El gobierno de Donald Trump está desviando 271 millones de dólares de fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), incluido el Fondo de Ayuda a los Desastres de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), para pagar los espacios de detención de los inmigrantes y los lugares donde se celebran las audiencias temporales para los solicitantes de asilo que se han visto obligados a esperar en México, según funcionarios del departamento y una carta enviada a la agencia por una congresista de California.
Para financiar las ubicaciones temporales de las audiencias judiciales para los solicitantes de asilo a lo largo de la frontera sur, ICE ganaría 155 millones de dólares, todos provenientes del Fondo de Ayuda para Desastres de FEMA, según una carta firmada por la representante demócrata Lucille Roybal-Allard a la que NBC News tuvo acceso.
Estas asignaciones fueron enviadas al Congreso como una notificación, no como parte de una solicitud, ya que la administración cree que tiene la autoridad para reutilizar estos fondos luego de que el Congreso no aprobara más dinero para las financiar las estancias en los centros de detención de ICE, y como parte de un proyecto de ley de fondos de emergencia para la frontera suroeste aprobado en junio último.
Específicamente, el Departamento de Seguridad Nacional perderá 116 millones de dólares que previamente habían sido asignados para las operaciones de la Guardia Costera, la seguridad de la aviación y otros componentes. Con ellos se financiarán cerca de 6,800 camas más para los inmigrantes detenidos, dijeron los funcionarios.
“No diríamos que esto no conlleva ningún riesgo, pero sí trabajamos de manera a minimizar el riesgo. Esta era una factura de pago obligatorio que debía ser abordada”, dijo un funcionario del DHS, quien señaló que los fondos comenzarían a transferirse inmediatamente para financiar a ICE hasta el 30 de septiembre.
Combinado con el espacio que ya existe, este financiamiento permitiría a ICE detener a casi 50,000 inmigrantes a la vez.
La administración Trump asegura que el aumento repentino de los cruces fronterizos en 2019 ha agotado los recursos en la frontera, y que la falta de espacio para asumir las detenciones de ICE ha provocado retrasos en las estaciones fronterizas que ofrecen condiciones deficientes a los migrantes.
En julio, 82,049 inmigrantes indocumentados fueron detenidos o se presentaron en la frontera suroeste, en una fuerte disminución de más de 144,000 con respecto a mayo, aunque sigue siendo una cifra que duplica el número de arrestos del mismo mes pero del año anterior.
Los 155 millones de dólares para audiencias judiciales se habían asignado originalmente a FEMA en 2006 y 2007, pero se habrían colocado en el presupuesto actual para prepararse para responder a desastres naturales, como los huracanes.
El gobierno comenzó a enviar a los migrantes centroamericanos de regreso a México para que en el país vecino esperen sus audiencias ante las autoridades de EEUU y como un medio para reducir la cantidad de solicitantes que se presentan para asilo y permanecen en territorio estadounidense hasta su audiencia judicial.
Este financiamiento permitirá a los inmigrantes que esperan en México que sus casos sean escuchados en la misma frontera, en lugar de ser transportados a otros lugares en el interior del país.
“Me opongo al uso de fondos para ese propósito ya que el Departamento no ha proporcionado nada que justifique que esta transferencia es necesaria por ‘circunstancias extraordinarias que amenazan inminentemente a la seguridad de la vida humana o la protección de la propiedad’”, expresó Roybal-Allard en referencia a esta disposición que permitiría al DHS reutilizar los fondos a estas alturas del ciclo presupuestario sin notificar al Congreso.
El senador Jon Tester, de Montana, el demócrata de mayor rango en el Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional en el Senado, también expresó reservas sobre este plan de la administración.
“Me preocupan mucho las propuestas del DHS sobre las leyes aprobadas por el Congreso que agotarían millones de dólares de las agencias encargadas de proteger la patria de amenazas a la seguridad y desastres naturales como huracanes e incendios forestales, incluidas CBP, TSA, FEMA y la Guardia Costera’, expresó Tester en un comunicado.
“El Congreso deliberó sobre la solicitud del DHS y destinó los fondos más grandes para la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley de inmigración, que fue aprobada de manera bipartidista y firmada por el presidente Trump”, agregó.