WASHINGTON.— El director de la Oficina del Censo, Steven Dillingham, instó este lunes a los inmigrantes y las minorías a que se dejen contar en el Censo de 2020, porque el conteo nacional será “fácil” y “seguro”, al tiempo que defendió una masiva operación con controvertidos métodos para verificar millones de domicilios en todo el país.
“Uno de los mensajes que estaremos compartiendo con el público es lo fácil que será el Censo, cuán seguros estarán los datos y lo importante que esto es para la comunidad… creemos que la gente se va a concentrar en la importancia, la seguridad y la facilidad con la que podrán responder al Censo”, afirmó Dillingham durante una videoconferencia con periodistas.
Aunque no los mencionó directamente, Dillingham insistió en que los inmigrantes y las minorías podrán apoyarse en la confidencialidad de los datos que entreguen a las autoridades, un mes después de que la Administración Trump abandonara su lucha por incluir una pregunta sobre ciudadanía en el Censo de 2020.
“Hay muchas voces de confianza en la comunidad. Hay muchas razones por las cuales la gente no debe tener ningún temor, y creemos que habrá un apoyo tremendo en toda la nación para que realicemos un conteo completo y preciso de la población en nuestra nación”, afirmó Dillingham.
Según Dillingham, aún en medio de la batalla legal por la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía, su oficina realizó unas pruebas preliminares entre 480,000 hogares, divididos en partes iguales con formularios que incluían la pregunta o no las tenían.
Dillingham afirmó que la Oficina del Censo en los próximos meses evaluará y divulgará los resultados de esas pruebas preliminares, pero adelantó que aparentemente algunos resultados muestran que la tasa de participación entre ambos grupos “fueron muy cercanos”.
Acompañado de otros funcionarios de la Oficina del Censo, Dillingham también destacó las mejoras e innovaciones que ha hecho su agencia a través de tecnologías para las visitas en persona a los vecindarios y así verificar los 150 millones de hogares que serán incluidos en el conteo nacional el próximo año.
Visitas a domicilios
De hecho, la Oficina del Censo ya ha comenzado a desplegar a alrededor de 50.000 empleados temporales para verificar los domicilios en los vecindarios en todo el país, en una masiva operación que costará alrededor de 185 millones de dólares. La operación será lanzada oficialmente la semana próxima y durará hasta el 18 de octubre.
Estos trabajadores temporales, conocidos en inglés como “listers”, portarán cédulas de identidad del Gobierno y maletines y computadoras portátiles de la agencia para visitar los vecindarios en EEUU y Puerto Rico durante horas de la tarde y fines de semana para verificar alrededor de 50 millones de direcciones.
Esa cifra representa un 35% del total de hogares que serán verificados. El resto de los 100 millones, o 65% del total, ya fueron cotejados con imágenes satelitales y otras aplicaciones desde la sede central de la Oficina del Censo, explicó Deidra Bishop, a cargo de la División de Geografía de la agencia.
“En 2010, tuvimos que contratar a 150.000 personas para verificar el 100% de las direcciones sobre el terreno” pero las tecnologías han permitido reducir los gastos, según Bishop.
Según las autoridades, las visitas en persona a los vecindarios -una de al menos 35 operaciones de cara al Censo de 2020- mejoran la precisión de la lista de hogares incluidos en el conteo nacional, especialmente en zonas donde ha habido nuevas construcciones de viviendas o han sufrido otros cambios demográficos.
La precisión a la hora de verificar la ubicación de domicilios será clave para lograr una enumeración más exacta, según Bishop.
Sin embargo, en declaraciones a Noticias Telemundo, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO), Arturo Vargas, expresó preocupación de que, pese a las nuevas tecnologías de la Oficina del Censo para verificar domicilios, la agencia excluya a hogares difíciles de enumerar.
“Para este censo decenial, la Oficina del Censo ha contratado a empleados para visitar solo una fracción de las calles y vecindarios para confirmar direcciones de domicilios, añadir nuevos domicilios o eliminar los que están vacantes o ya no existen. En 2010, contrataron gente para visitar todas las calles en el país”, señaló Vargas.
Sobre el uso de imágenes satelitales y otros métodos, Vargas advirtió de que éstos no siempre logran captar los cambios en unidades de vivienda, por ejemplo apartamentos con divisiones, y estructuras construidas en garajes.
“La gente que vive en ese tipo de situaciones de vivienda son las mismas personas que con mucha probabilidad sean omitidas por la Oficina del Censo, así es que el riesgo de otro subconteo es muy real”, enfatizó Vargas.
La Constitución exige un censo decenial del país, y los resultados ayudan a determinar el desembolso de más de 700.000 millones de dóalres en fondos federales para diversos programas sociales y proyectos de infraestructura, así como la demarcación de distritos electorales, y la representación política en el Congreso.
La exigencia de la Administración Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía, con la presunta meta de hacer cumplir el “Acta del Derecho al Voto” de 1965 generó una extensa batalla legal a raíz de demandas de grupos cívicos y diversos estados.
El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que en junio pasado frenó la inclusión de la pregunta para dar más tiempo a la Administración Trump a presentar una justificación más creíble sobre la importancia de la pregunta en los formularios.
El presidente Donald Trump intentó desafiar al Tribunal Supremo y aunque finalmente abandonó la lucha el mes pasado, emitió una orden ejecutiva para que las demás agencias federales compartan información sobre cuántos inmigrantes no son naturalizados.
Temor a un subconteo de hispanos
La propia Oficina del Censo había advertido de que la inclusión de la pregunta provocaría la exclusión de inmigrantes de minorías, en particular de familias con inmigrantes indocumentados, por temor a que su información fuese compartida con autoridades de Inmigración.
En ese sentido, Vargas señaló que las redadas de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mississippi el miércoles pasado, y el “ambiente de odio creado por esta Administración”, sólo han incrementado el temor y la desconfianza de la comunidad latina hacia las autoridades del gobierno federal, no solo entre la población indocumentada.
“Los latinos son el 18% de la población y totalizan casi 60 millones. Un subconteo de la población latina significará un Censo fallido, punto”, afirmó.
Vargas aseguró que, pese a los retos actuales, NALEO está forjando alianzas con organizaciones locales y regionales, medios de comunicación, redes sociales, y líderes comunitarios en todo el país para incentivar la participación de los latinos en el censo.
El Censo de 2020 iniciará oficialmente en enero próximo en una localidad remota de Alaska, y a partir de entonces la mayoría de las personas recibirá un recordatorio para responder a los formularios ya sea por internet, a través del correo, o en las visitas en persona.
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