Directiva en corte de inmigración podría violar las reglas que protegen a las familias de la deportación

El juez principal de inmigración de Nueva York envió un correo electrónico a los jueces migratorios de la ciudad presionándolos para que resuelvan sus casos en el lapso de un año.

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/ Fuente: TELEMUNDO

Documentos filtrados de la corte de inmigración de Nueva York revelan una directiva emitida por un funcionario de esa institución que les pone fecha a los jueces de la ciudad para que concluyan y dicten sentencia sobre sus casos de deportación de familias inmigrantes.

En una clara violación de la legislación, el juez principal de inmigración Daniel Daugherty emitió un correo electrónico dirigido a los jueces de uno de los tribunales más concurridos del país para que resuelvan sus casos en el lapso de un año.

Con letras mayúsculas y en negritas, el documento al cual tuvo acceso el portal de periodismo investigativo Reveal precisa que los casos de deportación que involucren a familias “DEBEN COMPLETARSE EN UN PLAZO DE 365 DÍAS”.

Se trata a todas luces de una orden interna que viola el procedimiento habitual, el cual protege a no pocas familias de la deportación definitiva.

Esta comunicación se produce días después de que el Departamento de Justicia presentara una petición para disolver el sindicato de jueces de inmigración y en medio de una batalla entre esa oficina del gobierno y los letrados, que concierne a la independencia de estos últimos.

Los tribunales de inmigración dependen del Departamento de Justicia, a diferencia del resto de las cortes del país.

Hasta ahora, los casos en los tribunales de inmigración que involucran a padres e hijos pueden tomar varios años para llegar a término. Sucede con las familias que son separadas en la frontera y hasta a quienes fueron capturados en las recientes redadas realizadas en empresas en Mississippi.

Si las circunstancias demuestran una "buena causa", hasta el momento los jueces de inmigración pueden agregar a discreción mucho más tiempo para llegar a un dictamen, lo que obviamente beneficia a los inmigrantes implicados.

Sin embargo, la acumulación de casos en los últimos tiempos ha provocado que los mismos jueces vean restringidos sus tiempos por parte de su instancia superior.

De acuerdo con Reveal, ya en noviembre de 2018, James R. McHenry III, el director de la Oficina Ejecutiva para la Revisión a la Inmigración, la agencia del Departamento de Justicia que administra a los tribunales migratorios, emitió un memorando que indicaba que los casos familiares en diez ciudades, incluida Nueva York, serían rastreados, “con la expectativa de que se completen dentro de un año o menos”.

Quince días más tarde fue que el juez Daniel Daugherty envió el referido correo electrónico con la polémica orden: “Plazos REQUERIDOS”, escribió. “SOLO ASEGÚRESE DE COMPLETAR EL CASO DENTRO DE 365”. Tras lo cual el supervisor inmediato de los jueces de inmigración en Nueva York firmó con su el apodo de “DOC”.

El letrado optó por no responder al ser abordado por los periodistas de Reveal sobre este tema.

Sin embargo, Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, sí aseguró que tanto la directiva de Daugherty como el memorando firmado por McHenry son vinculantes en términos de leyes laborales.

Según Tabaddor, los jueces supervisores pueden emitir instrucciones y mandatos que los jueces de inmigración deben seguir. Su no cumplimiento podría acarrear consecuencias laborales.

A ella, por otra parte, no le llama especialmente la atención la presión ejercida a través de ese correo electrónico sobre los jueces migratorios.

Además, los jueces de reciente incorporación tienen incentivos importantes para complacer a sus jefes, ya que se encuentran en un período de prueba con poca protección laboral durante los primeros dos años de servicio.

De ahí que el incumplimiento del plazo fijado, o de cualquier otra política diseñada por la agencia, pueda ocasionar serios problemas durante las evaluaciones periódicas a que son sometidos.

De acuerdo con Reveal, los abogados de inmigración del área de Nueva York a los que tuvo acceso confirmaron que están sintiendo los efectos de los plazos estrictos que les ponen a sus casos.

Esta medida no tiene en cuenta que la preparación de los documentos con los solicitantes de asilo recién llegados lleva tiempo, ya que hay que completar cantidades llamativas de documentos, así como verificar fechas sobre educación, empleo e informes policiales que antes hay que traducir y examinar.

Muchos de ellos confían en lograr aplazamientos para representar adecuadamente a sus clientes, y esto hace que no pocos casos tarden más de un año en resolverse.

“Es claramente ilegal”, apuntó Bryan Johnson, de la firma de abogados de inmigración Amoachi and Johnson, ubicada en Long Island, en referencia a la práctica de restringir el número de días en que se debe completar un caso.

Para este letrado, esta limitación de los tiempos de trabajo está diseñada para garantizar que se niegue el número máximo de casos familiares.

Por su parte, Michael Wishnie, profesor de la Facultad de Derecho de Yale, calificó esta orden como “terrible” e “ilegal”.

“Puedo anticipar que quien haya perdido su caso y crea que la orden [de Daugherty] terminó por afectarle ahora tendrá motivos para apelar”, recalcó.