WASHINGTON.— Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy al Gobierno a que cese la deportación de migrantes vulnerables que solicitan asilo en la frontera sur, en el marco de una visita de trabajo para monitorear la situación de derechos humanos en el sureste estadounidense.
En declaraciones a Noticias Telemundo este miércoles, Luis Ernesto Vargas, relator para los derechos de los migrantes de la CIDH, explicó que la delegación visitará las ciudades de San Diego y Laredo, y se reunirá con líderes de la sociedad civil, autoridades del gobierno y solicitantes de asilo.
A la CIDH le preocupa en particular las posibles violaciones a los derechos de las familias y niños migrantes, personas mayores y discapacitados, y el impacto que ha tenido el llamado programa “Quédate en México”, que obliga a los migrantes a esperar en México la resolución de sus casos de asilo.
Por ello, la CIDH quiere que el gobierno estadounidense aplique “el principio de no devolución a personas cuyas vidas y libertades podrían estar amenazadas o están en riesgo. Esta es una labor continua y un esfuerzo permanente”, enfatizó Vargas.
“La CIDH está preocupada con las condiciones de personas migrantes y solicitantes de refugio removidas al territorio vecino de México mientas aguardan el procesamiento de sus requerimientos. Y por lo tanto, está igualmente recibiendo informaciones y aportes de organizaciones de la sociedad civil, de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, y otros actores relevantes”, precisó Vargas.
Con los datos recabados en la gira, que inició ayer lunes y concluirá el próximo viernes, la CIDH prevé preparar informes y recomendaciones y agilizar decisiones sobre casos y peticiones que se presenten ante la entidad, indicó.
Vargas recordó que la CIDH ha rechazado enérgicamente “cualquier política migratoria que conduzca a la separación de familias toda vez que genera una práctica violatoria de los derechos humanos, en particular de niñas, niños y adolescentes”.
Si la CIDH percibe una “situación de gravedad” entre los migrantes, ya sea por iniciativa propia o a petición de un migrante en particular, la entidad puede solicitar a EEUU que adopte medidas cautelares “para evitar daños irreparables a las personas”.
Asimismo, la CIDH ve con recelo los esfuerzos de EEUU por suscribir acuerdos de “tercer país seguro” en países que, precisamente, no reúnen las condiciones para acoger a migrantes.
Vargas destacó que, de los testimonios recabados en esta gira, a los integrantes de la CIDH les ha impactado en particular las detenciones prolongadas y las preocupantes condiciones que afrontan los migrantes, especialmente “casos graves de falta de acceso a servicios médicos”.
La semana pasada, un juez federal obligó a la Administración Trump a proveer productos de higiene personal para los migrantes detenidos, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insiste en que las condiciones han mejorado drásticamente desde que el Congreso desembolsó $4.600 millones para la ayuda humanitaria a los migrantes y la vigilancia fronteriza.
El mes pasado, la CIDH ya había expresado gran consternación por la situación de los inmigrantes y las medidas que han adoptado de forma conjunta Estados Unidos y México para frenar el paso a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo que van rumbo al Norte y que, según dijo, están afectando sus derechos humanos.
En particular, la CIDH dijo entonces que, bajo el programa “Quédate en México”, Estados Unidos ya ha deportado a más de 10,000 inmigrantes para que esperen en suelo mexicano la resolución de sus casos.
Como consecuencia de esa labor conjunta, en junio pasado había más de 18,778 inmigrantes en la frontera sur de México aguardando turno para presentar su solicitud de asilo en EEUU, precisó la CIDH.
Pero, según la CIDH, esas políticas “contravienen las obligaciones de ambos países respecto a los derechos humanos”.
Otros organismos humanitarios internacionales, como Amnistía Internacional y “Human Rights Watch” (HRW), también han condenado las medidas de represión contra los inmigrantes indocumentados tanto en la frontera como al interior del país, particularmente aquellos que intentan presentar casos de asilo.
Ayer mismo, “HRW” instó a ICE a que cese “de inmediato” la alimentación forzosa de tres detenidos en huelga de hambre en un centro de procesamiento en El Paso (Texas), después de que sus abogados solicitaran una audiencia de emergencia ante el juez federal, David Guaderrama, en esa ciudad fronteriza, para que anule la orden que autoriza esa práctica.
“HRW” destacó el caso de un detenido al que las autoridades han obligado a comer desde el miércoles pasado, y dos días después lograron una orden de un juez federal para continuar la alimentación forzosa.
Es que, en el caso de personas en centros de detención, la alimentación forzosa implica el uso de una cánula plástica por la nariz del paciente y eso “puede resultar sumamente doloroso y es por naturaleza cruel, inhumano y degradante”, dijo HRW.
Durante la audiencia del viernes pasado, Ariana Sawyer, una investigadora de “HRW” dijo que los detenidos iniciaron la huelga de hambre como “acción expresiva desesperada” para protestar contra su detención “innecesaria y prolongada”.
Ante las precarias situaciones en los centros de detención -ahora aliviadas por la infusión de fondos del Congreso, según el DHS-, los grupos humanitarios han instado a la Administración Trump a que adopte alternativas a la detención de los inmigrantes que son “menos costosas y más humanas”, como el uso de grilletes electrónicos y la estrecha supervisión de inmigrantes citados en los tribunales.
El gobierno de EEUU, en general, ha desoído las quejas, reclamos y recomendaciones de defensores de los derechos de los inmigrantes para la adopción de medidas alternativas.
Además de Vargas, la delegación de la CIDH está integrada por su presidenta, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la comisionada Margarette May Macaulay, relatora sobre los Derechos de las Mujeres y relatora de país para Estados Unidos.
También forman parte del grupo Paulo Abrão, secretario ejecutivo; María Claudia Pulido, secretaria Ejecutiva adjunta; y especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.