WASHINGTON.— Más de un centenar de migrantes expulsados de EEUU bajo el programa “Quédate en México” han sido víctimas de violación, secuestro, abuso sexual, y otros ataques violentos, y ahora líderes demócratas del Senado y activistas humanitarios exigen a la Administración Trump el cese inmediato del programa.
Desde que fue lanzado en enero pasado para obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México la resolución de sus casos, grupos cívicos en todo EEUU, entre éstos “Human Rights First”, han advertido de que el programa sólo devolvería a los migrantes a situaciones de peligro.
Estados Unidos y México se reunirán el próximo 10 de septiembre para evaluar los logros del acuerdo migratorio que suscribieron el pasado 7 de junio para frenar la emigración ilegal desde Centroamérica y que incluye, entre otros elementos, la ampliación del programa “Quédate en México”.
Hasta la fecha, más de 35,000 migrantes han sido devueltos bajo ese programa, con un promedio diario de 473 desde finales de julio, según “Human Rights First”.
Si bien el programa ha reducido tanto el flujo de migrantes indocumentados como el número de solicitantes de asilo en la frontera sur -algo que aplaude la Administración Trump-, no hay pruebas de progreso alguno para resolver la “emergencia humanitaria y de seguridad” en la zona, según los activistas.
Por ello, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, lidera los esfuerzos de su bancada para que la Administración Trump cese de inmediato el programa, al cuestionar su legalidad y advertir de que no protege los intereses de los migrantes ni de EEUU.
EEUU “le ha dado la espalda a sus obligaciones legales domésticas e internacionales” al enviar a los solicitantes de asilo a lugares “plagados por la violencia”, dijo Menéndez en una carta enviada al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, con fecha del 27 de agosto pasado.
En México, “tienen un acceso limitado a abogados y un albergue, lo que hace casi imposible que puedan preparar sus casos, y efectivamente los priva de un acceso significativo al sistema de asilo de EEUU”, indicó.
“Las crecientes pruebas de que los migrantes que huyen de la persecución afrontan abusos o incluso la muerte… subrayan por qué exigimos un fin a esta peligrosa política. Es imperativo que EEUU ponga fin a este insensato proceder y reafirme su compromiso con los principios del debido proceso, sobre los que se fundó este país”, puntualizó la misiva.
La carta, que describe centenares de incidentes de violencia documentados por “Doctores sin Fronteras”, está firmada por 24 senadores demócratas, incluyendo los precandidatos presidenciales Cory Booker, Bernie Sanders, Michael Bennet, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, y Kirsten Gillibrand antes de abandonar la contienda.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aún no ha respondido a una solicitud de comentario sobre la carta ni sobre las quejas de grupos cívicos.
Devueltos al peligro
En un mordaz informe a principios de mes, “Human Rights First” documentó 110 casos de migrantes que fueron víctimas de “violación, secuestro, explotación sexual, ataques, y otros crímenes violentos” tras ser devueltos a México, pese a que ese país se comprometió a velar por su seguridad.
El grupo dijo posteriormente que la nueva cifra de víctimas es de al menos 141 y bien podría ser “la punta del iceberg” porque la gran mayoría de los regresados a México no han sido entrevistados por investigadores o los medios de comunicación.
“No hay duda de que el número es mayor, porque esos son apenas los casos hechos público, y hay más de 35,000 personas regresadas a México, y las cifras han incrementado increíblemente en los últimos dos meses”, dijo a Noticias Telemundo Eleanor Acer, directora sénior para la Protección de Refugiados de “Human Rights First” y coautora del informe "Entregados al peligro".
“Nosotros pedimos un fin a este programa desde su primer día, y no hemos oído respuesta de la Administración a nuestras recomendaciones. La mayoría de los solicitantes de asilo regresados a México no tienen un lugar seguro donde quedarse y pocos medios para sustentarse… las autoridades recientemente empezaron a conceder permisos de trabajo, pero eso no significa que la gente en realidad encontrará empleo”, explicó.
Acer pintó un panorama sombrío para estos solicitantes de asilo: afrontan “circunstancias peligrosas durante meses”, y algunos con suerte hallan espacio en albergues en la frontera, que a menudo están en la mira de criminales.
La respuesta del gobierno mexicano ha sido despachar a centenares en autobuses al extremo sur del país, pero eso disminuye aún más sus posibilidades de acceder a un abogado, advirtió.
Según Acer, el 99% de los regresados bajo “Quédate en México” no tiene representación legal, y el programa es una “farsa” porque viola el derecho al debido proceso, las leyes de asilo de EEUU y la Convención sobre Refugiados.
