Hace justo un año, Ramón Torres conducía por una carretera de Ascension Parish, Luisiana cuando fue detenido por la policía local. Al negarse a que se le practicara una prueba de aliento, el hombre fue arrestado.
Al día siguiente, 1 de septiembre de 2018, la liberación de este hondureño naturalizado en Estados Unidos desde 2009 fue autorizada por un juez luego de que el implicado admitiera su culpa al conducir en estado de ebriedad y aceptara el DWI [penalización por conducir intoxicado] que se le había impuesto.
Sin embargo, ese día no pudo regresar a su casa. Y en total permaneció cuatro largas jornadas tras las rejas.
Ahora sus abogados aseguran en una demanda interpuesta el pasado miércoles que Torres estuvo recluido ilegalmente en una cárcel de Luisiana porque la oficina del alguacil sospechó erróneamente que se encontraba ilegalmente en el país.
En la demanda presentada en Baton Rouge en nombre de Ramon Torres, abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de ese estado enfatizan en que cuando el juez ordenó su liberación, las autoridades policiales de Ascension Parish no lo dejaron salir.
Cuando un compañero de trabajo llamó para preguntar por él, le notificaron que Torres permanecía detenido porque estaba ilegalmente en Estados Unidos. Esa tarde, el colega envió a la Oficina del Sheriff un correo electrónico con copias del certificado de naturalización de Torres, la tarjeta del Seguro Social y el pasaporte debidamente emitido.
Aun así, Torres no vino a ser puesto en libertad hasta el 4 de septiembre.
De acuerdo con el documento, cuando el hombre preguntó sobre los motivos de su larga detención, le dijeron que la oficina contacta a los funcionarios de inmigración sobre los arrestados latinos “cuya liberación resulta retenida”.
Torres nació en Honduras en 1988, llegó a Estados Unidos siendo un niño y se hizo ciudadano estadounidense en 2009.
“Tiene una familia, es dueño de una casa y ha trabajado en la industria local de Baton Rouge durante años", dice la demanda.
Pero lo más importante de lo manifestado por los abogados demandantes es que Torres fue retenido porque tiene la piel morena y un nombre latinoamericano.
Puesto al corriente de esta demanda, el sheriff Bobby Webre, máximo responsable policial en Ascension Parish, hizo público un comunicado en que confirma que disputará las afirmaciones de los abogados de ACLU y se defenderá enérgicamente.
La demanda busca que las acciones del sheriff de Ascensión sean consideradas daños inconstitucionales, y así compensar a Torres y castigar a la oficina del sheriff que lo mantuvo tras las rejas.