Varios salvadoreños residentes en Nevada y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) no han podido renovar sus licencias de conducir y han visto rechazada su documentación, según declaró el cónsul de ese país, Tirso Sermeño. El motivo es una descoordinación entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nevada, centrada en el Programa de Verificación Sistemática de Beneficios de Extranjeros (SAVE, en inglés), que hasta ahora no ha encontrado solución.
Tirso Sermeño, cónsul de El Salvador en Las Vegas, aseguró que el problema no se reduce a una licencia para conducir, pues muchos de los afectados necesitan el documento para ingresar a aeropuertos y otros edificios públicos, en los que no pocos inmigrantes trabajan. "Siguen sin poder entrar a sus lugares de trabajo y mucho menos pueden viajar en avión", explicó Sermeño, quien señaló que su oficina se halla en comunicación con DMV.
La agencia estatal de transporte ofrece a los indocumentados la opción de tramitar una autorización para conducir que no resuelve el problema de fondo, señala el cónsul, pues muchos de los afectados requieren de la licencia tradicional para operar vehículos comerciales.
Kathia Pereira, abogada de inmigración, sugirió a los amparados por el TPS que lleven consigo el anuncio del gobierno que certifica la extensión automática de su estatus y también "tramiten el permiso de manejar para indocumentados en lugar de conducir sin nada".
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. El DHS anunció en febrero pasado la extensión hasta el 2 de enero de 2020 el amparo migratorio del TPS para los beneficiarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, en cumplimiento de una resolución judicial.
En los últimos años, los beneficiarios del TPS, que se calcula beneficia entre otros a unos 263.000 salvadoreños, han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por períodos de 18 meses, pero el Gobierno de Donald Trump decidió revaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa.
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