Edgar Veytia solía despachar en su oficina con una pistola sobre el escritorio, sus iniciales grabadas en la cacha, así lo recuerdan las víctimas de este exfiscal de Nayarit (hoy preso en Estados Unidos), un estado del norte de México ubicado en la costa del Pacífico.
Entre mayo y junio de 2013 un grupo de pequeños comerciantes y propietarios de hoteles para 40 o 50 huéspedes se reunieron con el recién nombrado fiscal de Nayarit, Veytia, quien ya desde 2011 había estado al mando de la policía.
El motivo de la reunión eran las extorsiones, secuestros y homicidios que los comerciantes y propietarios de la turística costa de Guayabitos habían sufrido. Se quejaban de que estas personas armadas los estaban obligando a pagar derechos de piso y renunciar a casas y terrenos sobre la codiciada línea costera.
Cuando el fiscal los recibió desenfundó la pistola y la puso sobre el escritorio. En grabaciones de audio de esa reunión en su oficina recogidas por el medio mexicano Aristegui Noticias y la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción, se escuchaban gritos que llegaban desde otro cuarto. Pero el fiscal no reparaba en los alaridos de la mujer que pedía a alguien que se detuviera y la reunión continuó así por casi una hora, intercalada con la agonía de la presunta torturada.
Según cuatro fuentes consultadas por Mexicanos Contra la Corrupción, la voz de la grabación es la de Veytia, quien en 2017 fue detenido en San Diego (California) y en enero de 2019 confesó a las autoridades de Nueva York que había ayudado a narcotraficantes a contrabandear cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Pero los crímenes de Veytia fueron mucho más allá del trasiego de drogas a la frontera, según los dos mil testimonios recogidos por las autoridades después de la caída del exjefe de la policía.
El exfiscal fundó su reinado del terror bajo la gubernatura del priista Roberto Sandoval (2011-2017). Su codicia abarcaba desde el tráfico de drogas hasta la pesca de camarón, pero el corazón de su imperio estaba en las tierras y las casas, reportó el diario El Pais.
“La Fiscalía hacía supuestas detenciones, pero cuando las familias iban a la policía a preguntar, les respondían que allí no estaban. Esas personas que habían sido detenidas aparecían dos o tres días después muertas en caminos o cosechas”, dijo a El País Santiago Pérez, presidente del colectivo Familias Unidas.
La policía de Veytia se dedicaba a levantar a jóvenes en la calle, los llevaban a interrogar a la fiscalía y si su familia tenía propiedades se las pedían a cambio de su libertad, según dijo González Barrios a este diario, vocero de la Comisión de la Verdad, un organismo creado para conocer las violaciones a derechos humanos durante la administración de Sandoval y sanear las heridas de la sociedad.
Citando el trabajo de organizaciones locales, El País reporta que durante la administración de Sandoval desaparecieron a unas 1.200 personas, la mayoría por policías a las órdenes de Veytia.
Veytia utilizaba a la policía y las cárceles, las cuales controlaba, para infundir terror entre la población. A los que no querían vender sus terrenos por lo que el fiscal les ofrecía los amenazaban con dejarlos una noche en “la jaula de los locos”, una celda de aislamiento donde mantenían a los enfermos mentales.
“¿El Diablo? Mire, si usted sintiera la mirada de ese señor como me pasó a mí, le juro que ni al mismo diablo le tendría tanto miedo”, dijo a Aristegui Noticias Gerardo Montoya, un propietario que fue torturado junto con su esposa en las oficinas de la fiscalía de Nayarit, para obligarlos a que firmaran la cesión de su casa.
En otra ocasión Veytia amenazó a Agustín Magallanes, un comerciante y agricultor de Nayarit que tenía una palapa en un terreno sobre la carretera.
“Te siembro droga, me traigo a tus hijos, les aplico la ley fuga y te traigo las cabezas”, le gritó el fiscal a Magallanes porque se rehusaba a aceptar 500.000 pesos (cerca de 25.000 dólares) por su terreno. Tras la amenaza, el comerciante aceptó la venta. Pero Veytia le dio solo la mitad, “mi comisión”, le dijo.
Cuando llegó la noticia de la captura de Veytia en Estados Unidos, Nayarit se volvió una fiesta. “Esto fue un carnaval”, dijo a El País la activista Marielza Izurieta. “Todos le teníamos miedo”. Lo que siguió fue una avalancha de denuncias contra funcionarios de la administración, incluidos el exfiscal y el gobernador.
Para procesarlas las nuevas autoridades, encabezadas por el gobernador Antonio Echeverría del PAN (Partido Acción Nacional), crearon la Comisión de la Verdad. En total se han abierto 17 carpetas de investigación contra Veytia y 11 contra Sandoval.
Durante su reinado de terror, Veytia colaboró con las organizaciones criminales de turno: el cártel de Sinaloa, los hermanos Beltrán Leyva y más recientemente con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
A pesar de la detención de Veytia, la mayoría de sus subalternos, incluidos policías y funcionarios, continúan en libertad; las propiedades arrebatas no han sido regresadas a sus dueños originales y las desapariciones y homicidios continúan sucediendo por los cientos.
Veytia, de 48 años, admitió que hizo arreglos para evitar el arresto de los narcotraficantes o para que fueran liberados de custodia.
“Utilicé mi posición para ayudar a las organizaciones del narcotráfico”, le dijo al juez de la corte federal en Brooklyn donde enfrenta un proceso por narcotráfico, la misma corte donde el capo mexicano Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua.
La fiscalía estadounidense ha calculado que se le podría sentenciar con 20 años de cárcel, tras los cuales podría regresar a México a cumplir otras condenas, a raíz de las investigaciones que se encuentran en curso.