En el centro de detención del Noroeste de Tacoma, Washington, hay cerca de 470 inmigrantes que realizan tareas de trabajo voluntario en las áreas de cocina, lavandería, limpieza, mantenimiento y barbería. Cobran un dólar al día.
Se trata de un centro administrado por la compañía privada GEO Group, quien tiene un acuerdo de concesión del servicio para custodiar a indocumentados con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, demandó a GEO hace dos años con la argumentación de que los detenidos trabajadores deberían cobrar el salario mínimo previsto allí, ahora fijado en 12 dólares por hora, tal y como está establecido para la mayoría de las personas con un empleo en ese territorio. Actualmente, un juez está considerando este caso.
Sin embargo, el Departamento de Justicia se opone a esa petición. Esta semana, mantuvo en un documento que la demanda de Ferguson constituye una “acción agresiva e injustificada legalmente de ese estado para interferir con el sistema federal de gestión de la inmigración”.
El Gobierno considera que la ley de Washington excluye a las prisiones estatales de la obligación de pagar el salario mínimo a los detenidos, y lo mismo tiene que ocurrir en este caso, pese a que se trate de un centro privado con un contrato federal. Por el otro lado, la demanda sostiene que la ley no exenta del pago del salario mínimo a prisiones privadas.
"El estado insiste en que estos detenidos son 'empleados' cuya condición está regulada por la ley estatal, a pesar de que simultáneamente esa norma exime a los detenidos que se encuentran en instalaciones similares de cobrar el salario mínimo", asegura el escrito del Departamento de Justicia.
"Los principios constitucionales básicos no permiten que un estado interfiera con las actividades del gobierno federal en la forma en que Washington está tratando de hacerlo aquí".
Los detenidos trabajadores del centro de detención de GEO en Tacoma, que tiene capacidad para 1.575 camas, podrían cobrar más si la compañía lo decidiera. Sin embargo, el Congreso solo le reembolsa un dólar por día.
Este sitio fue de los que mantuvieron a padres inmigrantes separados de sus hijos, cuando el año pasado se puso en marcha oficialmente la política de "tolerancia cero" del presidente Donald Trump, un esfuerzo destinado a disuadir a la inmigración ilegal.
En el pasado el centro fue criticado por por las condiciones de detención de las personas que aloja. El grupo Geo asegura por su parte que las instalaciones de Tacoma tienen equipamiento y servicios modernos.
Washington sostiene que el contrato entre el grupo e ICE determina que la empresa tiene que cumplir con todas las leyes laborales estatales, incluida la que establece el salario mínimo.
El Departamento de Justicia pide en cambio al juez llamado a decidir sobre este caso que rechaze las argumentaciones del estado.
“Al parecer la administración Trump se cree que la compañía privada con fines de lucro que lleva el centro de detención del Noroeste puede estar por encima de la ley”, declaró Ferguson. “Pero pese a las opiniones del presidente, GEO tiene que respetar la ley de Washington y pagar el salario mínimo a los detenidos que trabajan en ella, o pagar ese mismo salario mínimo a gente de Washington para hacer esos trabajos”.
GEO argumenta por su lado que las motivaciones del fiscal son políticas, porque dice que el estado estaba informado de lo que cobraban los migrantes hace diez años, pero Ferguson decidió demandar a la compañía solo después de que tomara el poder Trump.
La próxima cita ante el juez llamado a decidir sobre este asunto tendrá lugar el próximo 12 de septiembre. Ferguson pidió en su demanda que GEO devuelva las ganancias debidas a no pagar el salario mínimo a los inmigrantes trabajadores. Esta cifra podría ser de millones de dólares, según el fiscal.
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