El Gobierno de Estados Unidos se comprometió este miércoles en reforzar la patrulla fronteriza de El Salvador, creada recientemente, para reducir los niveles de migración irregular. La mayoría de migrantes que llegan a EEUU a través de México provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, países donde la violencia y pobreza han castigado muchas vidas.
El secretario de Seguridad Nacional en funciones de Estados Unidos, Kevin McAleenan, se reunió con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para firmar el acuerdo. McAleenan aseguró que "no es un acuerdo de tercer país seguro", sino que es "una carta de intención para colaborar" con la policía salvadoreña y contrarrestar a las pandillas.
Expertos ya han señalado que es tan “peligrosa” como absurda la idea de que cualquier país centroamericano pretenda ser “país seguro” ante los graves problemas de inseguridad social y económica que enfrentan.
El Salvador anunció el pasado 22 de agosto la "implementación de patrullas fronterizas" para "prevenir el tráfico ilegal de personas". "Queremos generar nuestra propia capacidad para controlar las fronteras, ya tenemos una patrulla fronteriza, hemos estado trabajando con Honduras, Guatemala y también con Estados Unidos mejorando nuestra patrulla", sostuvo Bukele.
El mandatario añadió que el país quiere "mejorar aún más" dicho grupo "con la ayuda de Estados Unidos" para perseguir también a los pandilleros que tratan de huir a los otros países centroamericanos."Esta es una de las piedras angulares de nuestra alianza", enfatizó Bukele.
Por su parte, McAleenan apuntó que también es un punto de partida para impulsar la "vitalidad económica" y apoyar "la iniciativa propia de los salvadoreños en la capacidad de asilo junto con ACNUR".
Ni el secretario interino de Seguridad de EE.UU., ni Bukele aclararon si esta iniciativa está relacionada con la reubicación de solicitantes de asilo de El Salvador dentro de su mismo país.
Por otra parte, McAleenan destacó que la cifra de migrantes indocumentados detenidos en la frontera sur de Estados Unidos se ha reducido en más de un 60 % en agosto, respecto a mayo pasado.
Señaló que en dicho mes se registró la llegada de 16.000 salvadoreños sin documentos, mientras que en la actualidad la cifra asciende a unos 6.000. "Es un progreso significativo en términos de la migración forzada desde El Salvador", apuntó el político estadounidense.
McAleenan aseguró que la región centroamericana "es vital para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y también económicos", dado que es su "vecindario".
ACUERDO CON GUATEMALA
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha criticado de manera reiterada a los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) por la, a su juicio, inacción a la hora de controlar la migración irregular.
EE.UU. alcanzó un polémico acuerdo de "tercer país seguro" a finales de julio pasado con Guatemala, que está siendo revisado por el tribunal constitucional de ese país y que recibió críticas porque se firmó bajo la amenaza de imposición de aranceles.
Si finalmente se implementa, el trato permitiría a EE.UU. enviar a Guatemala a solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños.
Los acuerdos de tercer país seguro son una de las vías principales con las que el presidente, Donald Trump, intenta frenar la “emergencia nacional” en la frontera. Las leyes migratorias estadounidenses permiten denegar el asilo a quienes, en su travesía hacia la frontera, hayan atravesado otros países en los que podrían haberse refugiado de la persecución que supuestamente sufrían en su patria.
Sin embargo, es necesario para ello firmar un acuerdo internacional antes de que el país en cuestión sea declarado como seguro, algo que hasta ahora Estados Unidos sólo ha hecho con Canadá. México se ha negado a llegar a un acuerdo de este tipo.
Óscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza Américas en Estados Unidos, dijo este miércoles que "sería realmente problemático que cualquier país centroamericano pretenda ser 'país seguro' ante los graves problemas de inseguridad social y económica que enfrentan".
"Los países centroamericanos no pueden garantizar seguridad para sus propios ciudadanos, mucho menos para personas en búsqueda de protección humanitaria", acotó el activista.
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