El juez de Oklahoma ha dicho en una decisión judicial que la multinacional Johnson & Johnson es responsable de alimentar la crisis de opioides en ese estado, ha reportado varios medios locales.
El juez Thad Balkman ha indicado que la compañía tendrá que pagar 572 millones en el primer juicio en el que las autoridades del país buscan responsabilizar a un fabricante de medicamentos por alimentar una epidemia, ha reportado la cadena CNBC.
Blakman ha descrito la crisis de los opioides como un "peligro inminente y amenaza”.
El juez ha dicho que “el engañoso mercadeo y promoción de opioides de Janssen y Johnson & johnson creo una molestia según lo definido por (la ley), incluyendo el hallazgo de que esas acciones comprometían la salud y la seguridad de miles de ciudadanos de Oklahoma".
J&J dijo que va a apelar la decisión.
J&J fue el único demandado que quedó en el juicio de siete semanas, que comenzó el 28 de mayo.
Purdue Pharma, el fabricante privado de OxyContin que se ha enfrentado gran parte de la culpa de la crisis nacional, y Teva Pharmaceutical llegaron a un acuerdo con el estado antes del inicio del juicio. Ninguna de las dos compañías admitió algun delito.
La decisión de Balkman podría tener implicaciones radicales a medida que otros estados y comunidades intentan responsabilizar a las empresas por alimentar la epidemia de opioides que mató a más de 400.000 personas en Estados Unidos entre 1999 y 2017, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).
El Fiscal General de Oklahoma Mike Hunter ha dicho que las practicas de venta de Johnson & Johnson creó una proveer en exceso los opioides y “una molestia publica” que cambio las vidas y le costará al estado entre 12.700 y 17.500 millones de dólares.
El estado estaba pidiendo más de 17.000 millones de dólares por los daños causados.
J&J, la cual vendió los opioides analgésicos Duragesic y Nucynta, ha negado las acusaciones.
Los abogados de la compañía disputaron la base legal que Oklahoma usó para demandar a J&J, basándose en un reclamo de "molestia pública". Los abogados agregaron que el estado había limitado previamente las disputas relacionadas con propiedades o espacios públicos.