WASHINGTON.— La Administración Trump se mantuvo hoy en pie de guerra para que un tribunal federal desbloquee el desmantelamiento del programa de “Estatus de Protección Temporal” (TPS) y así facilitar la deportación de alrededor de 320, 000 “tepesianos”, en medio de protestas de grupos cívicos para su eventual legalización.
Abogados de la Administración acudieron a una audiencia ante un juez federal en San Francisco (California) para pedir que se desbloquee la cancelación del “TPS”, una decisión que ha sido frenada también en otros tribunales federales.
Durante la audiencia, el panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones expresó dudas sobre el dictamen del año pasado de un tribunal en San Francisco (California) que frenó la cancelación del programa de alivio migratorio.
Al menos dos de los tres jueces no creen que la decisión de la Administración Trump de desmantelar el programa se debió a motivaciones racistas, como argumentan los demandantes.
El caso ante el tribunal solo afecta a los "tepesianos" de El Salvador, Nicaragua, Haití, y Sudán porque la Administración no había cancelado el TPS para los hondureños cuando varios grupos cívicos, entre ellos la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) presentaron esta demanda.
El tribunal de San Francisco aún debe pronunciarse sobre una demanda similar, para proteger a los "tepesianos" de Nepal y Honduras, y la Administración ha aceptado mantener en pie sus protecciones hasta que se resuelva la querella.
En paralelo a la audiencia, activistas de grupos pro-inmigrantes realizaron protestas en Los Angeles (California), Boston (Massachusetts) y Nueva York, para exigir que el Congreso apruebe una ley que legalice a los inmigrantes indocumentados amparados al “TPS”, cuando retome su sesión el mes próximo.
El “TPS” es un programa humanitario aprobado por el Congreso en 1990 que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países de origen debido a conflictos civiles, desastres naturales, y otros circunstancias temporales o extraordinarias.
El programa ofrece protección de la deportación y permisos de trabajo renovables, lo que a su vez permite a decenas de miles de inmigrantes obtener empleo y licencias de conducir, dependiendo del estado en el que residan.
Los amparados al “TPS” también pueden solicitar permisos especiales en caso de que necesiten salir del país.
Según datos del Foro Nacional de Inmigración (NIF, en inglés), el “TPS” incluye a 195,000 salvadoreños, 57,000 hondureños, 46,000 haitianos, 5,800 sirios, 2,550 nicaragüenses, y 1,250 yemeníes, entre otras poblaciones vulnerables.
Un parche temporal
Desde 2017, la Administración Trump ha tomado una serie de medidas para desmantelar programas y protecciones para la población indocumentada, pero varias cortes han ordenado mantener en pie el programa de "acción diferida" (DACA) y el TPS.
En el caso del “TPS”, su queja ha sido que el programa fue adoptado con carácter “temporal”, y argumenta que los países incluidos ya tienen condiciones para reabsorber a los “tepesianos” y que, de hecho, la Administración ha continuado la deportación de inmigrantes de estos países.
A principios de 2018, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció que el “TPS” para El Salvador vencería el 9 de septiembre de ese año, al considerar que las condiciones en ese país del “Triángulo del Norte” ya habían mejorado lo suficiente para que ese gobierno recibiera de vuelta a sus connacionales.
La Administración también había cancelado de forma paulatina el “TPS” para los hondureños, nicaragüenses, haitianos y sudaneses, pero varios tribunales suspendieron esa medida a raíz de sendas demandas entabladas por grupos como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) y la Organización Nacional de Jornaleros (NDLON) mientras el asunto se resuelve en las cortes.
Organizaciones no gubernamentales y grupos cívicos pro-inmigrantes han advertido de que persiste una situación inestable en países como El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua, y que la única solución sería que el Congreso apruebe una ley que los legalice de forma permanente.
En junio pasado, la Cámara de Representantes aprobó por abrumadora mayoría una histórica medida que legalizaría a hasta 2.5 millones de inmigrantes indocumentados, en el primer voto de su tipo desde 2010.
La legislación, conocida en inglés como el “"American Dream and Promise Act" de 2019, o “H.R. 6”, fue presentada el pasado 12 de marzo y daría la legalización a los “Dreamers” y también a los “tepesianos”.
La medida no tiene fecha de debate y voto en el Senado, bajo control republicano, y es poco probable que se apruebe.
Dos legisladores de Florida, el republicano Mario Díaz-Balart y la demócrata Donna Shalala, también presentaron una medida que renovaría el “TPS” por 18 meses a los “tepesianos” nicaragüenses, pero ésta no se ha sometido a voto.
El plan migratorio que develó con bombos y platillos la Administración Trump en mayo pasado no hace mención de los “tepesianos” ni de la legalización de la población indocumentada en general sino que promueve la modernización del sistema migratorio con base a “méritos” de los solicitantes de visas.