En total, 19 estados, más el Distrito de Columbia, han demandado este lunes a la Administración del presidente, Donald Trump, por derogar un estatuto federal que limita el tiempo que los niños migrantes y sus familias pueden pasar en detención, ha reportado la agencia de noticias The Associated Press.
“Queremos proteger a los niños de un daño irreparable”, dijo el fiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, quien presentó la demanda junto con la fiscal general de Massachussetts, Maura Healy.
El presidente anunció este 21 de agosto una nueva regla que reemplazaría al Acuerdo Flores, que impide a las autoridades migratorias detener por más de 20 días a los niños y a sus familias y que establece que los niños deben permanecer en la situación menos restrictiva.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) dijo la semana pasada que crearía nuevas regulaciones sobre cómo deben ser tratados los niños migrantes bajo custodia.
Una de las medidas que propusó, además de poder detenerlos por meses o incluso años, es eliminar la supervisión de las cortes, según The Associated Press.
En lo que va de este año fiscal (octubre 2018-septiembre 2019) casi medio millón de familias han cruzado la frontera, casi tres veces más que en todo el año fiscal anterior.
Trump ha acusado a este acuerdo de alentar la migración de menores de edad indocumentados y sus familias, que en algunos casos resultan ser apócrifas.
Ahora, un juez deberá aceptar los cambios propuestos por la Administración para finalizar el acuerdo y se espera una batalla legal de los abogados originales del caso.
No es probable que la jueza de la corte de distrito, Dolly Gee, apruebe los cambios. Su decisión en 2015 extendió la aplicación del acuerdo Flores para incluir a los niños que vinieron con sus familias. Ella ordenó a la administración de Obama liberar a los niños lo más rápido posible.
Aun así, Becerra argumentó que California tiene un papel que desempeñar en el caso porque el estado es el hogar de muchos inmigrantes.
"El gobierno federal no tiene derecho a decirnos cómo proporcionamos el bienestar de las personas en nuestro estado", dijo.
Becerra agregó que le preocupaba que el Gobierno eliminara la capacidad de los estados para regular estos centros federales, lo que le permitiría a la Administración construir centros de detención con estándares de calidad más bajos que los que actualmente exigen en lugares como California, donde no hay ningún centro de detención familiar.
El fiscal general de Washington, Bob Ferguson , también demócrata, dijo que la detención prolongada tendrá un impacto a largo plazo en la salud mental y física de los niños y las familias inmigrantes.
"Cuando damos la bienvenida a esos niños a nuestras comunidades, los programas y servicios administrados por el Estado soportan la carga del impacto a largo plazo del trauma que esos niños sufrieron durante la detención", dijo.
California también buscó el lunes detener un esfuerzo de la Administración Trump que podría negar las tarjetas de residencia, conocidas como "green cards", a los inmigrantes que usan beneficios públicos.
Otros estados que se unen a la demanda son Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.