Los abusos documentados por “Human Rights First” son fruto del retorno forzado de los migrantes a zonas peligrosas en la frontera, donde son blanco de ataques por su raza, género, nacionalidad, y estatus migratorio, según el grupo.
Y hay ejemplos de sobra, como el caso de un migrante cubano que a finales de julio murió acuchillado en Ciudad Juárez mientras esperaba su turno para tramitar su solicitud de asilo, en la práctica conocida en inglés como “metering”.
Entre los casos citados figuran además el de un indígena hondureño que fue secuestrado y violado por la policía mexicana, otro migrante hondureño tratado como “esclavo sexual”, y dos cubanos que también fueron secuestrados y violados.
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) también ha devuelto a México a niños con graves condiciones médicas, mujeres embarazadas, migrantes LGBTQ, gente con discapacidades físicas y mentales y otros migrantes vulnerables, en clara violación de las propias normas del DHS, dijo el informe.
“Human Rights First” incluyo esos casos el lunes pasado en una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contra “la expulsión masiva ilegal” de los migrantes, por considerar que esos retornos involuntarios “violan las garantías fundamentales” bajo las leyes estadounidenses y el derecho internacional contra el retorno a situaciones de “persecución y tortura”.
Blanco fácil de carteles
Es que, muchas veces sin ser entrevistados sobre su miedo a la persecución o si siquiera quieren pedir asilo, estos migrantes son enviados a México a ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, y Matamoros, que siguen registrando altos niveles de violencia y donde los albergues de organizaciones sin fines de lucro y de entidades estatales no dan abasto para atenderlos.
La abogada y activista humanitaria, Jennifer Harbury, vive en la frontera entre Texas y México y, en entrevista telefónica hoy con Noticias Telemundo, dio fe de la situación de violencia en la zona.
“Tamaulipas es muy insegura por los secuestros y está prácticamente bajo control de los carteles, y el propio Departamento de Estado no le permite a funcionarios estadounidenses visitar la zona”, dijo Harbury, abogada jubilada y cofundadora de “AngryTíasandAbuelas", un grupo humanitario que ayuda a migrantes en la frontera.
“Estos carteles saben que aunque estos migrantes vienen solo lo que traen puesto, también tienen familiares o amigos en el Norte que moverán cielo y tierra para recoger entre $5,000 y $10,000 para pagar su rescate. Son el blanco número uno de secuestros, porque nadie los está protegiendo, son forasteros”, explicó.
“Claro que pueden hacer una denuncia con la policía pero se exponen a posibles represalias, y eso es peor para ellos… algunos funcionarios del gobierno incluso han estado implicados en casos de secuestro y tráfico”, señaló.
Harbury destacó un caso reciente en Reynosa de un grupo de “polinegros”, o policías estatales, que sacaron a migrantes de una casa segura de “polleros”, los dividieron en grupos y “los pasearon por toda la ciudad para venderlos al mejor postor".
Uno de los grupos cayó en manos de un traficante que los aterrorizó, pero los migrantes pudieron huir y buscar ayuda porque le prendieron fuego a la casa en la madrugada, dijo la abogada, quien afirmó que los albergues están colmados y grupos humanitarios, como “Senda de Vida”, no dan abasto.
El comisionado interino de la CBP, Mark Morgan, ha elogiado la ayuda de México para frenar la emigración ilegal hacia EEUU y recientemente dijo desconocer casos de extorsión y violencia contra los migrantes retornados a ese país por parte de criminales.
En su página en Twitter, en cambio, Morgan elogia la labor de la agencia para ayudar en el rescate de migrantes en la zona del Valle del Río Grande.
Pero la situación en la frontera es tan grave que a principios de julio pasado, 69 migrantes centroamericanos, acarreando sus pocas pertenencias en bolsas de plástico, aceptaron ser repatriados en autobuses a sus países de origen, según la cancillería mexicana. Del total, 66 fueron expulsados de EEUU bajo el programa “Quédate en México”.
Para junio pasado, México había registrado un incremento del 196% en las solicitudes de asilo en ese país, según datos de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidos para Refugiados (UNHCR), que advirtió entonces que el desplazamiento forzoso de centroamericanos está afectando “la capacidad de asilo en toda la región, poniendo a un creciente número de individuos y familias en grave riesgo, y creando situaciones que ningún país puede abordar por sí solo”.
En lo que va de 2019, México ha documentado 39,983 solicitudes de asilo, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), y para cierre de agosto el número de retornados podría superar los 60,000.