El Gobierno, presidido por Donald Trump, ha anunciado este miércoles la regla con la que se desvincularse de un acuerdo judicial firmado en 1997 que le obliga a liberar a las familias y menores inmigrantes antes de 20 días. Esta decisión, que será con toda probabilidad contestada ante las cortes, le permitirá mantener encerrados a estas personas vulnerables durante semanas, meses o años, hasta que se confirme su cita con un juez de inmigración para decidir su solicitud de asilo.
En 1985, dos organizaciones de derechos civiles presentaron una demanda contra el Servicio de Inmigración y Naturalización (ya extinto) por su trato a menos inmigrantes. Tras 12 años de batalla judicial, que incluso llegó a la Corte Suprema, se alcanzó un pacto, conocido como Acuerdo Flores, que obliga al Gobierno a liberar a los menores y a sus padres antes de tres semanas, y a darles cuidados especiales mientras están detenidos.
El Gobierno de Donald Trump ha incumplido este acuerdo, tal y como ha determinado la justicia (en ocasiones, los menores son encarcelados durante meses y meses, y no se les trata adecuadamente). Además, ha solicitado permiso para modificarlo a la corte federal que lo gestiona, con el objeto de encerrar a los niños junto a sus familias en vez de en centros de detención especiales para ellos. Le fue denegado.
También trató de impulsar su eliminación dentro de una reforma de las leyes migratorias en el Congreso que no salió adelante ni siquiera cuando el Partido Republicano lo controlaba por completo (el pasado noviembre perdió la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque mantiene el Senado).
Así, el pasado mes de noviembre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) propuso una nueva regulación que cancelaba el Acuerdo Flores, y este miércoles su secretario en funciones, Kevin McAleenan, ha presentado la regla final, que “redefine” el Acuerdo Flores.
Su intención es “cerrar el agujero legal” que ha impulsado, según ha dicho, la llegada de inmigrantes ilegales (entre ellos, 475.000 familias en los últimos 10 meses), puesto que “las mafias publicitan que, si los migrantes llegan con niños, se les deja con libertad en Estados Unidos a la espera de una decisión judicial que puede llevar hasta cinco años”.
Esta regla, ha dicho, eliminará ese “incentivo”, frenando la llegada de migrantes a la frontera. Pero, además, “protegerá a los niños”, evitando que las mafias y delincuentes usen a niños para entrar en el país (este año fiscal se han descubierto 6.000 casos de este tipo).
Los niños y las familias serán encerradas en centros especiales, ha prometido, con “estándares altos” para cuidarlos “con dignidad, respeto y de acuerdo con los valores estadounidenses”, y vivirán juntos mientras se procesa su solicitud, ha prometido.
Eso es algo que el Acuerdo Flores ya obligaba a hacer. La diferencia ahora es que estos migrantes ya no tendrán que ser liberados antes de 20 días, sino que podrán pasar meses o años encerrados, bajo el principio de que “las familias deben permanecer juntas”.
Además, será más fácil deportar a aquellos que se considere que no cumplen los requisitos mínimos para solicitad asilo, despojándoles así de derechos.
La nueva regla entrará en vigor "lo antes posible", aunque el propio McAkeenan ha admitido que espera que sea contestada ante las cortes.