El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó el 7 de agosto a 680 personas en su mayor redada de la década en empresas por la presunta contratación de trabajadores indocumentados. Desde ese día, el resto de empleados ha ido venciendo el miedo para regresar a sus puestos, mientras las compañías se esforzaban sin éxito por suplir las bajas con ciudadanos estadounidenses. Pero la situación se está agravando ahora porque estas empresas están despidiendo también al resto de trabajadores migrantes.
La operación de ICE afectó a siete plantas de procesamiento de carne en Mississippi, pertenecientes a cuatro compañías: Peco Foods, Koch Foods, Pearl River Foods, y PH Food. Este estado es el quinto productor nacional de pollo, una industria que se nutre de migrantes latinos para la dura labor de procesamiento.
Unos 600 agentes de ICE rodearon las plantas el 7 de agosto, apoyados por helicópteros. Los arrestados fueron trasladados en autobuses a un hangar militar para ser procesados por violaciones migratorias, aunque 300 de ellos fueron liberados poco después.
En la planta de PH Food en Morton, un pueblito a 40 millas al este de Jackson, empleados que poco a poco fueron venciendo el miedo y regresaron a sus puestos de trabajo han sido despedidos, según denuncia un activista, Terry Truett, a la agencia de noticias The Associated Press.
Allí fueron arrestadas 98 personas en la redada, en su mayoría trabajadores del primer turno. Los del segundo turno fueron volviendo en días posteriores a sus puestos, según el pastor Roberto Meno, aunque “casi todo ellos son indocumentados”. Pero han sido despedidos, según esta denuncia, que ha contabilizado a más de un centenar de posibles afectados.
Un informante protegido denunció a ICE que la empresa sabía que la mayor parte de sus 240 empleados no tenían permiso de trabajo, asegurando que los managers animaban a los migrantes a usar números falsos de seguro social.
La pena máxima para los empleadores por contratar a indocumentados es seis meses de cárcel y/o una multa de 3.000 dólares por trabajador. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado del procesamiento de ninguno de los responsables de estas empresas.
La ley obliga a la Fiscalía a probar que los migrantes fueron contratados a sabiendas de que eran indocumentados, lo que resulta complicado de probar y lleva a que en muchas ocasiones los empresarios no sean procesados.
Entre 2009 y 2016, con el demócrata Barack Obama en la Casa Blanca, se registraron 88 casos contra empresas por violaciones migratorias; desde la toma de posesión de Donald Trump en enero de 2017, se han registrado cinco casos.
Tras la redada se celebró en esa área rural de Mississippi una feria de trabajo para suplir a los cientos de migrantes arrestados por ICE. Acudieron un centenar de interesados, muy pocos de ellos latinos, en busca de trabajos que pueden tener salarios iniciales de siete dólares. El sueldo medio son 12 dólares la hora (27.000 dólares al año) a nivel nacional.