El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el dinero del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, le pertenecía a México “por asunto de justicia” durante una conferencia de prensa matutina en julio.
Ahora, El Chapo, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por liderar durante años una organización trasnacional de tráfico de drogas, secunda al presidente mexicano y pide que su fortuna no quede en manos del Gobierno estadounidense.
El representante legal del capo sinaloense en México, José Luis González Meza, dijo este miércoles que además de buscar la repatriación de su cliente, también pedirán que el dinero que pretenden decomisar sea devuelto a su país de origen, según reportó la agencia de noticias EFE.
La fiscalía estadounidense dijo que durante sus 30 años de carrera criminal el capo mexicano amasó una fortuna de 12.666.181.704 dólares, misma que ha solicitado confiscar.
El defensor de Guzmán dijo por teléfono a su a madre y hermanas que Estados Unidos planea confiscar hasta 14.000 millones de dólares, que supuestamente tiene o tenía el temido narcotraficante. Pero El Chapo, por medio de su abogado, ha dicho que su deseo es que ese dinero sea dado a los pueblos originarios de México, a las comunidades indígenas.
El Chapo "dijo que el dinero no pertenece a Estados Unidos sino al Gobierno de México y que él está totalmente de acuerdo con que regrese a México, con una súplica al presidente López Obrador de que ese dinero se destine a las comunidades indígenas", dijo González Meza en conferencia de prensa este miércoles.
“Escuché muy bien al abogado que dijo que la confiscación de bienes por asunto de justicia le corresponden a México y se va a revisar el asunto. Estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado de Guzmán Loera”, dijo López Obrador durante la conferencia de prensa de julio.
Aunque el mandatario mexicano consideró que la suma que ha calculado la fiscalía estadounidense es exagerada:
“Antes se decía que este personaje estaba entre los más ricos del mundo y no coincidía, considero, a la realidad, se daban cifras superiores cuando había traficantes de influencia con mucho más dinero, pero había esta valoración por razones políticas o publicitarias, hay que verlo con honestidad y seriedad la riqueza”.
La declaración se da luego de que en el Senado mexicano se promoviera la creación de una comisión binacional para negociar la repatriación de bienes decomisados al narcotraficante, así como de cualquier otro criminal que haya sido juzgado en la Unión Americana.
Sobre la posible repatriación a México del capo, ahora ingresado en una cárcel de máxima seguridad en Denver, Colorado, su apoderado judicial Juan Pablo Badillo Soto indicó que el juicio no es válido porque no fue puesto a disposición de las autoridades que lo reclamaban en San Diego sino en Nueva York "donde nunca fue requerido".
Según Soto, los documentos de extradición señalan que "si el imputado no es puesto a disposición de las autoridades que lo reclaman en los primeros 60 días, será puesto en libertad inmediatamente".
Los defensores criticaron las condiciones inhumanas en la que vive Guzmán y amagaron con revelar los nombres de altos funcionarios del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) que están "poniendo trabas" en el proceso de repatriación del dinero y de su cliente.
"En la Secretaria de Relaciones Exteriores es el doctor Alejandro Celorio Alcántara, el director jurídico, el licenciado César García Mondragón, y el licenciado Rafael Peralta Zayas. Los tres se han negado a platicar con nosotros y los escritos que hemos promovido los han rechazado sin fundamento alguno", dijo González Meza.
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