La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) demandó al Departamento de Estado por denegar el pasaporte a una latina a pesar de haber presentado la documentación que certifica que nació en EE.UU.
La demanda, presentada el 27 de agosto en Oregón, afirma que María Soto, de 48 años, nació en el Hospital del Condado de Los Ángeles en 1971. Sus padres eran migrantes trabajadores y cuando solo tenía unos meses de vida la enviaron a México, país de origen de sus progenitores, para que sus abuelos la cuidaran.
A medida de que María iba creciendo, asegura ACLU, regresó regularmente a Estados Unidos para visitar a su familia, mostrando su certificado de nacimiento original cada vez que cruzaba la frontera.
Leland Baxter-Neal, abogado de la ACLU de Oregón, dijo en un comunicado que el Gobierno denegó "injustamente" el pasaporte a Soto al que tiene derecho como "cualquier otro ciudadano estadounidense".
Este documento le fue denegado por parte del Gobierno del presidente Donald Trump alegando que su certificado de nacimiento y otra documentación que presentó era "insuficiente".
Esta no fue la primera vez que Soto solicitaba el pasaporte. Hace 20 años lo intentó, pero le fue denegado cuando las autoridades le solicitaron más documentación y ella no pudo hacerlo.
En esta ocasión sí presentó su certificado original de nacimiento, su tarjeta de la Seguridad Social y su licencia de conducir, según Baxter-Neal.
Al ser ciudadana estadounidense y no tener la mexicana, Soto no pudo ni obtener su diploma tras terminar el sexto grado en el país vecino, ni optar a graduarse de la secundaria, por lo que regresó a EE.UU cuando tenía 18 años, explica la demanda.
Al llegar a EE.UU., Soto se instaló en la ciudad de Klamath Falls, en el estado de Oregón, donde vive actualmente.
"El caso de Soto está relacionado con la tendencia de la administración Trump de tratar a las personas de manera diferente según sus orígenes familiares", dijo Baxter-Neal.
ACLU aseguró que hay más ejemplos del aumento en la denegación de pasaportes para personas que son de familias inmigrantes o comunidades inmigrantes.
El otoño pasado, el Washington Post informó de que, bajo la Administración Trump, "cientos y posiblemente miles de hispanos a lo largo de la frontera" habían sido acusados de falsificar sus certificados de nacimiento y, posteriormente, les fueron denegados sus pasaportes.
En esta línea, el presidente Trump le dijo de nuevo a los periodistas la semana pasada que estaba estudiando emitir una orden ejecutiva que ponga fin a la ciudadanía por nacimiento, pero lo cierto es que no puede hacerlo tan facilmente.
La enmienda número 14 de la Constitución de Estados Unidos protege este derecho: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado donde residen”.
Para cambiar la Constitución no basta una orden del presidente o una ley aprobada por el Congreso: es necesaria que esta ley sea validada por dos tercios de la Cámara de Representantes (de mayoría demócrata) y del Senado (republicano), y que luego sea ratificada por dos tercios de los 50 estados.
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