El Gobierno de Nicolás Maduro ha reprimido a sus propias fuerzas de seguridad como un recurso desesperado por mantener el control del Estado, según ha reportado este martes el diario The New York Times, citando el caso del capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo.
"El abuso contra los oficiales ha crecido porque representan una amenaza real para el Gobierno de Maduro", dijo a este diario el general Manuel Cristopher Figuera, exdirector de Inteligencia de Venezuela, quien desertó en abril y ahora vive en Estados Unidos.
Además, el diario recogió las denuncias de varias organizaciones civiles como la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, que señala que hay 117 oficiales, entre activos y retirados, detenidos en cárceles venezolanas.
El capitán Acosta Arévalo, un miembro de las Fuerzas Armadas acusado de conspirar para derrocar a Maduro, murió una semana después de un brutal interrogatorio. Fue electrocutado y sufrió traumatismos por fuerza contundente, según fragmentos de la autopsia. Más tarde, el Gobierno reconoció que había habido un uso excesivo de la fuerza.
Tras una semana de detención, el capitán Acosta fue presentado ante un tribunal militar, maltratado y sobre una silla de ruedas. Murió ese mismo día. El funeral, contra el deseo de su esposa, Waleska Pérez, fue organizado por el Estado. Rodeado de guardias militares, su cuerpo descendió a la fosa envuelto en plástico marrón, de modo que la familia no lo pudo ver.
El Gobierno de Donald Trump culpó al presidente Maduro y sus "asesores cubanos" de la muerte, en un mensaje publicado el 1 de julio por la secretaria adjunta de Estado para Latinoamérica, Kimberly Breier, en su cuenta de Twitter.
El Gobierno venezolano detuvo a dos militares en relación con su muerte y señaló que los oficiales usaron fuerza excesiva cuando el capitán se resistió al arresto.
El New York Times citó los casos de otros militares que fueron torturados como el de Juan Carlos Caguaripano, un capitán de la Guardia Nacional que en 2017 dirigió un asalto fallido en una base militar, y sufrió lesiones en los testículos debido a los golpes que recibió en la cárcel.
El Gobierno de Maduro asegura que ha frustrado al menos una docena de complots en su contra, incluido el plan con el que se vinculó a Acosta y otros cinco detenidos, lo que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la organización política de Maduro, utiliza para justificar la vigilancia constante, detenciones arbitrarias y las torturas a los que considera sus enemigos, reportó la agencia de noticias EFE.
Más de 160.000 soldados conforman las Fuerzas Armadas de Venezuela y son el bastión político del debilitado Gobierno de Maduro. Sin embargo, la crisis económica y política ha puesto a prueba la lealtad de algunos como es el caso del general Figuera.
Destaca también que la Coalición por los Derechos Humanos, con sede en Caracas y que representa a varios de los militares arrestados, ha documentado 250 casos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas contra oficiales militares, sus familiares y activistas de la oposición desde el 2017.
Estos abusos fueron dados a conocer el pasado mes en un informe publicado por Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.
Según el diario citado, Maduro ha tratado de garantizar la lealtad de los altos mandos militares con promociones y contratos lucrativos, los oficiales de rango medio y bajo y sus familias se ven cada vez más afectados por la crisis.
"El hambre llegó a los cuarteles y se infectaron con disidencia", dijo al diario Ana Leonor Acosta, abogada de la Coalición, quien asegura también que las Fuerzas Armadas están llenas de paranoia, desconfianza y división. Entre más débil es el gobierno, “más fuerte es la tortura”, añadió.
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