tomar varios años”, advirtió Farah.
La empresa Perdue ha negado las acusaciones vertidas en la demanda al señalar que ofrece salarios justos y en ocasiones superiores al promedio en el sector. Otras empresas no han respondido a una solicitud de comentario.
La demanda, entablada bajo la "ley Sherman", una ley federal anti-monopolio que data de 1890, fue producto de una extensa investigación iniciada por el bufete legal, que incluyó a un investigador privado, aunque Farah evadió ofrecer detalles sobre cómo descubrieron las tácticas de los empleadores.
Según el abogado, es imposible determinar el monto total de la indemnización ni cuánto recibirían en términos reales los trabajadores bajo esta demanda, que también busca que las empresas paguen el costo asociado con el litigio.
Farah indicó que los tres extrabajadores que iniciaron la demanda, dos de ellas exempleadas de Tyson Foods y el tercero en George´s Inc., tienen prohibido hablar con los medios de comunicación mientras se ventila el caso en los tribunales.
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