El Gobierno, presidido por Donald Trump, ha promocionado a seis jueces de inmigración con un historial extremadamente duro a la hora de rechazar solicitudes de asilo, para que formen parte de la Corte migratoria de Apelaciones, cuyas sentencias se convierten en reglas obligatorias para casos de deportación.
Las cortes de inmigración dependen del Departamento de Justicia; sus decisiones pueden ser apeladas ante la Junta migratoria de Apelaciones (que pasará en unos días a denominarse Corte migratoria de Apelaciones), que también depende del fiscal general, William Barr.
Las decisiones de la Junta sólo pueden ser anuladas por la justicia ordinaria (que no depende del Gobierno, sino que es un poder ideado para controlar también al Gobierno), o por el propio fiscal general. Además, esas decisiones son luego de obligatorio cumplimiento para los casi 400 jueces de inmigración.
La Junta está compuesta por 21 miembros. Dos de los nuevos nombramientos cubren vacantes, mientras que los otros cuatro ocupan puestos de nueva creación, después de que el Gobierno decidiera reforzar la Junta para hacer frente al gran número de casos. Las cortes migratorias acumular un retraso superior al millón de expedientes, lo que provoca que los inmigrantes deban esperar meses o incluso años antes de conocer si se les deporta o no.
Los seis nuevos jueces, que juraron su cargo el pasado viernes, provienen de cortes de inmigración con un porcentaje de deportaciones superior a la media nacional; además, tres de ellos tienen un largo historial rechazando solicitudes de asilo basadas en violencia doméstica, un asunto que el Departamento de Justicia quiere convertir en rutinario, según informa el diario San Francisco Chronicle.
Dos de los jueces formaban parte de la corte de inmigración de Atlanta (Georgia), que entre 2013 y 2018 rechazó el 95% de las solicitudes de asilo, según datos del instituto TRAC de la Universidad de Syracuse. La media nacional de rechazo es del 58%.
Uno de estos dos jueces, William Cassidy, tiene una media de rechazo del 96%. Además, recibió 11 quejas por parte de abogaos de inmigración entre 2010 y 2013, según el citado diario, una cifra particularmente alta que en muchos casos llevó a que tuviera que hablar con un superior sobre su comportamiento.
El otro, Earle Wilson, rechazó el 98% de las solicitudes de asilo entre 2013 y 2018. Tanto Wilson como Cassidy recibieron quejas oficiales en 2017 y 2018 por tratar a los migrantes de forma injusta e intimidatoria.
Los otros cuatro jueces elegidos son: Keith Hunsucker, que sirvió casi toda su carrera en Texas, con una tasa de rechazo de solicitudes del 82%; Deborah Goodwin, de Miami (Florida), con una tasa del 89%; Stephanie Gorman, de Houston (Texas), con una tasa del 87%; y Stuart Couch, de Charlotte (Carolina del Norte), con una tasa del 92%.
Este último rechazó en 2017 la solicitud de asilo de una mujer salvadoreña que había sufrido abusos y había sido violada por su ex marido. La Junta de Apelaciones revirtió su decisión, pero el fiscal general se alineó con su doctrina para intentar rechazar las solicitudes por violencia doméstica. Un juez federal ha anulado esta doctrina de forma temporal hasta tomar una decisión definitiva